Hace un año, Argentina se sumió en un conflicto político de proporciones alarmantes; un conflicto que hoy analizamos a la luz de los conceptos gramscianos, en particular, la «guerra de posiciones». Si bien el incidente más visible fue el intento de asesinato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es importante entender que este evento es la culminación de una serie de conspiraciones y maquinaciones que se han gestado durante mucho tiempo.
Este conflicto tiene sus raíces en una estrategia de «Lawfare» judicial, una manipulación del sistema legal para perseguir y desacreditar a figuras políticas opositoras al poder real. En este caso, la expresidenta Cristina Kirchner fue objeto de una serie de causas judiciales dudosas, que muchos críticos consideraron como instrumentos para socavar su influencia política y debilitar su posición. Todas venían de funcionarios judiciales vinculados al anterior presidente del país Mauricio Macri.
Las operaciones de inteligencia que llevaron al intento de asesinato de Cristina Kirchner también deben situarse en este contexto. Estas operaciones, que involucran a actores del grupos violento y fascista de “Revolución Federal” pero aparentemente vinculados a intereses poderosos ya que se comprobó en este tiempo su financiación de parte del grupo Caputo Hermanos en millones de pesos. Tenían el claro propósito de silenciar una voz disidente y eliminar una amenaza percibida para la agenda de estos actores. la figura central de la política argentina: Cristina Kirchner.
El intento de asesinato en sí mismo fue un punto crítico en esta «guerra de posición». Aunque no tuvo éxito, dejó en claro hasta qué punto algunos sectores estaban dispuestos a ejercer la violencia y llegar para mantener su control sobre el poder político y la toma de decisiones en el país. Pero principalmente para que nadie más se anime, como lo hizo Cristina, a enfrentar al poder económico, judicial y mediático en favor de los intereses del pueblo.
La posterior proscripción política de Cristina Kirchner fue el último acto en esta saga; una medida que restringió su participación democrática y la excluyó de la arena política. Esto no puede ser visto como un acontecimiento aislado, sino como parte de una estrategia más amplia para consolidar la hegemonía de ciertos intereses poderosos en Argentina.
En este escenario, la prensa desempeñó un papel ambiguo, con algunos medios de comunicación respaldando abiertamente esta agenda y otros tratando de exponerla. La manipulación de la opinión pública a través de medios afines a estos intereses fue evidente, lo que subraya la importancia de la lucha por la libertad de prensa y la verdad en un contexto de «guerra de posiciones».
En cuanto al poder judicial, ya pasado un año, y frente a los cientos de pruebas que no pretende investigar, se comprueba como solo querían encubrir a sus socios. Impunidad al orden del día, vía libre para avalar la violencia política en el país.
En resumen, lo que hemos presenciado en Argentina en el último año es un claro ejemplo contemporáneo de la «guerra de posiciones» gramsciana en acción. Un conflicto que involucra el uso de la justicia, la inteligencia y la política para consolidar el poder de ciertos intereses poderosos en el país, a costa de la democracia y la justicia. La vigilancia ciudadana y la defensa de los valores democráticos siguen siendo esenciales para abordar estos desafíos.
No nos olvidemos, que a quienes millones de argentinos y argentinas querían votar, no pudo estar en ninguna boleta por estos poderes oscuros.
