Le arrancaron el cuero cabelludo; tazaron sus orejas y pómulos. Su espalda, abdomen y piernas fueron abiertas con el filo de machetes y, finalmente, degollado. Con esa saña, el 23 de julio de 2023 hallaron a la vera de un camino del barrio de Tlanchinolapa, comunidad de Chapopote Chico, municipio de Chalma, Veracruz, el cuerpo sin vida del indígena Gregorio de la Cruz de la Cruz, comisario ejidal de Metlaltepec, Huautla, quien era parte activa del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (FDOMEZ). Tenía 47 años.
Hasta el lugar se trasladaron integrantes de la organización para impedir que funcionarios de la Fiscalía veracruzana irrespetaran el cuerpo del rebelde. Lo llevaron a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) en la localidad veracruzana de Tantoyuca, donde las autoridades negaron al hijo del luchador social reconocer el cuerpo de su padre; en cambio, se lo entregaron como un “perro” envuelto en un costal y rociado con un polvo blanco, lo cual atenta contra la tradición se sepultura del pueblo huasteco.
“Ya firmaste, llévenselo, no es cosa mía”, les dijo un burócrata al grupo de compañeros de Gregorio de la Cruz. Así, luego de varias gestiones, consiguieron trasladar el cadáver en una ambulancia, primero a Chalma y luego de vuelta a su tierra, Metlaltepec, donde tras de doce horas de intensos trámites, pudieron ofrendar su cuerpo maltrecho en Huautla con agua y flores.
A la mañana siguiente, el FDOMEZ emitió un comunicado acusando que el asesinato de Gregorio de la Cruz fue una “ejecución extrajudicial planificada». El 25 de julio, la organización desplegó una fuerte jornada de protestas en el municipio de Tantoyuca, la cual incluyó quema de vehículos oficiales y privados. Se exigió lo mismo que hoy, a dos años de la ejecución del luchador social: justicia.
