El 11 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, en una decisión polémica, no se opuso al veto presidencial de Javier Milei sobre la ley que había previsto un aumento en las prestaciones para los jubilados. Esta ley, que había sido aprobada con el objetivo de mejorar la situación económica de los adultos mayores, fue rechazada por el presidente, lo que ha provocado una creciente preocupación y descontento entre los jubilados.
En la actualidad, los jubilados argentinos enfrentan una situación crítica que muchos describen como un «genocidio silencioso». Los recortes en la cobertura de medicamentos esenciales y la inflación descontrolada han erosionado el poder adquisitivo de las pensiones, forzando a los adultos mayores a elegir entre alimentos y medicamentos, una decisión que pone en riesgo su bienestar y su vida.
Las últimas semanas han visto un aumento en las movilizaciones de los jubilados, quienes han enfrentado una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Federal y la Gendarmería Nacional. En uno de los incidentes más graves, se reprimió incluso a niños durante las manifestaciones, un acto que ha generado una fuerte condena social y ha evidenciado la brutalidad de las políticas de represión del gobierno.
Durante su intervención en la Cámara, el diputado Juan Marino utilizó la frase «genocidio silencioso» para describir la situación de los jubilados, subrayando la disyuntiva que enfrentan entre cubrir sus necesidades básicas y adquirir medicamentos. Marino también propuso una unión legislativa para contrarrestar las políticas del gobierno de Milei, buscando una respuesta más efectiva a la crisis.
En definitiva, el enfoque económico del gobierno de Javier Milei, centrado en el llamado «equilibrio fiscal», está llevando a un desequilibrio social evidente. La situación es insostenible y es cuestión de tiempo para que estalle el conflicto, ya que el gobierno ha optado por mantener a la población en silencio mediante la represión. Esta estrategia de control social, combinada con la ausencia de soluciones efectivas para los problemas económicos de los jubilados, podría desencadenar una crisis aún mayor.
Mientras tanto, en esta Argentina que se presenta como un modelo de «libertad», se vislumbra una mega causa contra referentes sociales, lo que representa un nuevo escalón en la estrategia del gobierno para silenciar la protesta social. Este contexto revela un panorama inquietante donde la represión y la falta de empatía hacia los sectores más vulnerables parecen ser la norma, mientras se permiten prácticas que benefician a quienes financiaron la campaña presidencial de Milei.
Dada la gravedad de la situación, parece necesario que la oposición argentina se una para enfrentar las políticas de Milei desde el ámbito legislativo, frenando los embates contra los derechos de los ciudadanos. Además, es crucial apoyar las protestas sociales y piqueteras que han demostrado ser inmensas e históricas desde el inicio del gobierno de Milei, como la marcha universitaria por el financiamiento. Unificar esfuerzos para ganar las elecciones legislativas del próximo año se presenta como una estrategia vital para restablecer el equilibrio y proteger los derechos de la ciudadanía en un momento de creciente crisis y represión.
