por Otilia G. Sánchez Castillo / DESDE ABAJO
El derecho a la libertad de expresión está consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 13 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos, éstos últimos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país, que de acuerdo con la jurisprudencia, se encuentran por debajo de la Constitución, pero por encima de las leyes federales.
En nuestro país desde hace 60 años se conmemora el 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión, establecido por el gobierno del Presidente Miguel Alemán. A nivel internacional el Día Mundial de la Libertad de Prensa nació hace veinte años en la mente de un grupo de periodistas reunidos en Windhoek (Namibia). La Declaración de Windhoek fue un llamado a luchar para proteger los principios fundamentales de la libertad de expresión, consagrada en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde el año de 1993 se proclamó por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 3 de mayo como el Día de la Libertad de Prensa, siguiendo la Recomendación adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991.
De acuerdo con la UNESCO, esta conmemoración es la ocasión para informar a la ciudadanía acerca de las violaciones a la libertad de prensa, así como recordarle que en decenas de países alrededor del mundo las publicaciones son censuradas, algunas multadas, suspendidas o anuladas, mientras que las y los periodistas, editores y publicadores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados. Es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa, y para evaluar el estado de la libertad de prensa en todo el mundo. Igualmente, sirve como un recordatorio a los gobiernos de la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y profundizar la reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre temas de libertad de prensa y la ética profesional.
En ese tenor, de acuerdo con el informe sobre las agresiones a periodistas en nuestro país de la organización internacional Artículo XIX, durante 2010 se registraron, documentaron y se dio seguimiento a un total de 155 agresiones a la libertad de expresión contra periodistas, trabajadores e instalaciones de los medios de comunicación. En 2009 se registraron un total de 244 casos. La disminución de casi una tercera parte respecto al año anterior no responde a una mejora significativa: mientras los contextos de violencia en algunos estados del país se agudizan, la denuncia pública de las agresiones disminuye, como consecuencia de la falta de investigación del Estado mexicano. Suman ya 44 asesinatos y 8 periodistas desaparecidos en lo que va del sexenio de Felipe Calderón.
El Índice de Impunidad del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), recientemente actualizado, muestra cómo Rusia y México, dos de los países más letales para la prensa, se encaminan en direcciones diferentes para combatir la violencia contra la prensa. El índice, que calcula crímenes de periodistas no resueltos en relación con la población de cada país, señala que se registraron mejoras en Rusia, ya que los asesinatos de periodistas decrecieron y los organismos de justicia consiguieron dos condenas en casos importantes. Pero la violencia contra la prensa continúa escalando en México, donde las autoridades se muestran incapaces de enjuiciar a las personas responsables.
Durante 2010, el gobierno de Calderón insistió en señalar a los grupos del crimen organizado como responsables de la violencia en contra de periodistas y medios de comunicación; sin embargo, del universo de agresiones registradas, 49.03{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} provienen de autoridades y 26.45{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} de personas presuntamente vinculadas con grupos del crimen organizado. Con respecto a 2009, las agresiones cometidas por autoridades se redujeron de un 65{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} a un 49.03{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}.
A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, en nuestro estado, de acuerdo con información de la Asociación Mundial de Mujeres Periodista y Escritoras, AMMPE, capítulo Hidalgo, se han registrado y documentado más agresiones en lo que va del 2011 que las registradas y documentadas durante el 2010 o el 2009, en un incremento de alrededor del 300{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}. De las agresiones realizadas durante el periodo 2010-2011, más del 60{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} fueron realizadas por autoridades estatales y municipales, y por elementos de la policía.
El comportamiento nacional y estatal es similar en cuanto al hecho de la impunidad con que los agresores actúan gracias a la ausencia de la investigación de las instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia, impunidad que se acentúa con relación a los asesinatos de periodistas a nivel nacional.
Una cosa es innegable, sin importar el origen de las agresiones a periodistas, la responsabilidad de prevenir, investigar y castigar a los autores materiales e intelectuales de estas agresiones recae de manera exclusiva en el Estado mexicano, y hasta el momento es una deuda pendiente con las y los periodistas a nivel nacional y en nuestro estado.
