Hay una cifra que las autoridades educativas de todo el país deben grabarse muy bien: una de cada diez personas mayores de quince años, tienen una identidad de género diversa. Eso significa que en toda población estudiantil, siempre habrá personas trans y trans no binarias. Y si las políticas encaminadas a beneficiarlas no toman en cuenta esta importante estadística, entonces no es una política inclusiva.
En Hidalgo, la cifra es también importante. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) más reciente, la cual data del año 2021, más de 110 mil personas mayores de quince años han declarado tener una identidad de género disidente; esto es, más de. 4.7 por ciento de la población hidalguense.
Y, de nuevo, esto significa que en todas las escuelas públicas de educación básica y media superior de Hidalgo, existen estudiantes con una identidad de género diversa. Y toda política que pretenda atender los derechos de este grupo poblacional, si no toma en cuenta a las personas trans y trans no binarias, es discriminadora.
De manera inmediata, tal discriminación se nota mucho en la entrega de uniformes gratuitos. El gobierno de Hidalgo mantiene una política de uniformes escolares sin costo para la población. Pero en ésta priva un sesgo binario; es decir, se siguen privilegiando estereotipos de género. Faldas para «niñas» y pantalones «para niños», sobre criterios aparentes y limitantes.
De acuerdo con el estudio de los académicos José Carlos Vázquez Parra y Domingo Coss y León, del Tec de Monterrey, «la perpetuación del binarismo de género en uniformes escolares (…) «es un factor de segregación e invisibilización». Y explican: «Si dentro de sus escuelas, sus necesidades son invisibilizadas, es como si ellos mismos no fueran importantes y, por ende, socialmente considerados».
Ocurre también que en Hidalgo no existe, aún, una ley que respete y haga valer el derecho al reconocimiento de la identidad de género para personas menores de dieciocho años. Y mientras ésta no exista, no podrán desatarse las políticas de inclusión que no dependan de la mera voluntad de las autoridades educativas. Luego entonces, se seguirán entregando uniformes sobre sesgos que perpetúan estereotipos que luego se convierten en otro tipo de problemas sociales que, a todo Gobierno, le conviene prevenir a tiempo.
