Pablo Vargas González
Ante la celebración del 8º Congreso Nacional de la Red de Organismos Públicos Autónomos de México (OPAM), que se desarrollará el 8 y 9 de agosto en Pachuca, en donde se espera la asistencia de instituciones de diferentes entidades del país y cuyo tema principal será “la Participación Ciudadana, en el Fortalecimiento de los Organismo Públicos Autónomos”. El evento es de gran importancia para la entidad ya que en este rubro es donde menos se ha avanzado.
La aparición de organismos públicos autónomos surge en el proceso de transición política mexicana, al finalizar los años setenta, con una crisis de credibilidad interna e internacional acerca del sistema de partido hegemónico, donde en 1976 solo hubo un candidato que ganó con el 100 de los votos y después de un periodo de autoritarismo y represión contra las libertades ciudadanas: Tlatelolco en el movimiento estudiantil de 1968, “El Halconazo” y la “guerra sucia” de encarcelamiento, tortura y desapariciones forzadas contra movimientos reivindicativos, del periodo de Echeverría.
De ahí apareció la primera reforma política para ampliar el número de partidos, liberar presos políticos y ampliar libertades civiles que habían sido seriamente socavadas por el régimen político dominante. La deslegitimidad cada vez más amplia de los gobernantes, sobre todo en 1988 y 1994 con la muerte de Luis Donaldo Colosio fueron parte del contexto.
La movilización ciudadana y las luchas políticas y electorales fueron empujando cambios paulatinos en la separación de poderes, desconcentrar la toma de decisiones, y la apertura a políticas públicas, que logró con la creación del IFE y de la CNDH en 1990 prolongaron la transición política hacía la ciudadanización.
Sin embargo, en las entidades federativas estos cambios para transitar de condiciones autoritarias, fueron frenados y/o fuertemente controlados por los gobiernos locales y grupos de poder dominantes. Los intereses de grupos locales fueron más fuertes en el control y filtro de los cambios hacía la construcción de procesos democráticos.
A 23 años de que se constituyeron los primeros organismos públicos autónomos de México, tales como el IFE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es necesaria una nueva generación de propuesta de “reforma del estado” en que se profundice la participación e intervención de la sociedad civil. Puesto que los cambios que se han dado en este periodo se encuentran empantanados por intereses de elite perniciosos para la democracia.
El Estado de Hidalgo, ha sido una entidad con mayores dificultades para generar procesos de participación ciudadana, de elevar la cultura política y de desarrollar a la sociedad civil. La historia política, y las condiciones de hegemonía electoral y partidaria han impedido que se produzcan Organismos públicos autónomos (OPA) con características elementales de autonomía, legalidad, ciudadanización y real eficiencia y desempeño.
Los ejemplos más claros los tenemos en los organismos electorales. Mientras en varias entidades y en el nivel federal se hablaba de organismos “ciudadanizados” que permitieran la transición política, en Hidalgo no ha sido posible. Las normas y organismos electorales desde 1980 han sido creados para mantener un férreo control de los procesos políticos, en parte con la complacencia y complicidad de los demás partidos.
El mismo caso ha ocurrido con organismos públicos autónomos locales que debieran tener un papel proactivo en la administración pública y en mecanismos de control de gobierno, y en el ejercicio de derechos y libertades ciudadanas. Son los casos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) y el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IAIPGH) en los que parecen estructuras gubernamentales, designadas por el gobierno en turno, carentes de autonomía e inclusive faltos de una mínima imaginación e iniciativa.
Ojalá este evento no sirva como plataforma y/o trampolín para acceder a nuevos cargos políticos y administrativos, en donde se dejan magros resultados e incumplimiento en la rendición de cuentas. Ojalá haya mensajes para que en Hidalgo pasemos a un proceso de consolidación de esos órganos públicos autónomos para que tengan real legitimidad y respeto social. Y también nuevas normas y mecanismos para reconocer a las organizaciones de la sociedad civil y no solo a los grupos corporativos y clientelares.
