El “elbazo”, con sabor a “Quinazo”, de apresar a Elba Esther Gordillo construyendo un expediente delictivo, “fast track”, expedito y sumario, de los años recientes del manejo de cuentas, no resuelve automáticamente el alcance ni la aplicación de la reforma educativa.
por Pablo Vargas González
Terminadas las vacaciones y ante el regreso a labores escolares en la educación básica, es como resurge la tensión sobre la reforma educativa del gobierno federal y de los partidos firmantes integrados en el club del “Pacto por México”. El resultado de una reforma al sistema educativo que no fue consultada ni procesada con los actores principales (Sindicato profesores de base, y expertos) está por dar un gran dolor de cabeza a las autoridades.
Una reforma a la parte más significativa de la educación, a la columna vertebral del sistema educativo, como es la educación básica, fue realizada como una decisión de estado pero sin las famosas “consultas” ni “foros de discusión”. En un país en que se jacta de “democracia representativa” no puede dejar de considerar el procesamiento político de las decisiones con los principales involucrados.
Fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), cuando aún era liderado por Elba Esther Gordillo quién primero se opuso rotundamente a la reforma educativa por sentir la exclusión del sindicato más grande de Latinoamérica y de México, y por presentir que se estaba dejando fuera de las decisiones a quién era considerada como el principal obstáculo de la propuesta gubernamental.
El “elbazo”, con sabor a “Quinazo”, de apresar a Elba Esther Gordillo construyendo un expediente delictivo, “fast track”, expedito y sumario, de los años recientes del manejo de cuentas, no resuelve automáticamente el alcance ni la aplicación de la reforma educativa.
Hay que decirlo: el sistema educativo nacional fue secuestrado por décadas por una elite con el patrocinio y complacencia del Estado Mexicano (desde Salinas de Gortari, Zedillo, hasta los años de la alternancia Fox, Felipe Calderón), con las calificaciones muy bajas en el concierto de naciones desarrolladas, sobre todo comparándose con la OCDE, lo que significó una caída en el desarrollo educativo y cultural del país.
A esto se acompañó con estrategias centralizadas y agresivas en la formación y evaluación de docentes, aplicando como “tabla rasa” exámenes y evaluaciones descontextualizadas y sin procesarlas para tomas medidas a fondo. Por otra parte, recordemos el golpe a las escuelas normas rurales, de la mano de Elba Esther y de los presidentes de México, que propició el cierre de oportunidades a la educación rural y bilingüe.
Los aportes súper millonarios de los gobiernos subsecuentes 1988-2012 al SNTE no tienen precedente, salvo ejemplo de Pemex al sindicato petrolero, una forma de control político y de captura plena de los líderes lacayos que se suman ciegamente a las decisiones del patrón. Pero si hay visos de oposición o resistencia, entonces el líder cae en desgracia. Esto lo hemos visto en toda la historia nacional. Vieja y nueva.
Sin embargo las críticas a la reforma educativa llevan una resistencia y una oposición más amplia. Hasta el momento lleva más de 150 mil demandas de amparo, y la abierta movilización en cuatro estados (Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, y que tienen su eco en el D.F.) y en un buen número se apresta la organización de movilizaciones por considerar que se violentan los derechos laborales de los profesores, sobre todo en lo más preocupante “la permanencia”: el ingreso, en su promoción y desempeño como docente.
Gobernadores de Guerrero y Oaxaca pretendieron generar una “reforma tropical” en términos de la evaluación de los trabajadores de la educación, considerando factores locales, lo cual era una iniciativa innovadora pero que fue descalificada desde el centro, y tuvieron que alinearse. Las marchas en el estado de Guerrero no han encontrado la interlocución necesaria. Y es inminente el uso de la fuerza policiaca como ya lo hizo el gobierno federal para desalojar la autopista del sol.
Una prueba de fuego para el gobierno de Peña Nieto es precisamente llevar al plano de la política convencer a los profesores y a la sociedad sobre la pertinencia de la reforma. No se va a hacer con el “garrote” ni con spots televisivos. Se requiere una estrategia de política negociadora, de diálogo con todos los actores para hacer que esta reforma realmente beneficie a los niños y niñas, y a la educación pública, como conquistas de la sociedad mexicana. Veremos que gana.
