. La violencia de género y la feminización de la pobreza y la discriminación, son temas que siguen siendo graves en México, consideró el director de área de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CNDH), Ricardo Ruiz Carbonell.
Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo
En entrevista, previo a dictar una conferencia acerca de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el especialista señaló que las agresiones físicas, emocionales, psicológicas y económicas contra las mujeres es una “agenda común» de todos los estados de la República, donde “nadie se puede decir salvado» de la violencia de género.
Expuso que la feminización de la pobreza es un problema serio en países con economías en transición como consecuencia a corto plazo de transformación política, económica y social, explicó, “influyen factores de carácter económico, la rigidez de las funciones que la sociedad asigna por razones de género y el limitado acceso de la mujer al poder, la educación, la capacitación y los recursos productivos».
Ruiz Carbonell destacó que “ha quedado demostrado que la inversión en la educación y la capacitación formal y no formal de las niñas y las mujeres es uno de los mejores medios de lograr un desarrollo sostenible y un crecimiento económico a la vez sostenido y sostenible» al explicar posibles caminos de solución a la ancestral problemática.
“La discriminación en los sistemas de educación y capacitación, así como en las prácticas de contratación, remuneración, ascenso y movilidad horizontal, las condiciones de trabajo inflexibles, la distribución inadecuada de las tareas familiares, junto con la insuficiencia en servicios como los de guardería restringen el empleo y las oportunidades profesionales», expuso al referirse a los casos de discriminación hacia las mujeres en el ámbito profesional en el que se desempeñe.
Acerca de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombre publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 2 de agosto de 2006, Carbonell explicó que la misma pretende reconstruir a partir de un “nuevo pacto ciudadano», las relaciones sociales que existen actualmente entre ambos géneros en nuestro país, a fin de contar con una base legal que permita recuperar la igualdad de oportunidades.
“Algunos de los avances más significativos de este instrumento son: impulsar los liderazgos igualitarios, el derecho a votar y tener oportunidad para ocupar cargos públicos, evitar la segregación laboral, la promoción del goce de derechos sociales, la erradicación de la violencia de género y la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas», precisó el conferencista. Al respecto, explicó que los antecedentes duros de la Ley son las luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos, puesto que es al sexo femenino al que con mucho mayor frecuencia se le violenta.
“No basta con prohibir la discriminación por razones de género, sino que hay que promover la igualdad de acceso a las oportunidades y un trato digno para la mujer de manera simultánea y complementaria. Asimismo, es necesario impulsar la participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones que les afectan y en el desarrollo de políticas públicas que permitan remontar las injusticias históricas que se han acumulado en torno a ellas, para que de manera paulatina se logre acabar con la pobreza, el analfabetismo y la discriminación que han sufrido por décadas».
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto “regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres». Con este precepto se abren las posibilidades para el diseño de políticas públicas y acciones afirmativas que equilibren las condiciones de desigualdad que aquejan a este grupo.
Además, incorpora como uno de sus aciertos más plausibles de conformidad con su artículo 33, el “establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los procesos productivos», así como el “desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con perspectiva de género en materia económica».
También contempla la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo. La asignación de partidas específicas para promover la igualdad entre los sexos ha sido considerada por los especialistas como uno de los aspectos o elementos esenciales para disminuir la desigualdad y promover la equidad de género en un escenario de violación de derechos humanos por motivos de sexo o género.
Entre otras virtudes de la ley, se menciona también el promover la participación y la representación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección popular, la promoción de la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres, el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil y la eliminación de los estereotipos establecidos en función del sexo. (Desde Abajo)