PACHUCA — El furor electoral casi hace olvidar la represión mandada por el alcalde de Mineral del Monte, Alejandro Tello, contra animalistas y periodistas en el fin de semana que pasó. El grupo de activistas reclamaba la sustracción ilegal de trece perros que estaban bajo custodia en un predio administrado por la asociación “Cuatro patitas, un corazón”, en la zona centro del municipio. Los delincuentes aprovecharon la víspera de fin de año para cometer el secuestro, sin que, a la fecha, exista explicación sobre el paradero de los animales, ni de las razones detrás del inexcusable atentado. Por eso, la agrupación y algunas personas solidarias cerraron la avenida que da entrada a la localidad en demanda de justicia. Pronto, arribó al sitio el alcalde acompañado de policías, elementos de protección civil y comerciantes ligados al Ayuntamiento y, a su orden, iniciaron el escarmiento. Golpearon e insultaron a quienes ahí protestaban. Le pegaron a mujeres; le pegaron a niños y detuvieron mediante abusos físicos a los activistas, Lorena Rivera y Pedro Guerrero, líderes de la organización de rescate animal.
La policía de Mineral del Monte retuvo a personas ligadas a la protesta y a quienes sólo pasaban a externar su solidaridad con la asociación. No les importó. Igual se las llevaron. Algunos familiares de las víctimas trascendieron que habían sido hasta diecisiete personas las detenidas. Pero, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, sólo fueron presentadas tres. Estuvieron retenidas sin rendir declaración durante toda la tarde y entrada la noche del sábado. Pronto, las voces de defensa se dejaron escuchar. En su cuenta de twitter, la diputada federal de Morena por el distrito de Actopan, Simey Olvera Bautista, publicó que se había puesto en contacto con el procurador Alejandro Habib, quien confirmó el número de personas consignadas. De la misma manera, la diputada local del PRI por ese mismo distrito, Érika Rodríguez Hernández, se mantuvo al tanto de que se respetaran los derechos humanos del grupo de activistas, a quienes la autoridad les acusaba de “agresión” y “disturbios”. Cargos absurdos, dirigidos a revictimizar a quienes ya habían sido sometidas a golpes por los efectivos municipales y, en ese momento, volvían a ser atropellados por acusaciones incoherentes con los hechos.
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Se acercaba la medianoche del día de la represión y el escrutinio sobre la actuación del procurador Habib aumentaba. Para entonces, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo anunciaba que había iniciado la queja CDHEH-VG-0021-22 sobre las denuncias de uso desproporcionado o indebido de la fuerza por parte de la policía municipal de Mineral del Monte. Y sobre las agresiones a periodistas, abrió una investigación con número CDHEH-VG-0022-22. De estas, el pueblo de Hidalgo se mantiene expectante. Aun más, resta que la Procuraduría indague sobre las faltas cometidas por el alcalde Alejandro Tello sobre dos derechos inalienables: el de manifestación y el de libre expresión. Si en este Estado existe una autoridad capaz de violentar esas dos libertades, se pone en riesgo toda la vida democrática de la entidad. No puede, pues, permitir la autoridad judicial que se atente contra el marco de garantías. Por tanto, toca también al Congreso local establecer sus juicios sobre lo que hizo el edil realmontense. No cabe duda de que existen responsabilidades políticas y el Legislativo no debería dejarlo pasar.
LATA DE TORNILLOS
Tras el registro de Carolina Viggiano Austria como precandidata de la alianza “Va por Hidalgo” a la gubernatura de Hidalgo, de inmediato surgieron las especulaciones sobre el personaje que ha de coordinarle su campaña. Nombres sobran, eso sí, pues la aspirante se ha rodeado de viejos elementos del sistema priísta. Pero son dos quienes parecen más adelantados. Uno de ellos es José Antonio Rojo García de Alba. El menor de la casa de Huichapan es un político experimentado: exlegislador, exfuncionario, expresidente de Partido, de apellido permanentemente ligado al poder. El otro es Luis Osorio Chong, el médico. Hermano del otrora poderoso gobernador Miguel Osorio, integrante de una de las familias más influyentes en el priísmo, a quien sólo le hace falta una oportunidad como esta para dar el paso hacia la corte política tricolor.
