por Raquel Ramírez Salgado
Me sumo a la legítima exigencia ciudadana sobre la democratización de los medios, impulsada recientemente por el movimiento #Yosoy132 y desde hace 10 años por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), que coordinó la conformación de la Coalición Ciudadana “Democracia y Medios” el pasado 28 de mayo. Sin embargo, no suscribo por completo todas estas iniciativas porque, como casi siempre sucede con las movilizaciones sociales, los derechos humanos de las mujeres no son tomados en cuenta; aquí algunas ideas para fundamentar mi afirmación. Antes de empezar dos puntos de análisis vitales: escribo desde la perspectiva feminista que vindica los derechos humanos de las mujeres y tomo en cuenta ya de entrada las desigualdades estructurales e históricas de género que han colocado a las mujeres en condiciones de subordinación y opresión.
Se ha evidenciado que la concentración mediática, o sea, que sólo unas cuantas personas tengan concesiones de medios, como es el caso de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego, vulnera el derecho a la información y a la libertad de expresión de la ciudadanía en general, ya que impide violentamente que otras voces sean visibilizadas y tomen fuerza, y que se den a conocer correlatos a la par de la hegemonía. Así mismo, la calidad de los contenidos es prácticamente inexistente y las y los periodistas desarrollan su trabajo con el riesgo de morir. Pero, frente al desalentador panorama, ¿cómo vivencian esta experiencia las mujeres? La primera clave es que la opresión de género marcará dicha experiencia.
Según datos de Artículo 19, de 2000 a 2012 más de 80 periodistas han sido asesinados en México, pero quiero prestar atención al feminicidio de tres mujeres periodistas: Teresa Bautista, Felícitas Martínez y Regina Martínez.
Teresa Bautista y Felícitas Martínez eran periodistas triquis que coordinaban la radiodifusora comunitaria La Voz que rompe el silencio y fueron asesinadas el 7 de abril de 2008 en una emboscada. Las comunicadoras estaban comprometidas con su comunidad, el municipio autónomo de San Juan Copala en Oaxaca, y su trabajo estaba direccionado a promover los derechos humanos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Por su parte, Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, fue asesinada el 28 de abril de este año en su casa de Xalapa; su cuerpo presentaba indicios de estrangulación y golpes en el rostro.
¿Por qué resaltar estos casos? ¿Por qué llamarlos feminicidios? En primera, porque hasta hoy nadie ha sido castigado, lo cual no es de extrañarse en un país que no ofrece seguridad ni justicia para las mujeres. En segunda, porque estas comunicadoras transgredieron el mandato de permanecer cautivas en el espacio doméstico y salieron al espacio público, a ejercer el periodismo y su derecho humano a comunicar, a evidenciar injusticias contra las mujeres, como lo hizo Regina Martínez con la violación y feminicidio en manos de militares de Ernestina Ascencio en la sierra de Zongolica en Veracruz; por eso fueron “castigadas”, por incidir en un espacio “ajeno”. Entonces, aparte del propósito de silenciar a estas periodistas, sus asesinatos llevaban implícitos, a diferencia del asesinato de periodistas hombres, mensajes misóginos, de odio por discriminación de género.
Así mismo, no he escuchado hasta ahora en la agenda coyuntural de la democratización de los medios que se hable de impulsar contenidos mediáticos sin estereotipos que promuevan la violencia contra las mujeres; ¿Será que criticar contenidos sexistas aún causa escozor y temor incluso en las mentes más “progresistas”? Recordemos que esta insistencia del feminismo no se basa en ocurrencias, sino en el trabajo realizado durante la 4° Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) en el que se enunció la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. El Estado mexicano firmó la Plataforma de Acción de la 4° Conferencia, por lo tanto, debe elevar a políticas públicas las acciones afirmativas establecidas.
Finalmente, según datos obtenidos de la investigación que la doctora Aimée Vega Montiel (CEIICH-UNAM) desarrolla actualmente, La participación de las mujeres en las industrias mediáticas, sólo el 2 por ciento de las concesiones de medios en México son para mujeres, y de ese pequeñísimo porcentaje, muchas son presta nombres de varones que en realidad tienen el control del medio concesionado.
De esta forma, y con base a las lastimosas brechas y sesgos de género, debemos tomar en cuenta que si no evidenciamos que la concentración mediática vulnera de manera particular a los derechos humanos de las mujeres, contribuimos a perpetuar la opresión contra nosotras, y, atención, llevar a cabo este ejercicio no implica poner en riesgo los derechos humanos de los hombres, sino entender que no se puede hablar de democracia, en todos los niveles, si la mitad de la humanidad vive en subordinación y violencia. Por eso, ¡sin justicia para las mujeres, que significa justicia para todas y todos, la democratización de los medios no es aceptable!
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