Con la negativa de registro a la niña Doni Zänä, de la etnia hñähñú, las autoridades estatales violan la declaración de los Derechos del Niño de 1959, así como la Convención sobre los Derechos de la Infancia de 1989, entre otros tratados internacionales firmados por México. El argumento institucional es que el nombre solicitado por sus padres “no es registrado por la computadora».
Por: Tania Meza Escorza / Desde Abajo
Pachuca, Hgo. México. Tanto las autoridades del municipio de Tepeji del Río, como el Registro Estatal de Hidalgo, han negado el registro de la niña Doni Zänä Cruz Rivas, porque el sistema de cómputo implementado para registrar a las y los bebés no permite escribirlo como sus padres lo solicitan. La sugerencia gubernamental ha sido escribirlo sin las diéresis, ni el guión bajo, o bien elegir otra opción.
Marisela Rivas y César Cruz, padres de la pequeña, ambos pertenecientes a la etnia hñähñú del estado, alegan no sólo su derecho a elegir el nombre de su hija, sino que argumentan el drástico cambio de significado si escriben el nombre como sugiere la autoridad. Doni Zänä, significa “flor de luna», en cambio Doni Zana, es el equivalente a “piedra que muerde».
Desde hace más de un año, los padres de Doni Zänä han realizado un largo peregrinar por diversas dependencias del gobierno de Hidalgo para poder ejercer su derecho, pero en la alcaldía de Tepeji, en el Registro del Estado Familiar, en las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y hasta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la respuesta ha sido la misma: dejar a un lado el “capricho» y buscar un nombre “menos complicado» que ahorre problemas a la niña.
Con lo anterior, los diversos funcionarios estatales que han negado a la niña hñähñú la posibilidad de ser registrada con el nombre que sus padres eligieron, violan la declaración de los Derechos del Niño, en donde se estipula como principio 1, que: “El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración (…) reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de su familia». Más adelante, el principio número tres enfatiza que “El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad».
Esta declaración de los Derechos del Niño, fue adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar de la infancia.
Otro tratado internacional firmado por México al cual faltan las autoridades de Hidalgo, es la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la ratificación por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1989, la cual entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.
El artículo 2 de esta Convención, estipula que los Estados Partes respetarán los derechos enunciados y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el sexo, el idioma, el origen nacional, étnico o social (…) y que evitarán que el niño sea discriminado. El artículo 4 compromete a los firmantes a adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos». Más adelante, el artículo 7 establece que “el niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre y a adquirir una nacionalidad».
Finalmente, el octavo artículo es todavía más claro: “Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas».
Los progenitores de la niña han asegurado que no cejarán en su lucha y que llevarán su caso ante el Encuentro Latinoamericano de Registro Civil e Identidad, el cual tendrá lugar en el Distrito Federal, el próximo mes de junio.
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