Los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes de las personas trabajadoras de la salud y de servicios esenciales a quienes no han protegido de contagios por COVID-19, declaró hoy Amnistía Internacional, al publicar el informe “Expuesto, acallado y atacado”, el cual documenta las experiencias de las personas trabajadoras de la salud en todo el mundo.
El análisis de los datos disponibles, efectuado por el movimiento a través de un monitoreo propio, revela que más de tres mil personas trabajadoras de la salud han muerto a causa de COVID-19 en todo el mundo, una cifra que podría estar subestimada por los Gobiernos.
La situación es alarmante, destaca Amnistía Internacional, cuyo informe documentó casos de personal de salud que denunció problemas en las medidas de seguridad tomadas en el contexto de la respuesta al COVID-19, y que fue objeto de represalias, que van desde el arresto y la detención, hasta las amenazas y el despido.
Si bien Amnistía Internacional reconoce que no existe un seguimiento mundial sistemático de cuántas personas trabajadoras de la salud y de servicios esenciales han muerto después de contraer COVID-19, la organización estima la cifra en tres mil.
De acuerdo con el monitoreo de Amnistía Internacional, los países con el mayor número de muertes de personas trabajadoras de la salud, a la fecha, son: Estados Unidos (507), Rusia (545), Reino Unido (540, incluidos 262 trabajadoras (res) sociales), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63).
«Más de 3,000 profesionales de la salud y de servicios especializados han muerto por COVID en el mundo»
La organización alertó que es probable que en la cifra global haya una “subestimación significativa”, dijo, “debido al subregistro”. Así, mientras que las comparaciones precisas entre países son difíciles debido a las diferencias en el recuento. Por ejemplo, Francia ha reunido datos sólo de algunos de sus hospitales y centros de salud, en tanto que, las cifras de personal sanitario fallecido, proporcionadas por las asociaciones de salud de Egipto y Rusia, han sido impugnadas por sus gobiernos.
«Con la pandemia de COVID-19 acelerándose en todo el mundo, urgimos a los gobiernos a que tomen en serio la salud y la vida de las personas trabajadoras de la salud y de servicios esenciales. Los países que aún no han visto lo peor de la pandemia no deben repetir los errores de los gobiernos cuya falta de protección de los derechos de esas personas ha tenido consecuencias devastadoras», declaró Sanhita Ambast, investigadora y asesora de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.
Escasez de suministros y represalias.
Las personas trabajadoras de la salud y de servicios esenciales informaron de una grave escasez de Equipo de Protección Personal (EPP), en casi todos los 63 países y territorios estudiados por Amnistía Internacional. Esto incluye países que aún deben pasar lo peor de la pandemia, como India y Brasil y varios países de África.
Además de la escasez mundial de suministros, las restricciones comerciales pueden haber agravado este problema. En junio de 2020, 56 países y dos bloques comerciales (la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática), habían establecido medidas para prohibir o restringir la exportación de algunas o todas las formas de EPP o sus componentes.
Además, en al menos 31 de los países estudiados por Amnistía Internacional, las y los investigadores registraron informes de huelgas, amenazas de huelga o protestas de las personas trabajadoras de la salud y de servicios esenciales, como resultado de condiciones de trabajo inseguras. En muchos países, esas acciones fueron objeto de represalias por parte de las autoridades.
En Egipto, por ejemplo, Amnistía documentó los casos de nueve personas trabajadoras de la salud que fueron detenidas arbitrariamente entre marzo y junio, bajo acusaciones vagas y demasiado amplias de «difusión de noticias falsas» y «terrorismo». Las personas detenidas manifestaron preocupación por su seguridad o criticaron el manejo de la pandemia por parte del gobierno.
Un médico egipcio dijo a Amnistía Internacional que las o los doctores que denuncian son objeto de amenazas e interrogatorios por parte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), son cuestionados administrativamente y sancionados. El doctor declaró: «muchos [médicos o doctoras] prefieren pagar su propio equipo personal para evitar este agotador ir y venir. [Las autoridades] están obligando a las y los médicos a elegir entre la muerte y la cárcel».
«En México, personal de salud gasta hasta 12 % de su salario en comprar sus propios insumos sanitarios»
Cabe señalar que en México se han registrado protestas por parte de personal sanitario y de salud debido a la violencia que enfrentan por parte de pacientes y la falta de insumos de protección. Según Amnistía Internacional, quienes enfrentan al COVID han tenido que gastar hasta un doce por ciento de su salario en equipo de protección contra riesgos biológicos.
En algunos casos alrededor del mundo, las huelgas y las protestas han sido respondidas con mano dura.
En Malasia, por ejemplo, la policía dispersó un grupo que se manifestaba de manera pacífica contra una empresa de servicios de limpieza de un hospital. Las personas se quejaban por lo que consideraban un trato injusto dado a los miembros del sindicato, por parte de la empresa, así como por la falta de protección suficiente para las personas encargadas de la limpieza en los hospitales. La policía arrestó, detuvo y acusó a cinco personas trabajadoras de la salud por «reunión no autorizada», en violación de sus derechos a la libertad de asociación y reunión.
«Las personas trabajadoras de la salud y esenciales tienen derecho a alzar su voz contra el trato injusto», declaró Sanhita Ambast.
«Las personas trabajadoras de la salud pueden ayudar a los gobiernos a mejorar su respuesta a la pandemia y a mantener a todo el mundo seguro, pero no pueden hacerlo si están en prisión, y no pueden hacerlo si tienen miedo de hablar».
También ha habido informes en varios países en el sentido de que personas trabajadoras de la salud y esenciales han sido despedidas o se enfrentan a medidas disciplinarias, por haber manifestado sus preocupaciones.
«Estados Unidos y Rusia es donde más profesionales de la salud han fallecido por coronavirus»
En Estados Unidos, por ejemplo, la asistente de enfermería certificada, Tainika Somerville, fue despedida luego de publicar un vídeo en Facebook en el que solicitaba más EPP. Tainika dijo que el personal de la residencia de ancianos de Illinois, donde trabajaba, no fue informado de que estaban trabajando con pacientes enfermos de COVID-19 y que se enteraron a través de los medios de comunicación. El asilo había reportado 34 infecciones y 15 muertes relacionadas con COVID-19 hasta el 29 de mayo.
En Rusia, Amnistía Internacional destacó los casos de las doctoras, Yulia Volkova y Tatyana Reva, que enfrentan represalias tras quejarse de la falta de EPP. Yulia Volkova ha sido acusada, bajo las leyes rusas, de difundir noticias falsas y se enfrenta a una multa de hasta 100.000 rublos (1.443 dólares), mientras que Tatyana Reva enfrenta un procedimiento disciplinario que puede resultar en su despido.
Paga injusta y falta de beneficios
Además de las condiciones de trabajo inseguras, Amnistía Internacional ha documentado cómo algunas personas trabajadoras de la salud y de los servicios esenciales reciben pagas injustas o, en algunos casos, no se les paga en absoluto.
En el sur de Sudán, por ejemplo, las y los médicos en la nómina del gobierno no han recibido sus salarios desde febrero y tampoco reciben paquetes de bienestar o cobertura médica. En Guatemala, por lo menos 46 personas de diversas instalaciones no recibieron remuneración por los dos meses y medio que pasaron trabajando en un hospital de COVID-19.
En algunos países no hay prestaciones adicionales para las personas trabajadoras de la salud y de servicios esenciales en el contexto de la pandemia de Covid-19, y en otras naciones las prestaciones excluyen a ciertas categorías de trabajadores.
Amnistía Internacional pide a los Estados que consideren a COVID-19 como una enfermedad profesional.
Como parte de ello, deben garantizar que las personas trabajadoras de la salud y de servicios esenciales tengan acceso a compensaciones y otras ayudas en caso de que contraigan la infección. También deben ser incluidos en los grupos prioritarios para las pruebas de COVID-19.
Estigma y violencia
Amnistía Internacional documentó varios casos en los que las personas trabajadoras de la salud y de servicios esenciales sufrieron estigmatización y violencia a causa de su trabajo. Por ejemplo, según se informó, una enfermera en México fue empapada con cloro mientras caminaba por la calle, y en Filipinas los agresores vertieron lejía en la cara de un trabajador de servicios públicos de un hospital.
Estos incidentes apuntan a un clima de desinformación y estigmatización, y subrayan la importancia de que los gobiernos proporcionen información precisa y accesible sobre la propagación de COVID-19.
«Amnistía Internacional llama a garantizar los derechos e indemnizaciones al personal de salud y santario»
En Pakistán, Amnistía Internacional registró varios casos de violencia contra personas trabajadoras de la salud desde abril. Se produjeron actos de vandalismo en hospitales, se atacó a personal médico e incluso un miembro de la Fuerza Antiterrorista disparó contra uno de ellos.
Ministros paquistaníes han declarado que los hospitales cuentan con los recursos necesarios, pese a reportes de que los nosocomios se han visto obligados a rechazar incluso a pacientes críticos, debido a la escasez de camas, ventiladores y otros equipos de salvamento. Esto pone en peligro a las personas trabajadoras de la salud, ya que la gente no les cree cuando dicen que no tienen espacio para más pacientes.
Recomendaciones de Amnistía Internacional a los Estados
El llamado de Amnistía Internacional es proteger mejor los derechos humanos y las vidas, en caso de un futuro brote masivo de la enfermedad. Esto debería incluir un examen para determinar si se protegieron adecuadamente los derechos de las personas trabajadoras de la salud y de servicios esenciales, incluido el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables y el derecho a la libertad de expresión”, dijo Sanhita Ambast.
Los Estados deben garantizar una indemnización adecuada a las personas trabajadoras de la salud y de servicios esenciales que hayan contraído COVID-19, como resultado de actividades relacionadas con el trabajo. También deben investigar los casos en que las personas trabajadoras de la salud han sufrido represalias por plantear problemas de salud y seguridad, y proporcionar una solución eficaz a quienes han sido tratados injustamente, incluso reintegrando a los trabajadores que han perdido su empleo por haber denunciado su situación.
