Amnistía Internacional manifiesta su profunda indignación por la decisión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de cancelar la disculpa pública que ofrecería hoy su titular, José Luis Cervantes Martínez, a las familias de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, quienes fueron víctimas de feminicidio y desaparición en dicho estado.
La decisión fue informada a Amnistía Internacional la tarde del martes 15 de noviembre de 2022, unas horas antes de llevarse a cabo la medida de satisfacción, prevista para el miércoles 16 de noviembre de 2022 a las 10 de la mañana.
“La cancelación de esta disculpa es una muestra de indolencia y una falta de respeto al duelo de estas familias que han luchado por años invirtiendo recursos, tiempo, y han arriesgado su seguridad e incluso su vida, en la búsqueda de justicia”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.
“La autoridad justamente se disculparía por las deficiencias registradas en las investigaciones de cada uno de los casos y por los maltratos a que han sometido a las familias. La cancelación de la disculpa pública se suma a estos actos de violencia institucional que la institución de procuración de justicia ha cometido hacia las familias de las víctimas de feminicidio”, precisó Edith Olivares Ferreto.
”Desde Amnistía Internacional expresamos nuestra solidaridad con María Antonia Márquez, mamá de Nadia; Laura Curiel, mamá de Daniela; Lidia Florencio Guerrero y Laura Velázquez, mamá y hermana de Diana, y Ana Sosa, hija de Julia, ante este nuevo agravio. Nuestro movimiento continuará luchando codo a codo con las víctimas hasta que tengan verdad, justicia y reparación integral del daño”, concluyó Edith Olivares Ferreto.
Las deficiencias referidas han obstaculizado el proceso judicial y generado impunidad. Por ello, en el caso de Nadia Muciño Márquez, su familia lleva 18 años sin justicia; en el de Daniela Sánchez Curiel, siete años; en el de Diana Velázquez Florencio, cinco años y en el de Julia Sosa Conde, cuatro años. Los cuatro casos están documentados en el informe de Amnistía Internacional: Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.
Pese a la decisión tomada por la fiscalía estatal Amnistía Internacional decidió, desde su papel de facilitadora de la gestión de la disculpa pública entre las autoridades y las familias, hacer acto de presencia a las puertas de dicha institución a la espera de que la autoridad cumpliera con su palabra.
Además, en solidaridad con las familias de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, activistas de Amnistía Internacional organizaron en la explanada de la fiscalía estatal una activación en honor de su memoria.
De manera simultánea se llevó a cabo una difusión masiva de tweets en las redes sociales del movimiento, que fue apoyada por activistas de Amnistía Internacional en otros países, quienes están dando seguimiento al proceso de la disculpa pública.
La disculpa pública es obligación del Estado
Además de estar incluidas en diversas sentencias de la CoIDH, las disculpas públicas están incorporadas en diversas leyes mexicanas: Ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado; Ley de Víctimas; Ley de reparaciones; Ley de Amparo y en la Ley General de Víctimas, promulgada el 9 de enero de 2013, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 1°, artículo 17° y el 20, apartado C, de la Constitución mexicana.
La disculpa pública la debe ofrecer el Estado y en ella tiene que aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas a los derechos humanos. La misma debe ser -en sus términos- una forma digna de reparación del daño que satisfaga plenamente a las familias de las víctimas.
