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lunes, noviembre 28, 2022

Informe: Activistas y periodistas de 42 países SUFREN REPRESIÓN

Múltiples colaboradores de la ONU en materia de derechos humanos de 42 países* sufrieron represalias e intimidaciones, detalla un nuevo informe del Secretario General de las Naciones Unidas publicado este jueves. 

Los defensores de los derechos humanos, las personas que sufrieron violaciones de las garantías fundamentales y los periodistas fueron los principales afectados por los actos intimidatorios de Estados y agentes no estatales. Entre las situaciones que tuvieron que afrontar se encuentran la aplicación de leyes restrictivas, la detención y los actos de vigilancia tanto en línea como fuera de ella. 

Todos los casos incluidos en el informe se produjeron entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022 y afectaron a personas y grupos que cooperaron con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas o utilizaron los procedimientos de la ONU para intercambiar información y testimonios, y solicitar reparación por violaciones y abusos contra los derechos humanos. 

«A pesar de los avances, incluidas las promesas y los compromisos compartidos por los Estados miembros contra las represalias, este informe muestra una vez más hasta qué punto se persigue a las personas por plantear problemas de derechos humanos ante la ONU. Y sabemos que, por impactante que sea esta cifra, muchos casos de represalias ni siquiera se denuncian», afirmó la subsecretaria general de Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris. 

Los casos de intimidación no conocen fronteras 

El informe destaca que las denuncias de vigilancia de personas y grupos que cooperan con la ONU se produjeron en todas las regiones del mundo y que aumenta el número de evidencias que demuestran la vigilancia en línea y los ciberataques. Asimismo, destaca que la pandemia del COVID-19 también aumentó los desafíos relacionados con la ciberseguridad y la privacidad. 

Otras tendencias mundiales preocupante incluyeron el uso de legislación restrictiva que impide y castiga la cooperación con la ONU, que en algunos casos condujo a largas penas de prisión o a personas en situación de arresto domiciliario, o la autocensura 

Al igual que en ediciones previas, el informe muestra que la intimidación y las represalias afectan de forma desproporcionada a determinadas poblaciones y grupos, tales como los representantes de los pueblos indígenas, las minorías o los defensores medioambientales, así como las personas que pueden sufrir discriminación por motivos de edad, orientación sexual y género. 

«Los riesgos que afectan a las mujeres víctimas, así como a las defensoras de los derechos humanos y a las constructoras de la paz, que comparten su testimonio y cooperan con la ONU, siguen siendo desalentadores.  Seguiremos trabajando para garantizar que todas puedan colaborar con la ONU de forma segura», subrayó Kehris durante la presentación del informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. 

Cuba

El estudio recoge la situación de Juan Antonio Madrazo Luna y Marthadela Tamayo González del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y el de José Ernesto Morales Estrada de la Consejería Jurídica e Instrucción Cívica. 

El Gobierno cubano respondió el pasado 25 de julio a la nota verbal enviada en relación con el presente informe. 

Guatemala 

Múltiples actores de las Naciones Unidas plantearon su preocupación por los continuos actos de intimidación, criminalización y amenazas contra magistrados, jueces y fiscales por su trabajo en casos investigados con la asistencia técnica de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que operó en el país durante 12 años (2007-2019), en base a un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. 

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó un aumento de los ataques a los fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Alta Comisionada constató ataques y represalias contra un ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad y contra fiscales y exfiscales.  

El portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas expresó su preocupación por la detención de al menos dos personas que cooperaron estrechamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.  

El relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados se refirió a las detenciones de cinco fiscales: Siomara Sosa, Paola Escobar, Aliss Morán, William Racanac y Virginia Laparra, así como de una abogada y extrabajadora de la Comisión Internacional, Leily Santizo. 

El 1 de julio de 2022 el Gobierno guatemalteco respondió a la nota verbal enviada en relación con el presente informe. 

México           

Los titulares de mandatos de procedimientos especiales trataron las alegaciones de investigaciones penales y de intimidación por cooperar con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Salvador Leyva Morelos Zaragoza, de Verónica Jazmín Berber Calle y de Elvira Claudia Mejía Hernández. 

Las autoridades mexicanas respondieron a la nota verbal enviada en relación con el presente informe el 29 de junio de 2022. 

Nicaragua           

Más de 130 oenegés, incluidas las principales dedicadas a los derechos humanos, fueron clausuradas en el primer trimestre de 2022 por incumplimiento de una serie de leyes y reglamentos, limitando así su capacidad y voluntad de operar y cooperar con las Naciones Unidas.

 La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recibió informes sobre nicaragüenses que decidieron no comunicarse con las Naciones Unidas por temor a represalias contra ellos y sus familias. Supuestamente, Christy Melissa Martínez Núñez fue objeto de intimidación y vigilancia tras su compromiso con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria acerca del caso que concierne a John Christopher Cerna Zuñiga. 

El Consejo de Derechos Humanos condenó todos los actos de intimidación y represalia, tanto en internet y como fuera del espacio virtual, por parte de actores estatales y no estatales y pidió al «Gobierno que impida, se abstenga y condene públicamente, investigue y castigue cualquier acto de intimidación o represalia». 

Venezuela 

Varios agentes de las Naciones Unidas se ocuparon de las restricciones inadecuadas, el acoso y el desprestigio público de agentes de la sociedad civil que impiden su participación con las Naciones Unidas. 

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los titulares de mandatos de procedimientos especiales siguieron planteando su preocupación por la legislación que obstaculiza la labor de las organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales se enfrentan a procesos penales relacionados con su trabajo, incluidos los relacionados con la aplicación de los programas humanitarios de las Naciones Unidas 

Los titulares de mandatos de procedimientos especiales abordaron las denuncias de amenazas y acoso contra Theresly Malavé Wadskier tras la publicación y presentación del informe de la Misión de Investigación Independiente sobre la República Bolivariana de Venezuela.  

Del mismo modo, se informó que Karen Caruci fue detenida de nuevo e interrogada sobre su colaboración con las Naciones Unidas, en particular sobre si la Organización la remuneraba por compartir información sobre violaciones de los derechos humanos.

*Afganistán, Andorra, Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Brasil, Burundi, Camerún, China, Cuba, Chipre, la República Democrática del Congo, Yibuti, Egipto, Guatemala, India, Indonesia, la República Islámica de Irán, Israel, Kazajistán, la República Democrática Popular de Laos, Libia, Maldivas, Mali, México, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Filipinas, Rusia, Ruanda, Arabia Saudí, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, el Estado de Palestina, Tailandia, Turkmenistán, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela, Vietnam y Yemen.

(UN News / Desde abajo MX)

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