por Pablo Vargas González / DESDE ABAJO
En días pasados, en algunos diarios locales, llamó la atención que dependencias del gobierno estatal solo “reconocían diez organizaciones civiles” en la entidad. El problema, sin duda es un asunto de fondo que se extiende también al gobierno federal y municipal, se excluye la intervención de los ciudadanos en los asuntos fundamentales de toma de decisiones, cuando un gobierno debe estar abierto a la participación ciudadana.
El tema central es que se gobierna sin un esquema de participación ciudadana, cuando los parámetros de la democracia no solo permiten sino que es un requisito indispensable las diferentes formas y modalidades de intervención de la ciudadanía. Por ejemplo el gobierno federal aunque tiene algunos mecanismos que incorporan ya formas de acceso y canales de participación de los ciudadanos en diferentes políticas públicas, está es solo formal y no va al fondo.
Un ejemplo de ello es el documento “Programa de estudios estratégicos 2010”, presentado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en que reconoce como riesgos para la estabilidad nacional factores como la corrupción, la migración, los movimientos sociales, la actuación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y, por supuesto, las acciones del crimen organizado. (Para ripley¡). Nada más peligroso como esta concepción
Se trata de un texto elaborado para consumo interno con el propósito de definir estrategias de vigilancia social, control ciudadano y coordinación del CISEN con las instituciones del gabinete de seguridad nacional. Es decir el Cisen reconoce que asuntos como los enumerados anteriormente pueden tener la capacidad de colocar en riesgo la viabilidad y la factibilidad del proyecto nacional.
En consecuencia, un organismo federal equipara las acciones de las ONG y de asociaciones civiles con los métodos violentos del crimen organizado. Sobre las organizaciones no gubernamentales, el Cisen (La jornada, 28/12/10) considera que algunas de ellas “pretenden es sembrar acciones de inconformidad social colectiva, cuyas repercusiones pueden ser demoledoras de los principios democráticos del régimen en el poder”. Nada más alejado de la realidad y ajeno a expectativa del desarrollo de instituciones democráticas.
Han sido estas percepciones de los gobiernos (federal, estatal y municipal) las que han impedido un avance significativo para consolidar la democracia en el país. Prevalece un esquema de clientelismo y corporativismo ajeno con la apertura hacia gobiernos democráticos y plurales. Y no se valorado las contribuciones que las organizaciones de la sociedad civil en su conjunto han generado en estos últimos 30 años para impedir una involución y un deterioro más profundo del tejido social. Por lo que es importante, cambiar las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil, hacia esquemas de mayor corresponsabilidad y rendición de cuentas.
En Hidalgo, no existen mecanismos formales ni reales para que en forma moderna fluya la necesaria e imprescindible participación de la sociedad civil y de sus organizaciones (comunitarias, civiles, asistenciales, sociales); no hay programas ni acciones que regulen la intervención hoy desbocada y creciente de asociaciones ciudadanas que laboran con pocos recursos y sin reconocimientos en ámbitos de la salud, educación, justicia, medio ambiente, equidad de género y derechos humanos.
La noticia del proceso de consulta “Voces por Hidalgo” para integrar los distintos requerimientos de la sociedad, es un buen camino y ejercicio de consulta, pero no es el único para la integración del Plan Estatal de Desarrollo (2011-2016). Es necesario crear una nueva relación entre gobierno y sociedad civil organizada, y dejar atrás los obstáculos que han impedido hasta ahora crear gobiernos eficientes y abiertos, inclusivos y participativos para integrar las voces, las manos y los esfuerzos de cientos de organizaciones existentes en Hidalgo.
