. Como es del dominio público, la exprimera dama se vio envuelta en numerosos escándalos principalmente por las acusaciones de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de sus hijos, el abuso del poder en la transferencia de fondos públicos a la fundación que dirige Vamos México, y el gasto excesivo en la compra de vestidos de lujo.
De José Vilchis Guerrero
jvilchis1@yahoo.com
El Consejo del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) pidió a la Presidencia de la República dar a conocer con precisión y detalladamente sobre los gastos que realizó Martha Sahagún de Fox durante la administración 2000-2006. Por más de dos meses la dependencia se negó a informar al respecto, argumentando que la exprimera dama no fue funcionaria.
El IFAI, organismo público encargado de garantizar la transparencia del gobierno, uno de los pocos logros del gobierno foxista, aprobó por unanimidad una propuesta en la que pide un informe detallado de los gastos con cargo al erario público que fueron ordenados por Sahagún de Fox.
Entre esos gastos, “se deben incluir desde la vestimenta hasta los viajes que efectuó al interior y exterior del país a partir del 2 de julio de 2001, cuando contrajo matrimonio con el entonces primer mandatario, Vicente Fox», indicó el IFAI en un comunicado.
Como es del dominio público, la exprimera dama se vio envuelta en numerosos escándalos principalmente por las acusaciones de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de sus hijos, el abuso del poder en la transferencia de fondos públicos a la fundación que dirige Vamos México, y el gasto excesivo en la compra de vestidos de lujo.
Ante las acusaciones de dilapidar recursos públicos en vestimenta, en 2005 Sahagún de Fox donó a una organización caritativa 36 piezas de ropa de distintos diseñadores nacionales e internacionales.
Como se recordará, Martha Sahagún desarrolló un excesivo protagonismo público para convertirse en candidata presidencial; sin embargo, las amplias y severas críticas obligaron a la autodenominada pareja presidencial a declinar de sus intenciones.
Vuelve a los medios la figura de la familia presidencial, inventada en el sexenio foxista, a raíz de que en octubre de 2006 el periodista José Antonio López interpuso la solicitud de información a la Presidencia de la República, para saber con precisión a cuánto ascendieron los gastos de la señora Sahagún de Fox.
Presidencia de la República reiteradamente negó la información solicitada con el mismo argumento: no fue servidora pública la señora Sahagún de Fox luego de haber contraído matrimonio con el entonces primer mandatario. Entonces, el demandante interpuso la queja correspondiente, la número 2’100,000 ante el IFAI.
“Al llegar la queja de José Antonio López se estudió el fondo de la misma; se comprobó que la queja cubre los requisitos legales, es decir, se hizo en el marco jurídico correspondiente y como no es la primera vez, pues ya ha habido 20 casos en que se niega la información en Presidencia, pues se determinó proceder en consecuencia».
Tras una deliberación del consejo, a iniciativa del ministro Juan Pablo Guerrero Amparán, ministro ponente, se determinó demandar a la Presidencia de la República dé a conocer la información con todos sus detalles, en la que se incluya a cuánto ascendieron los recursos aplicados a gastos por personal de apoyo técnico, celulares, vehículos, viajes, compra de ropa y otros personales, que se hicieron a cargo de la primera magistratura.
Guerrero Amparán dijo en entrevista con que desde octubre que se solicitó la información por la vía normal y que en reiteradas ocasiones se negó la información, por lo que el IFAI tomó el caso y resolvió solicitar a la dependencia gubernamental poner en su página web toda la información respectiva a estos gastos que se hicieron con cargo al fisco.
“Es cierto. El periodo del que es objeto la petición de información, la señora Sahagún de Fox no fue servidora pública, pero eso no es un argumento válido para negar la información; el argumento es que usó recursos públicos para fines propios, que sólo están asignados a la Presidencia de la República».
Recordó el ministro Guerrero Amparán que aquel escándalo suscitado a raíz de los gastos por la compra de toallas de 4 mil pesos y el mobiliario, entre otros, la Presidencia tuvo a bien poner en la página la información correspondiente, igual que ocurrió cuando el asunto de los vestidos que fueron donados. Pero otros 20 casos de peticiones de información no han sido resueltos.
“No hubo un acuerdo en la interpretación respecto a las razones de que la esposa del expresidente Fox no fue servidora pública, pero lo que sí está claro es que fueron recursos públicos los que se aplicaron con fines privados».
La Ley Federal de Transparencia, explicó, es muy clara. El artículo 108 establece que todo aquel que ejerce recursos públicos, como fue el caso de la señora Sahagún de Fox, tiene que rendir cuentas de los mismos, como no ocurrió para informar sobre el monto de los que aplicaron ella y su equipo de colaboradores.
El expediente 2872/06 JPGA Presidencia REV AD PLE 17ene07 (11 ene07) ACC MABR del IFAI, se precisa que “En su solicitud de acceso a información el hoy recurrente requirió a Presidencia de la República el monto total y desglosado de los recursos públicos erogados en Martha Sahagún de Fox desde su matrimonio con Vicente Fox Quesada, entonces presidente de la República, hasta el 13 de octubre de 2006, fecha de la solicitud».
“En su respuesta, Presidencia de la República informó al hoy recurrente que dado que Martha Sahagún de Fox no era servidora pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 constitucional no existían percepciones gastadas específicamente en ella.
“Asimismo, el sujeto obligado manifestó que la solicitud de información estaba fuera del marco de la ley al no referir la información contenida en documentos que registren la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, por lo que informó al particular que no podría atender su solicitud de acceso», señala el documento oficial del IFAI.
Al interponer el recurso de queja ante el organismo para la transparencia del gobierno, se precisa: “Inconforme con la respuesta de Presidencia de la República, el particular interpuso el presente recurso de revisión, en el que señaló como acto recurrido lo siguiente: “Se está ocultando arbitrariamente información de carácter público».
En el apartado Otros elementos que considere someter a juicio del IFAI, el interesado agregó: “Yo no pregunté si la señora Sahagún es o no funcionaria pública, aunque no lo sea se ha transportado con cargo al erario, ha vivido con dinero del erario en estos años y por lo tanto, exijo mi derecho a ser informado.
“De lo anterior se advierte que el recurrente impugnó la respuesta del sujeto obligado por considerar que la información solicitada refiere directamente al ejercicio de recursos públicos y por lo tanto existe en los archivos de Presidencia y tiene naturaleza pública».
En el documento del IFAI, de 28 páginas, se lee en la parte de Alegatos: “Una vez admitido y notificado el presente recurso, el sujeto obligado remitió a este instituto su escrito de alegatos, en el que además de reiterar que no era posible considerar a Martha Sahagún de Fox como servidora pública, aseguró haber enviado al hoy recurrente la información relativa a los gastos erogados por el entonces presidente de la República y su esposa correspondientes a la partida 3825 Gastos inherentes a la investidura presidencial».
Después de que se analizó el fondo de la cuestión, se propuso el siguiente proyecto: “De acuerdo con lo expuesto en los considerandos anteriores, el sujeto obligado no cumplió con la obligación de acceso que establece el artículo 42 de la ley. Pues, por una parte, no acreditó ante este instituto haber enviado al recurrente la informa-ción relativa a los gastos ejercidos en torno a Martha Sahagún de Fox a través de la partida presupuestaría 3825 Gastos inherentes a la investidura presidencial y, por otro, omitió pronunciarse respecto a otros gastos en los que pudo haber incurrido el gobierno federal relacionados con la esposa del entonces presidente de la República».
Está perfectamente justificado que el IFAI solicite esta información y tome las medidas del caso, comentó en entrevista con la doctora Silvia Gómez Tagle, investigadora de El Colegio de México, “porque si no fue funcionaria pública doña Martha, esta condición no le impidió gastar recursos públicos».
El asunto tiene que ver con el derecho a la información, dijo, pero la respuesta fue limitada en términos de interpretación, parecida a la que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando se reclamó aclarar la información relativa a las elecciones federales del 2006, al no tener bien definido en la ley que los votos no son documentos públicos, sino privados, en cuanto a que el voto es secreto.
“Se presta a que se oculte la información, porque hay que definir antes qué es información pública y cuál es la privada en la exigibilidad de los derechos. Finalmente no hay un procedimiento legal que se pueda seguir para hacer efectiva la solicitud en este caso a la Presidencia».
Pero si la institución no atiende a la solicitud y da una respuesta trivial y elude su responsabilidad, ni el IFAI tiene medios para hacer cumplir la Ley de Transparencia, que no establece ningún castigo para quien no la cumpla. Cuando no hay castigo incluido, la ley es letra muerta, afirmó.
“Eso es lo que pasa con el derecho a la información en muchos casos. Y no me parece trivial el caso de Martha Sahagún, porque tiene que ver con la disposición de recursos públicos para fines privados. Con toda esa ineficiencia del IFAI que debería garantizar el derecho a la información. Habría que explicar qué es público y qué es privado, que ponen en evidencia las debilidades del IFAI, que fue uno de los logros del foxismo».
Si no se establecen las penalidades en la ley, agregó, queda fuera del alcance del ciudadano el cumplimiento del derecho a la información.
