En el maratón de atrocidades generadas a lo largo de varios años, por la “guerra contra la delincuencia”, en que no hay tregua ni día en que haya una confrontación violenta o que haya una evidencia de que la violencia se ha instalado en la estructura social, ahora correspondió ser víctima a un singular miembro de la iglesia católica, de las bases del ejercicio eclesial, y que ha sido defensor de los derechos de migrantes centroamericanos.
El viernes 30 de diciembre, en pleno puente festivo fue detenido el sacerdote Alejandro Solalinde, coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana del Episcopado Mexicano, quién además coordina el albergue para migrantes centroamericanos “Hermanos en el Camino”, en Ixtepec, Oaxaca.
Fue detenido por un grupo paramilitar, fuertemente armado en el poblado Nuevo Santiago Tutla, y retenido por cinco horas, sin ninguna orden de aprehensión, a la orden de un cacique local, con fama de controlar a las comunidades aledañas, en esa región mixe y a las autoridades municipales.
El sacerdote comentó que fue a la comunidad mixe a dejar a uno de los cinco guardias asignados por la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca para su seguridad personal. Al llegar allí, un grupo de 20 personas uniformadas y con armas de alto poder le impidieron el paso y exigieron se identificara y explicara por qué acudía al poblado.
Los guardias personales se identificaron y el sacerdote precisó que acudían a visitar a la familia Fuentes Bonifacio, padres de uno de los policías asignados pues se encontraba enfermo. Al tratar de retirarse de la comunidad fueron detenidos y trasladados a la cárcel de la agencia municipal de San Juan Mazatlán, al que pertenece la comunidad.
Por la noche fue liberado y escoltado por policías estatales hasta María Lombardo, en donde levantó el acta de denuncia. Pero no cabe duda que se puso en riesgo su vida por un hecho poco trascendente, y de ningún modo ilícito. También deja ver la existencia de grupos de poder fáctico que existen de modo abierto y público en infinidad de comunidades y municipios.
Cabe recordar que el padre Alejandro Solalinde, saltó a la opinión pública meses atrás, quien como defensor de derechos humanos, ha sacado la cara para llamar la atención sobre uno de los sectores más desprotegidos de los últimos años: los inmigrantes centroamericanos.
La voz del Padre Solalinde ha puesto en jaque y al descubierto no solo la ineficacia de las políticas de inmigración, sino también ha revelado que en el vacío de las autoridades ha florecido el crimen y las bandas criminales, que han crecido a los secuestros que infligen a miles de personas de escasos recurso que pasan por el territorio mexicano esperando llegar a la frontera de Estados Unidos y alcanzar el “sueño americano”.
Pero desgraciadamente miles no llegan. En el 2010 el Instituto Nacional de Migración, ese elefante blanco encargado de los puestos migratorios tiene la estadística de que 2000 personas fueron secuestradas, nada más alejado de la verdad, y muestra la cara de su real ineficacia. Los organismos internacionales de derechos humanos han calculado que por lo menos 20 000 personas fueron privadas de la libertad, y las bandas criminales piden rescate o les imponen labores ilegales.
Es aquí cuando cobra altura el papel del Padre Alejandro Solalinde, y del albergue “Hermanos en el Camino”, ubicado en Ixtepec, Oaxaca. No solo les da las bendiciones a los miles de centroamericanos que pasan al año, sino que les ofrece techo y pan para que puedan seguir su camino. Pero debido a su tenaz denuncia por movilizar a las distintas autoridades y después de varios atentados masivos contra personas indefensas se puso en el centro del huracán.
Por eso no se pueden permitir la escalada de agresiones contra defensores de derechos humanos ni contra luchadores sociales ya sea por autoridades menores o por poderes caciquiles que se extienden a lo largo de la geografía mexicana, y que desafían al poder público. Es urgente castigar la impunidad y el riesgo de que la justicia a la mexicana siga siendo un buen deseo pero no una realidad.
