La coordinadora en Hidalgo de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (DDSEER), Bertha Miranda, afirmó que la propuesta corregida para la interrupción legal del embarazo y que se presentará una vez más ante el pleno del Congreso, estará apegada al Estado de derecho toda vez que estará armonizada con la Ley General de Víctimas.
Es decir, que las mujeres que accedan a la interrupción legal de embarazo, sobre todo si son niñas o adolescentes, no serán criminalizadas ni sometidas a un proceso de escrutinio judicial toda vez que se garantizarán sus derechos sexuales y reproductivos cuando haya indicios de que un embarazo fue producido por una violación sexual.
Bertha Miranda explicó que con las reformas que despenalizarán la interrupción del embarazo en Hidalgo, la entidad responderá a las mujeres que están en riesgo por practicarse abortos clandestinos.
Así mismo, el Estado estará a tono con la progresividad de derechos y el marco legal internacional en la materia, colocándose a la vanguardia de la protección de garantías y libertades para las mujeres, niñas y adolescentes, tal cual ocurre en la Ciudad de México donde la interrupción legal del embarazo está garantizada en las leyes locales.
