. Fue así como algunos de los responsables directos de la procuración de justicia y la seguridad pública en Oaxaca llegan a hasta mofarse de las denuncias hechas por las organizaciones sociales, argumentando que “eso no ocurre” y peor aún señalan “que no existe”, sin embargo, la realidad cotidiana nos dice otra cosa.
Por Soledad Jarquín Edgar / Desde abajo
Al concluir 2009, se cumplirán 10 desde que organismos de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos de mujeres llevan un recuento de las mujeres asesinadas en Oaxaca. El feminicidio, como se conoce a este fenómeno social desde 2004, ha cobrado la vida de cientos de mujeres que podrían alcanzar la fatídica cifra de 600 asesinadas este diciembre en los últimos 10 años.
En un reciente acto, el coordinador de Diversidades, Eduardo Liendro, recordó el hecho con las cifras que nos llevan a pensar en la larga lista de nombres de mujeres que se han ido acumulando desde 1999 en un conteo extraído de lo que aparece en los medios de comunicación, es decir, apenas un porcentaje de ellas, otras no alcanzaron a aparecer como noticia de la información policíaca, “ilustradas” con fotografías sangrientas y recreación de historias muchas veces falsas y llenas de calificativos.
El feminicidio, que como tal extrañamente no fue aceptado en Oaxaca en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, nos lleva a pensar en muchas y lamentables hipótesis, ya que al aceptar la definición de este fenómeno las y los legisladores tendrían que admitir la responsabilidad de las instituciones a las que sirven, porque han demostrado en los hechos que están lejos de servir al pueblo. No reconocer que en Oaxaca existe un problema social grave llamado feminicidio es seguir dando permisos para asesinar.
Fue así como algunos de los responsables directos de la procuración de justicia y la seguridad pública en Oaxaca llegan a hasta mofarse de las denuncias hechas por las organizaciones sociales, argumentando que “eso no ocurre” y peor aún señalan “que no existe”, sin embargo, la realidad cotidiana nos dice otra cosa.
Con declaraciones y no con hechos, esas autoridades siguen negando lo innegable. Su actitud lleva a un plano de discusión mediática lo que no quieren reconocer en los hechos y que en la vida real enluta hogares, deja en la orfandad a cientos de niñas y niños y crea entre la sociedad, en especial entre las mujeres, inseguridad y miedo. Eso sin contar que al asesinar terminaron con una vida humana.
La falta de justicia, decía Liendro, apunta a que el Estado no previene ni atiende la violencia contra las mujeres, por lo que ese Estado se convierte en cómplice de los agresores. Y es que, hay que decir, sólo un porcentaje menor de los asesinos de esas mujeres son procesados y condenados, el resto siguen como fantasmas o como personas de carne y hueso con el añadido de una impunidad que les otorga el Estado.
El problema fundamental radica en los pésimos servicios de investigación de estos casos y de muchos otros delitos que se cometen en la entidad. Generalmente se apunta hacia lo que estas autoridades llaman “crímenes pasionales” y terminan por culpabilizar a las propias víctimas de sus asesinatos, pues se cuestiona sus relaciones personales, su trabajo y hasta su forma de vestir, como si en realidad de eso dependiera la seguridad de las mujeres y por ende sus vidas. Se lavan las manos en su patriarcado.
Lo cierto, es que en los últimos 10 años, porque sólo ese recuento se tiene, han sido asesinadas toda clase de mujeres, cuyas edades fluctúan en todas las que podemos imaginar, lo mismo que sus actividades. Esta violencia contra las mujeres, añadía.
Eduardo Liendro, no es un problema aislado, tampoco es un castigo ni un asunto de mala suerte. Está dentro de nuestra sociedad de manera transversal.
Lo que pasa en entidades como Oaxaca, que en el ámbito nacional ocupa el segundo lugar en homicidios de mujeres y violencia femicida, no es cosa menor. Por otra parte, la entidad también tiene otro deshonroso primer lugar en violencia contra mujeres y niñas, al ser el primero en la lista de entidades de México por el número de casos de violaciones sexuales.
Hay muchas historias que rayan en lo grotesco en Oaxaca. Un ejemplo es lo que sucede en la etnia Triqui, donde sólo mencionaré el asesinato de las locutoras Teresa Bautista y Felícitas Martínez, asesinadas en abril de 2008 cuyo caso fue atraído por la PGR. Unos meses antes, en la misma región fueron desaparecidas la maestra bilingüe Virginia Ortiz Ramírez y su pequeña hermana de 14 años Daniela. Nada se sabe sobre los avances, pero sí es claro que nadie investigó ni ha investigado a pesar de que existen testigos que señalan quiénes podrían ser los agresores de estas mujeres. El silencio de las instituciones de gobierno tanto estatales como federales me parece grotesco e inaudito.
Un silencio que alcanza a la burocracia del género como el Instituto Nacional de las Mujeres, peor aún de las instituciones locales. Silencio, omisión, complicidad.
En abril de 2004, fue asesinada una mujer en su casa en la comunidad de San Francisco Lachigoló, a 20 minutos de esta capital oaxaqueña, el asesino era su pareja y el padre de sus dos hijos, la había matado a golpes. En enero de 2006, la sociedad oaxaqueña tenía un sabor amargo en la boca. Heriberto Vásquez Espinosa fue puesto en libertad mediante un programa de pre-liberación de Presos Indígenas que opera el gobierno estatal la noche del 23 de diciembre de 2005. El castigo por asesinar a golpes a María Luisa se había reducido a un año ocho meses de prisión.
Hay otros ejemplos como éste en Oaxaca, muchos más, en 2009 podemos contabilizar más de 50, recuerdo se trata de los casos expuestos a la luz pública por los medios locales impresos, habrá muchos otros, sin duda. Lo que imprimen los diarios locales son el más fiel testigo, ahí se quedaron por siempre en esas imágenes ensangrentadas y la mayoría de las veces inadmisibles.
Cuando no hay justicia, cuando se ignora lo que los testigos señalan sobre presuntos implicados, cuando nadie es castigado por estos horrendos crímenes, cuando se premia al asesino porque tiene un origen indígena, por buena conducta y se le reduce su castigo a un año ocho meses de prisión ¿qué es lo que pueden esperar la sociedad y las mujeres?
Hay funcionarios públicos a quienes hablar de feminicidio les incomoda, les parece mal por el sólo hecho de que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia (por cierto aún sin reglamentos) no aprobó el término, otros consideran que el problema no es para tanto y sí una bandera “política” de los grupos, asociaciones o colectivos de mujeres. Un argumento para hacer una tormenta en un vaso de agua, escándalos, marchas, protestas, dicen los funcionarios y responsables de Justicia y Seguridad Pública.
Empero, la realidad empieza a desparramarse de su vaso de agua y lo que está por fuera no es sino el hedor de un sistema de seguridad pública y de justicia incompetente, un sistema de leyes que no evitan la violencia contra las mujeres, una sociedad que bajo el permiso institucional y el machismo sigue pensando que la vida las mujeres no vale nada.
Como está visto y las lecciones se deben aprender, el tiempo vendrá con la razón y sí algunos le apuestan al olvido, la tormenta en el vaso de agua podría ahogar a quienes en la anterior y esta administración dirigen Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el asunto del feminicidio no llegará la indiferencia.
