En abril de 2022 el Senado aprobó la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que, entre otros objetivos, establece las bases para priorizar los modos de transporte de personas con menor costo ambiental y social, la movilidad no motorizada a través de vehículos no contaminantes y la intermodalidad.
La Ley, que es de observancia general en todo el territorio nacional, busca garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial bajo principios como la accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
También se debe destacar que uno de sus objetivos fundamentales es reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo cual es necesario preservar el orden y seguridad vial.
Es decir, la ley ordena dar prioridad a los modos de transporte de personas que impliquen menor costo ambiental y social, y entre ellos destaca el uso de la bicicleta, que después de la pandemia fue adoptada como opción de movilidad entre cada vez más personas de las ciudades mexicanas y del mundo.
No obstante, y a pesar de que la ley fue aprobada hace cinco meses, en las ciudades del país la prioridad la siguen teniendo los vehículos motorizados, tanto para el transporte privado como para aquel destinado al sector público.
Una de las acciones que los gobiernos subnacionales han echado a andar para favorecer la movilidad no motorizada ha sido la construcción de ciclopistas, aunque dicha política ha estado sometida a los vaivenes propios de las alternancias en la administración pública.
Por eso en algunas ciudades las redes de ciclovías han naufragado. No sólo porque las vialidades exclusivas para las bicicletas carecen de mantenimiento, sino porque no se da continuidad a los proyectos originales y porque además la ciudadanía no respeta la infraestructura destinada a facilitar esta modalidad de transporte.
Es común observar en las ciudades que cuentan con ciclovías cómo los carriles exclusivos son invadidos ya sea por vehículos que los utilizan como estacionamientos, por puestos ambulantes, motocicletas e incluso peatones que prefieren caminar por ese espacio debido a que las aceras también se encuentran ocupadas por toda clase de objetos.
Estos obstáculos van en contra de la nueva Ley General de Movilidad que pone en primer lugar de la jerarquía a la movilidad no motorizada y con menor costo ambiental. También comprometen la seguridad de quienes se arriesgan a trasladarse en bicicleta, ante el constante peligro que supone transitar por vías invadidas y poco seguras.
Por otra parte, los gobiernos deben enfocarse en cumplir otro de los principios de la nueva ley que es la intermodalidad. ¿De qué sirve tener ciclovías que conducen a estaciones de transporte como el Metrobús o el Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México si no todas cuentan con biciestacionamientos?
También es imperativo que la seguridad sea reforzada en las estaciones que cuenten con estos servicios de aparcamiento, pues son comunes las quejas ciudadanas debido a los robos de bicicletas que se encuentran estacionadas como resultado de la falta de vigilancia policiaca.
La nueva Ley General de Movilidad obliga a los gobiernos locales y al federal a cambiar sus políticas de movilidad. Sin renunciar a invertir para construir infraestructura para mejorar el transporte motorizado, los gobiernos deben cambiar la ecuación y garantizar que las ciudades sean realmente amigables con las personas que deciden trasladarse utilizando vehículos no contaminantes como la bicicleta.
Deben continuar con la ampliación de ciclovías, capacitar a sus corporaciones policiacas para que retiren e infraccionen a quienes no respetan los carriles exclusivos, para lo cual incluso deben modificar sus leyes de tránsito y vialidad.
También es necesario que los gobiernos promuevan la cultura vial en la población, para así generar cambios en los patrones de comportamiento social hacia el ciclista.
No hacer nada para que se cumpla la Ley General de Movilidad es ir en contra de lo que aprobaron legisladores de todos los partidos políticos, pues hay que recordar que fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República.
