. Hoy en día, es difícil encontrar empresa honesta que les reconozca a sus trabajadores todos los derechos y prestaciones que por Ley le pertenecen. De manera arbitraria, juegan con la nómina, modifican su estructura, para librarse del pago de impuestos como lo es el Impuesto Sobre la Renta, lo que es directamente perjudicial en el ahorro del Infonavit, por ejemplo. O variando sus contratos por tres meses, se les cancela a los empleados la oportunidad de generar antigüedad y, por tanto, el derecho a un fondo de retiro. Los más desleales –que no menos corruptos-, simplemente no ofrecen seguridad social.
Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo
Termina el año y no conformes con privar a los trabajadores de sus prestaciones de Ley, las empresas privadas asestan un nuevo golpe a la economía de la clase obrera. Violando la Ley Federal del Trabajo, los aguinaldos se entregan de manera diferenciada e inequitativa entre burócratas y empleados de oficinas, fábricas, talleres y comercios particulares.
Y es que a todas las personas que no trabajan para los gobiernos, se les cobra un impuesto por recibir su aguinaldo, mientras que a los burócratas no. El hecho por sí mismo constituye una violación a la ley laboral. La norma especifica que se debe gravar en menor medida a quienes se desempeñan para empresas particulares a razón de sólo obtener 15 días de aguinaldo; en tanto a los burócratas, el impuesto debe ser mayor, ya que se les da hasta 90 días de gratificación salarial. No obstante, a pesar de contar con esta ventaja, a los empleados gubernamentales de Hidalgo, se les ha librado de manera arbitraria de tal carga impositiva.
De ese modo, las leyes laborales que rigen las relaciones entre particulares y con los gobiernos, se tornan discriminatorias, según ha sido la conveniencia patronal. Y las instancias que tutelan los derechos humanos, ni siquiera se pronuncian al respecto.
Para muestra un botón: En Hidalgo se emitió en el año de 1987, la “Ley de los Trabajadores al Servicio de los gobiernos Estatal y Municipales, así como de los organismos descentralizados, para el Estado de Hidalgo”, misma que fue reformada en julio del 2004. En dicha ley, se establece en el artículo 31 que los trabajadores recibirán aguinaldo “sin deducciones” –o sea, si impuestos-, lo que contraviene disposiciones de orden federal en materia de impuestos, como lo es el Impuesto Sobre la Renta que grava cualquier tipo de ingreso.
Empero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido por jurisprudencia que el aguinaldo integra al salario, por lo que sin duda se trata de un ingreso que debe ser gravado y que, sin embargo, la ley burocrática estatal le restringe el impuesto. Esto resulta una verdadera injusticia. El derecho al aguinaldo se está otorgando de manera diferenciada entre los trabajadores del Estado y los de empresas particulares.
Además, se debe tomar en cuenta que los empleados particulares son víctimas de toda clase de abusos por parte de la patronal. Hoy en día, es difícil encontrar empresa honesta que les reconozca a sus trabajadores todos los derechos y prestaciones que por Ley le pertenecen. De manera arbitraria, juegan con la nómina, modifican su estructura, para librarse del pago de impuestos como lo es el Impuesto Sobre la Renta, lo que es directamente perjudicial en el ahorro del Infonavit, por ejemplo. O variando sus contratos por tres meses, se les cancela a los empleados la oportunidad de generar antigüedad y, por tanto, el derecho a un fondo de retiro. Los más desleales –que no menos corruptos-, simplemente no ofrecen seguridad social.
Todo esto no pasa en el ámbito gubernamental. Por el contrario, no sólo gozan de todas las prestaciones de Ley, sino que son premiados con bonos excesivos hasta de 100 mil pesos.
Para agravar la injusticia, cabe preguntarse entonces ¿Y quién trabaja más… los trabajadores privados o los burócratas?
El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos avala el derecho al trabajo que toda persona tiene y que debe ser remunerado de manera equitativa y satisfactoria. Más allá de que en los hechos el trabajo no asegura una justa retribución salarial conforme a la dignidad humana, en esta época navideña que, gracias a conquistas laborales, se ha instituido la repartición de aguinaldos, queda manifiesta una pugna entre la legalidad.
El derecho del trabajo como propósito, busca establecer un justo equilibrio entre el capital y el trabajo, pues en la propia Constitución Política federal desde 1917 se reconoció esta lucha antagónica irreconciliable, ya que el capital intenta acrecentarse a costa del trabajo y por supuesto, del trabajador, a quien se pretende pagarle menos y que produzca más.
Así, cuando se habla de trabajo burocrático, varían algunos principios básicos, como es la propia legislación a aplicar, en casos de conflictos en que el Estado, en su calidad de patrón, es parte.
¿Cuáles empleos? ¿Cuál desarrollo, entonces? ¿De que Estado de derecho hablamos? Sin duda el Ejecutivo tiene mucho que explicar en éste tema, pues continúa alentando la llegada de empresas que con una mano en la cintura, se pasa por el arco del triunfo la Ley Federal de Trabajo.
