Hace un año y medio las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) despidieron a doctor Pablo Vargas González, bajo el argumento de que el investigador era “comunista». Hoy, tras un juicio plagado de irregularidades, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje determinó que el despido de Vargas González fue totalmente legal y que la universidad sólo debe pagar veinte mil pesos de liquidación por 23 años de trabajo, durante los cuales el post doctor en Ciencia Política publicó 22 libros, más de 60 artículos arbitrados y consiguió ser el único investigador estatal con nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores.
Por: Tania Meza Escorza / Desde Abajo
Pachuca, Hgo. México. Este día, el doctor Pablo Vargas González dio a conocer que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) absolvió a las autoridades de la UAEH de reinstalarlo en su puesto como académico universitario con una antigüedad de 23 años, debido a que el investigador no “pudo demostrar» el despido injustificado, y en cambio la UAEH si «mostró» sus pruebas.
El resolutivo fue calificado por el doctor Vargas como una “Obra maestra de la infamia», producto de una “colusión de intereses», ya que Andrés Navarrete, presidente de la JLCA y, por tanto, integrante del consejo que falló en contra de Vargas, es también catedrático de la UAEH, por lo que el demandante lo calificó como juez y parte.
“Desde la primera reunión de ‘conciliación’ planté el conflicto de intereses que tenía el propio presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, licenciado Andrés Navarrete, para conocer el caso puesto que era profesor en el ICSHU, mismo instituto donde se produjo el despido, por lo que era empleado de las autoridades universitarias. Hizo caso omiso de ello, y actuó desde el principio con evidente parcialidad, tanto él como otros funcionarios y empleados de la Junta», aseveró Vargas González.
El post doctor en Ciencia Política informó que «de 43 pruebas que ofrecí presentar fueron desechadas 24 de ellas bajo argumentos rebuscados y que comprobaban el despido injustificado, tales como documentos, fotos y testigos que me favorecían. Y las que pruebas que dejaron fueron desestimadas, por ejemplo no valieron los nombramientos originales para mostrar la relación laboral con la UAEH».
“En cambio –continuó el académico despedido- hubo favoritismo y abierta parcialidad para las actuaciones de los abogados de la UAEH, quienes en todo tiempo tuvieron una actitud agresiva y amenazante, inclusive de faltas de respeto para mí y mis abogados. Lo más grave fue aceptar un documento alterado, en el cual se basó el laudo, mismo que aceptó en su totalidad todas las oposiciones de los abogados de la UAEH, y no examinó ni valoró en lo mínimo las pruebas presentadas por mi parte».
Las principales anomalías reportadas por el doctor Pablo Vargas durante el juicio que finalmente exculpó a la UAEH de su despido, fueron los siguientes: “En la etapa de presentación de pruebas, los abogados negaron sistemáticamente los hechos imputados, declarando que ‘todos’ los hechos eran falsos. Los abogados de la UAEH en su respuesta a mi demanda ‘fundamentaron’ tres vías del caso: Renuncia, despido justificado y rescisión laboral, ninguna de ellas fuertemente sustentadas. Es decir no tenían ningún móvil definido. Esto la facilitó la actuación parcial de la JLCA».
Aunado a lo anterior, el académico señala que “los abogados de la UAEH presentaron dos documentos alterados y fraudulentos de mi ‘renuncia’, y a pesar de haber demostrado la falsedad de esta prueba a través de una investigación pericial de mi parte, la Junta de Conciliación y Arbitraje la consideró como válida. Además, en las pruebas testimoniales, la Junta de Conciliación y Arbitraje, mientras desechó mis testigos, en el caso de la UAEH, por primera vez fueron constreñidos a declarar altos funcionarios, exceptuando a Luis Gil Borja. Sin embargo los testigos: Adolfo Pontigo (director del ICSHU), Juan Manuel Camacho ÿngeles Director general Jurídico), Mario Salinas Díaz (secretario Administrativo), Luis Osorio Castro (director de Inventarios) no sólo se condujeron con falsedades sino también expusieron evidentes contradicciones, que constan en la crónica de las audiencias».
Finalmente, Vargas González aseguró que apelará la sentencia ante instancias federales en donde espera “verdadera imparcialidad» porque en el ámbito local “la sentencia de la JLCA es una obra maestra de la infamia y de la impudicia». Además, aseguró que la justicia laboral en Hidalgo es una quimera. Los trabajadores se encuentran indefensos ante autoridades laborales carentes de sentido de justicia y honorabilidad». (Desde Abajo)
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