No niego que es sumamente importante el aporte de quienes hacen la ciencia social en el país, por lo que soy partidario que la producción científica siempre tenga más recursos y mejor administrados; pero la posición victimizante de la red de Centros Públicos de Investigación (CPI) con relación al recorte a su presupuesto es francamente infantil.
Como se sabe, desde principios de mayo el Conacyt informó que se le recortaron tres mil millones de pesos, quedando su gasto anual en poco más de veinticuatro mil millones. Enseguida salieron a protestar instituciones como el CIDE, el Instituto Mora o el CIESAS argumentando que con esa disminución se afectaría la investigación social por lo que este país se quedaría sin explicaciones sobre los fenómenos sociales mexicanos.
Y es que seguramente las y los científicos sociales de estos institutos dejaron sus cubículos para ir tras la caravana migrante; abandonaron sus escritorios para estudiar la violencia digital entre adolescentes de Ecatepec; y gracias a su esfuerzo estadístico se logró mapear la precarización laboral.
Entonces sí, por favor, que no les quiten el dinero. A menos que hayan pasado años viviendo del erario, haciendo turismo académico y elaborando pseudo-investigaciones como análisis de series de Netflix o carísimos estudios para descubrir que el reguetón es misógino; todo para justificar su adscripción al Sistema Nacional de Investigadores.
