Hace meses algunas organizaciones como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la competitividad (IMCO), Red por la Rendición de Cuentas, México Evalúa, académicos y un nutrido grupo de ciudadanos; impulsaron una iniciativa denominada ley 3 de 3. Es decir, la obligatoriedad para que cualquier funcionario público presente su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
Los motivos que acompañan esta iniciativa se explican por sí mismos. Se trata de erradicar las muy comunes prácticas de desvío de recursos, conflictos de intereses y corrupción de los gobernantes. Bajo estas condiciones, nadie que viva en este país puede negar la importancia que tiene esta propuesta legislativa.
Aun así, y a pesar del amplio reconocimiento que tuvo en la sociedad con más de 600 mil firmas que respaldaron dicha iniciativa, el Senado rechazó la mayoría de sus formulaciones.
En una votación sui géneris la iniciativa se quedó en el tintero Según el tablero de votación, 59 Senadores se manifestaron en contra y 51 a favor. Misteriosamente algunos de los principales promotores que habían defendido minutos antes la iniciativa en la tribuna, se ausentaron a la hora de la votación.
Lo aprobado en el Senado deja prácticamente sin efecto la principal preocupación ciudadana. Porque con lo que ahora se aprueba se establece que sólo algunos datos serán públicos, otros como los montos totales de sus patrimonios y el de sus familiares permanecerán protegidos del escrutinio público. Respecto de la declaración fiscal sólo se obliga a dar cuenta de su presentación en la plataforma digital sin ningún contenido que se pueda hacer público.
Bajo esta dinámica queda abierta la posibilidad de seguir evadiendo la responsabilidad de rendir cuentas sobre el patrimonio que tiene los funcionarios públicos.
La pregunta obligada es ¿por qué negar la posibilidad de conocer el patrimonio de los gobernantes? La respuesta es sencilla; existe una brecha grosera entre los políticos y los ciudadanos.
Los recursos con los que cuentan los primeros son altos y no obedecen al ejercicio honrado de su profesión. Todo lo contrario, desde hace mucho ser político es sinónimo de tener una vida cómoda, acaudalada y sin preocupaciones.
No sabemos con exactitud cuando ocurrió eso lo que sí sabemos es que la clase gobernante no quiere terminar con esas dádivas que generosamente brinda el servicio público.
Y bajo este parámetro no se salva nadie. Por ejemplo, para evadir su responsabilidad algunos Senadores prefirieron la salida fácil: Es decir, se ausentaron al momento de la votación a pesar de estar presentes en el pleno. En bloque el PRI y el PVEM votaron en contra de la iniciativa mientras que los panistas que no estuvieron presentes al momento de la votación fueron Jorge Luis Preciado, Héctor Larios, José María Benjamín Robles y Alejandra Roldán Benítez.
Otros se negaron a votar, como fue el caso del coordinador del PT, Manuel Bartlett, y los senadores Layda Sansores, Marco Antonio Blásquez, Carlos Manuel Merino y Héctor Adrián Menchaca Medrano.
La petista Martha Palafox no asistió y Ana Gabriela Guevara se abstuvo. Bajo este criterio ambivalente, la denominada “izquierda” se diluye fácilmente cuando se pone en peligro la estabilidad de los negocios personales o el derroche de los recursos.
Este duro golpe a la sociedad civil organizada marca un parámetro de acción. Porque la gente se organizó, se socializó la relevancia de la iniciativa y, aun así, los legisladores hicieron caso omiso al reclamo de miles de personas.
La democracia social exige un involucramiento de amplios sectores de la sociedad. Cómo nunca antes, el reclamo a la clase política por sujetarse a los parámetros de la ley 3 de 3 se escuchaba al unísono. Y a pesar de lo anterior, un puñado de Senadores prefirió tirar a la basura esta iniciativa.
Es claro que los políticos son los principales promotores de la creciente degradación de la política.
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