Como parte de las acciones en la mesa técnica, para la construcción de la Reforma Electoral, la presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Erika Rodríguez Hernández, se pronunció en favor de impulsar una propuesta de reforma integral y sustantiva en beneficio de la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.
Al respecto expresó que se pretende sumar y fortalecer el trabajo que hicieron las diputadas de la LXIII legislatura del Congreso Local, al incorporar por primera vez el concepto de violencia política en razón de género en el Código Electoral y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Hidalgo, una acción afirmativa de trascendencia.
“Hoy después de un análisis profundo y a conciencia, encontramos puntos de oportunidad hacia una reforma que constituya un mecanismo que permita cerrar las brechas de desigualdad existentes y erradicar toda forma de discriminación política contra las mujeres. Ante el honorable Congreso, presentamos una propuesta que sintetiza la expresión más sentida de las mujeres que participan en el ámbito público y más aún, la expresión de la lucha histórica de todas las que han construido para que hoy la paridad sea una realidad tangible en las postulaciones”.
Reconoció la importancia de la representatividad de las mujeres en el ámbito político, y destacó que el Revolucionario Institucional y la coordinación de la bancada de este instituto político, es representado por mujeres que trabajan decididamente en favor de las y los hidalguenses.
“En 2014; el PRI puso en marcha avances fundamentales en materia electoral para lograr la paridad en las elecciones; actualmente en un acto histórico, el Congreso de la Unión dio garantía de la paridad transversal, tema que en breve y con la responsabilidad que representa legislar habrá de aprobarse en el recinto parlamentario del estado de Hidalgo para dar cumplimiento a la Reforma Constitucional”.
Rodríguez Hernández subrayó que es fundamental garantizar un marco normativo de protección a los derechos de las mujeres que faculte y vincule a las autoridades a garantizar el acceso e impartición de justicia.
“La propuesta que tienen en sus manos supera los intereses partidarios, porque coloca en el centro de la discusión velar por el sentido más amplio para dar cumplimiento a las recomendaciones que el Comité para la Eliminación de todas las formas de Violencia Contra las mujeres, ha realizado al Estado Mexicano”.
Recordó que como parte de los cambios sustantivos, destaca pasar del concepto de violencia política en razón de género, a violencia política contra las mujeres por razones de género. Que corresponde al concepto que han establecido las distintas instituciones, en los esfuerzos realizados para visibilizar y dar atención a los casos que se presentan en las contiendas a falta de una legislación en el ámbito federal.
“El Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, es el primer documento que reúne el consenso de las autoridades en la materia para proporcionar una ruta de atención, elaborado con el trabajo de diferentes instancias. Además, este documento contiene los elementos necesarios que permiten visibilizar cuales son las acciones que constituyen violencia.”
La lideresa priista sostuvo que a este mismo concepto, se une la visión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que establece que: “Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres, tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección.”
Para estar en condiciones de detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, es indispensable tomar en cuenta que, esta se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada. Y puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan.
Dijo que, las mismas autoridades que velan por la vida democrática de este país, han coincidido que la violencia es constante y puede ser con mayor fuerza, en el marco de los derechos político electorales, así como en el ejercicio del cargo.
“Esto representa el avance más sustantivo, porque establece que la persona o partido que genere este tipo de violencia sepa que como consecuencia se tiene la nulidad total de la elección. Sabemos que la violencia contra las mujeres que deciden ser parte de vida política viven acoso, violencia sexual, física, laboral y que incluso llega a la muerte. Por eso, esta propuesta previene lamentar en el próximo proceso electoral, en el cual, participaran miles de mujeres en las calles y en su incorporación en los distintos niveles de la administración pública”.
Finalmente Erika Rodríguez señaló que no solo existe la violencia física, sino de igual manera cuando se usa una palabra denigrante, cuando se cierran accesos, cuando se obstruye el libre ejercicio de la libertad, “la violencia contra las mujeres es mucho más profunda”, concluyó.
