Tras las elecciones del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral de Venezuela cantó como ganador de las elecciones a Nicolás Maduro Moros, para una tercera reelección en la presidencia de ese país, se desató un conflicto electoral que tiene al oficialismo confrontado con una derecha injerencista a cuyo centro de disputa se encuentra la renta petrolera, la más grande del continente americano.
En un análisis publicado, el Partido Comunista de Venezuela explica que el conflicto post-electoral en este país es una «situación muy compleja», y no duda en acusar que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) recurrió al fraude electoral para mantener el control del Estado. Y por otro lado –señala–, los partidos de la «burguesía tradicional» agrupados en la Plataforma Unitaria «vuelven a la agenda de la injerencia externa«.
«Para la clase trabajadora venezolana, no todo es blanco y negro en esta disputa. No es cierto, que exigir el derecho a la transparencia en el proceso electoral y que sea respetado la voluntad popular expresado de forma mayoritaria en las urnas, signifique colocarse del lado de las fuerzas políticas de la derecha tradicional, y mucho menos del imperialismo», apunta el PCV, partido que mantiene una disputa con el Estado venezolano ante el intento de arrebatarle el registro oficial.
Señalan que la fracción burguesa en el poder descalifica y criminaliza «las legítimas luchas de los trabajadores y capas populares que hoy demandan transparencia y verificación de los resultados electorales».
De acuerdo con su análisis, la presunta recuperación económica de Venezuela en medio de criminales sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, ocurre cuando se han implementado medidas a costa de la clase trabajadora, laxando las políticas en favor de los grandes capitales. «La crisis política actual, es una manifestación violenta de los rasgos específicos de la histórica disputa entre fracciones de la burguesía nacional y mundial por el control de la renta petrolera venezolana», señala.
