El siguiente texto fue publicado por el centro de derechos humanos de la montaña Tlachinollan, con sede en el estado de Guerrero. La organización, de reconocido prestigio en el tema, ha acompañado a las víctimas, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, desde el día de los hechos hasta la fecha, donde las mesas de trabajo continúan con el Gobierno de México para esclarecer la verdad y encontrar justicia. También ha publicado información relevante sobre el avance de estos encuentros y ha contrastado las versiones entregadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador.
En el documento, la organización recuenta los últimos episodios en de las mesas de trabajo, remarcando la resistencia del gobierno federal en revelar un total de 800 folios faltantes de información sobre los acontecimientos de Iguala realizados por el Ejército. Indica que el exsubsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, confirmó la existencia de dichos archivos, a pesar de la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional. También denuncia la nueva estrategia del Ejecutivo consistente en tratar de dividir a las madres y padres, incluyendo a personas favorables al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, presos por su participación en la desaparición de los estudiantes.
A continuación el texto:
Contra viento y marea
A raíz de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el 2019, empezaron a surgir algunos datos de prueba, que indicaban que el ejército mexicano había intervenido de alguna manera en la desaparición de los jóvenes. Empezaron a surgir datos de que había infiltrados en la normal rural de Ayotzinapa por elementos militares. Se obtuvo información que, al arribo de los estudiantes a Iguala, fueron seguidos por elementos de inteligencia. Aparecieron elementos que indicaban que dos militares estuvieron operando el C4, además que varios militares patrullaron distintas zonas donde estaban agrediendo a los jóvenes como en periférico norte, el periférico sur, en el crucero de santa Teresa. También se tuvo conocimiento que el coronel Martinez Crespo visitó alrededor de los 12 de la noche la barandilla municipal, donde estaba un grupo de 17 estudiantes. Se corroboró que había una colusión de algunos elementos del 27 batallón de infantería con el grupo criminal de guerreros unidos.
A partir de estos datos de prueba, surgió la necesidad de solicitar mayor información al ejército mexicano. Por ejemplo, se decía que era necesario saber que más datos de prueba habrían reportado los agentes de inteligencia (obi). En el palacio de justicia el obi que estuvo ahí, lo único que tenía era una foto muy borrosa, muy oscura. La lógica indicaría que este obi tenía más fotos y videos. La información que proporcionaban era muy pobre, por esa razón surgió la necesidad de solicitar la apertura de los archivos.
En el año del 2019, ya instalada la comisión de la verdad y el acceso a la justicia, estando al frente Alejandro Encinas, se tuvo una reunión con toda la jerarquía militar, en la que asistieron las madres y padres de familia, que integran la Covaj, junto con los representantes legales. Ahí se llevó una batería de preguntas, cerca de 90. Todas hacían alusión a esta información faltante. Lo primero que hicieron los militares fue presentar un power point. En esa exposición ellos daban su versión de los hechos, la que ya había dado el general Cienfuegos. Decían que ellos no tenían conocimiento de los hechos. Que supieron ya muy tarde de lo que pasaba, cuando ya habían desaparecido a los jóvenes. Comentaron que había ocurrido un accidente y por esa razón toda la tropa salió atender ese siniestro. Explicaron que salieron a patrullar porque escucharon unos disparos. Se comunicaron con el director de seguridad pública quien les informó que todo estaba en orden. Sobre los jóvenes que estaban heridos en la clínica Cristina, comentaron que les ofrecieron ayuda pero que se negaron. Se retiraron y fueron por una ambulancia, pero cuando regresaron ya no estaban. Dijeron que también fueron a santa Teresa para brindar auxilio al grupo de los avispones y ahí termino su intervención.
Esta versión dejó muy decepcionadas a las madres y padres de familia porque pensaban que con este nuevo gobierno iba a ver otra versión de los hechos, que iban a reconocer que se había dado alguna colusión de algunos militares con la delincuencia. No hubo nada, ni siquiera dijeron que iban a investigar para ver si se habían dado algunas irregularidades en Iguala. Su posición era la misma, de que no tenían nada que ver. Eso molestó a las madres y padres porque ya tenían datos de su posible colusión. Ya sabían que era falso que ellos no tuvieran conocimiento sobre la llegada de los estudiantes a Iguala, porque los obis los estaban siguiendo. Operaron el C4 y además los tenían infiltrados en la normal. Vieron que era una postura de malévola, de seguir ocultando la información.
Al término de esta reunión se hicieron algunas preguntas, la respuesta de los militares fue evasiva. Dijeron que tomarían nota y que posteriormente responderían. El Subsecretario Encinas, entregó el documento con las preguntas. Respondieron con evasivas, negando su participación y alegando desconocimiento de los hechos. Ante esta situación las madres y padres plantearon que se abrieran los archivos militares, ante la falta de respuestas convincentes del ejército. El planteamiento se hizo al presidente de la república a finales del 2019. Las madres y padres notaron que no le gustó la solicitud que le hicieron, percibieron que se molestó, sin embargo, se logró el compromiso de que el presidente se reuniría con los expertos del GIEI y que con ellas y ellos acordarían los términos de l revisión de los archivos. Se revisaron los archivos de la IX región militar, del 50 batallón de infantería, de la 35 zona militar, del 27 batallón y el 41 batallón de infantería. De 2019 a 2021 se realizó un trabajo arduo por parte del GIEI, fueron miles de documentos que revisaron. Este gran esfuerzo tuvo resultados relevantes.
Encontraron algunos folios que dieron cuenta de varios asuntos claves para la investigación y búsqueda. Hay un documento que habla de que 17 jóvenes que estaban en barandilla eran trasladados a Loma de Coyotes. También se tuvo información de las intervenciones telefónicas que hizo el ejército a los teléfonos del Gil y de Valladares. También hay documentos que registran que 11 jóvenes se los llevaron de la carretera de Mezcala a Chilpancingo. Otros 7 más los trasladan al basurero de Tepecoacuilco. Esta información nueva hizo que las madres y padres pidieran que se ampliaran las indagatorias. Que se profundizara en los contenidos de las intervenciones telefónicas y que se conociera más sobre el contenido de los folios.
El GIEI informó a los papás que había un faltante en los folios. Contabilizó 800, porque pudo ubicar el número de folios que faltaban dentro del paquete que habían revisado. Esto llevó a las madres y padres a insistir en todo momento que el ejército entregara los 800 folios faltantes. Piden de manera concreta que se entregue la comunicación completa y el dispositivo electrónico de la hoja transcrita donde se habla del traslado de los 17 estudiantes. Piden los números telefónicos de las intervenciones que realizó el ejército, para investigar la red de vínculos que se dieron entre el grupo de guerreros unidos con las autoridades de los 3 niveles de gobierno. También pidieron los nombres de los militares que realizaron estas intervenciones.
En el marco del octavo aniversario se dio una confrontación con el presidente por el tema de los folios. Manifestó que ya se había entregado toda la información, sin embargo, las madres y padres insistían que faltaban los 800 folios. Para el noveno aniversario la situación se tensó más. En esos días el subsecretario Alejandro Encinas presentó su segundo informe donde reconoce que si existían esos 800 folios y comentó que había una instrucción del presidente de la república de que se entregaran esos folios. Las madres y padres quedaron en espera de este cumplimiento de la instrucción presidencial. Vino la renuncia del licenciado Encinas, quien al final hizo públicos 18 folios para dejar constancia de que si existían esos 800 folios.
En enero de este nuevo año se empezó a escribir otra historia. Primero se dieron varias descalificaciones del presidente en sus conferencias mañaneras contra el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro y también contra el GIEI. Para las madres y padres que conocen bien a sus representantes notaron que el presidente desvió el tema de los 800 folios que estaban pendientes. Más bien se concentró en descalificar a quienes han estado a su lado en estos 9 años y le han apostado a llegar al fondo de los hechos. Los catalogó como falsos defensores que apoyan a las mamás, pero también a los que estaban acusados de desaparecer a sus hijos. Hizo referencia a un amparo que fue resuelto en el 2018 por parte del primer tribunal colegiado del décimo noveno distrito con sede en Tamaulipas. Este recurso fue interpuesto por un defensor público de los detenidos y el tribunal resolvió que la mayoría de los detenidos fueron torturados, declarando nulas sus declaraciones que eran la base de la verdad histórica. Esa resolución también planteo crear una comisión de la verdad sobre el caso Iguala con facultades penales. Por esta razón se hizo una rueda de prensa reconociendo esta resolución. Al mismo tiempo se dijo que era importante que la Fiscalía tomara las medidas necesarias para evitar la liberación de los detenidos, y se ejercitara nuevamente las acciones penales pertinentes. Ahora se responsabiliza a los compañeros del centro Prodh de que hayan impulsado esta causa para dejar en libertad a quienes fueron participes de la desaparición de los 43 estudiantes.
Para las mamás y papás lo que se busca es sembrar desconfianza en los abogados, porque también se pusieron del lado de los perpetradores. Sin embargo, de los 800 folios ya no se comenta nada. Con el nuevo subsecretario Arturo Medina la situación se complicó porque solo convocó a las madres y padres, excluyendo a sus representantes legales. Intentó generar división, ante esta situación las mamás reclamaron su derecho inalienable de contar con una representación legal. Les notificaron a las madres y padres que abrirían los archivos del 4 de enero al 4 de marzo. Esto no fue aceptado porque se requiere tener conocimientos básicos para consultar un archivo, pero reconvinieron al subsecretario de que su planteamiento no es entrar a los archivos militares, sino que les entreguen los 800 folios para que puedan ser revisados por personas expertas de su confianza para corroborar la información que ahí obra. Ante este planteamiento se programó una reunión para el 11 de enero.
En ese encuentro asistió un grupo de 4 padres que previamente fueron expulsados porque solo han manifestado tener intereses contrarios a la búsqueda de sus hijos y por haber marchado demandando la libertad de José Luis Abarca y su esposa. Al manifestar el subsecretario que no podía suspender la reunión por la inconformidad de un grupo de padres, la mayoría decidió levantarse como protesta ante la acción deliberada del subsecretario de alentar la confrontación y descalificar a la mayoría de mamás y papás que piden una reunión con presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que pueda entregarles los 800 folios, para plantearle que continúen las investigaciones que están pendientes, la búsqueda en terreno y la extradición de Tomás Zerón. Las madres y padres mostraron firmeza y determinación en la última rueda de prensa que dieron. No bajaran la guardia, por el contrario, darán la batalla contra viento y marea, para encontrar a sus 43 hijos.
