El presidente del Instituto Electoral de Hidalgo, Daniel Rolando Jiménez Rojo, declaró ante la prensa que para él «sería un honor» ser el presidente del PRI en esta entidad. Sus dichos, además de lamentables, no sólo violan los principios de imparcialidad que supone el organismo que representa, sino que atenta contra los derechos civiles y políticos de la colectividad.
por Alberto Buitre
En una nota del periodista Misael Zavala, el periódico Milenio Hidalgo reprodujo una joya este martes 10. El presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado, Daniel Rolando Jiménez Rojo, declaró que para él “sería un honor” ser el presidente del PRI en la entidad, una vez que ese partido está en la víspera de renovar su Comité Directivo Estatal.
“La ley electoral me impide esa situación, tendría que pasar un año para que pueda tener un cargo partidista, sería un honor pero no puedo, además estamos en proceso electoral y soy un hombre que verdaderamente sé en qué momento terminará mi periodo en este instituto que será hasta el 28 de noviembre de este año”, dijo el funcionario en entrevista.
Alguien o algo, por algún motivo oscuro, perverso, estúpido o perfectamente ideado, le ha sugerido a quien funge como presunto imparcial árbitro electoral que podría ser el líder de los priístas hidalguenses, así, como si su estatus de consejero no le impidiera considerar la opción; peor aún, en pleno proceso electoral, cuando, si bien el Instituto Federal Electoral lleva mano, el IEEH a su cargo, será el encargado de asistir en la promoción y vigilancia de los comicios. ¿Soñar? Todo es posible para Jiménez Rojo. ¿En voz alta? Grave error; más, cuando tratándose de un funcionario público en matera de elecciones, su comportamiento incurre en una flagrante violación a los derechos políticos de la comunidad, declinando la balanza –que por Ley debe estar perfectamente equilibrada-, hacia el partido político de sus gustos.
En efecto, los artículos 7, 12, 18, 19, 20, 22 y 29, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos protegen la libertad de Jiménez Rojo de decir públicamente lo que su sentido común –sin importar su grado cognoscitivo-, le dicte. Sin embargo, esos mismos están asignados a la población a la que dice servir. Y de ahí una atenuante. El Presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo es el titular de una “Autoridad Pública”, y por lo tanto, su deber administrativo está obligado a respetar y promover los derechos humanos “de las personas físicas o colectivas”, según la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), quien tiene la facultad de observar la conducta del IEEH en el ámbito de lo constitucional y lo público, por no tratarse de un caso que atañe exclusivamente lo electoral, tema que la CDHEH tiene impedido conocer.
Y, aunque si bien es cierto que Jiménez Rojo no es un servidor público adscrito a ninguno de los poderes Ejecutivo, Judicial o Legislativo, el artículo 149 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo sí lo acredita como “servidor público” cuando señala que “para los efectos de la responsabilidad se reputarán como servidores públicos (…) a los servidores del Instituto Estatal Electoral (…) y a todos aquellos que manejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”
Jiménez Rojo, con sus declaraciones, viola los derechos políticos de la población a la que afirma servir. Sus pretensiones son prohibidas desde el puesto que detenta y es su deber vigilar el perfecto cumplimento de la Ley Electoral, de la Constitución y de los Derechos Humanos. Pero al decir que “sería un honor” ser el Presidente del PRI ¿qué garantía tienen las y los ciudadanos que sus derechos civiles y políticos serán respetados en la tarea de elegir representantes populares?
Muy pocas si se considera que lo que el diario Reforma publicó sobre Jiménez Rojo el 29 de junio del 2010, donde se dio cuenta de que cuatro de los cinco consejeros electorales en Hidalgo “tienen antecedentes como priistas”, comenzando por su propio presidente.
Así se expuso: “El presidente del Instituto Estatal electoral de Hidalgo (IEEH) Daniel Jiménez Rojo ha sido funcionario de la Secretaria de Finanzas, el Programa de Agua Potable, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y del Registro Público de la Propiedad y el Comercio”.
Además, han sido documentadas sus actuaciones parciales como árbitro electoral en elecciones locales, como cuando la prestigiada organización Alianza Cívica A.C., documentó que el IEEH saboteó las labores de observación electoral en los comicios a la gubernatura de junio de 2010.
El caso debe preocupar a los partidos políticos y a las instituciones, quienes tienen en Daniel Rolando Jiménez Rojo, al menos, a un funcionario irresponsable. Más, de irresponsabilidad en irresponsabilidad, se va gestando la impunidad. Esto es lo que interesa a la ciudadanía en un Estado que ha llegado a ocupar el deshonroso cuarto sitio en corrupción política, según Transparencia Mexicana.
Declaraciones como las de Jiménez Rojo, arrojan el por qué.
