. Carta enviada por la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh) a Amor Lajud Rivero, coordinadora general del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo 2007, del 22 de febrero de 2008.
A Amor Lajud Rivero, coordinadora general del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo 2007
A los integrantes del Consejo
A los y las periodistas de México
A la Sociedad Civil Organizada
Al Pueblo de México
Quienes suscribimos esta carta manifestamos nuestra sentida preocupación por la inclusión de autoridades y representantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en el jurado calificador de la presente edición del Premio Nacional de Periodismo, reconocimiento vital para la vida democrática de nuestro país y celebración fundamental para la libre expresión.
Esta zozobra, se deriva de las múltiples y documentadas ofensas que, precisamente, quienes manejan actualmente a la UAEH han perpetrado contra el libre periodismo en Hidalgo. No sólo fue la negativa de invitación para asistir a la ceremonia y conferencia de prensa de anunciación celebrada el 30 de junio a los y las periodistas y medios de comunicación que han mantenido una postura crítica hacia los manejos políticos, administrativos, financieros y académicos de la máxima casa de estudios del pueblo hidalguense, sino los constantes actos de represión que desde hace 25 años, sus autoridades han perpetrado contra estudiantes, profesores y sociedad civil que se han atrevido a denunciar las múltiples violaciones a los derechos humanos que allí han acontecido, entre las que se incluyen la misma facultad de expresión e información.
Basta recordar que desde el año 2004, el ex rector y vigente oligarca de la UAEH, Gerardo Sosa Castelán –quien actualmente se desempeña como diputado federal del PRI por Hidalgo-, ha mantenido una demanda infame contra el prestigiado periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el escritor pachuqueño, Alfredo Rivera Flores, por la publicación del libro “La Sosa Nostra. Porrismo y Gobierno coludidos en Hidalgo” (Porrúa, México, 2004), acusándolos de “difamación” y “daño moral”.
La obra describe como a lo largo de los últimos 25 años, la UAEH se ha destacado, no precisamente por sus aportaciones científicas al estado, sino por la serie de políticas represivas y porriles contra la comunidad universitaria, extendiendo su periodo de más terror hacia la ciudadanía hidalguense en general, justo cuando Sosa Castelán arribó a la jefatura de la extinta agrupación delincuencial llamada Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH), pasando por la secretaría general y la rectoría de la Universidad, hasta nuestros días.
El ejercicio libre y necesario de Granados Chapa y Rivera Flores les valió la demanda de Sosa Castelán, sin que a la fecha se les haya comprobado tales delitos; más aún, según la defensa de los autores, la acusación se le desvanece a dicho cacique político pues sus imputaciones carecen de valor, acaso, por volcar a los abogados y funcionarios de la UAEH contra los periodistas.
Cabe destacar que la defensa de estos periodistas corre a cuenta de Libertad de Información México A.C. (Limac), quien en todo momento se ha destacado por la defensa de este derecho.
Si bien es cierto que la demanda es uno de los últimos casos más trascendentes de su larga historia de represión, también se incluyen lo que la rectoría, sindicato académico, director y coordinadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu) de la UAEH le han hecho a su plantilla académica.
En enero y febrero del año 2006, el director del ICSHu, Adolfo Pontigo Loyola y los coordinadores de las licenciaturas en Comunicación, Sociología y Ciencia Política, Mauricio Ortíz Roche, Silvia Mendoza y Jorge Peña Zepeda, respectivamente, operaron la salida violenta e injustificada de los profesores Mtra. Tania Meza Escorza, Lic. Tonatiuh Herrera Gutiérrez y Dr. Pablo Elías Vargas González.
Sus despidos se dieron por motivos políticos, relataron los varios medios locales, nacionales e internacionales en sus ejemplares de entonces, destacando el caso del Dr. Vargas González, quien siendo el único investigador categoría II del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) en toda la UAEH y el estado, Pontigo Loyola lo echó de su cubículo de investigación, custodiado por dos elementos de seguridad, acusándolo de “comunista”. Por su parte, la mtra. Meza Escorza y el Lic. Herrera Gutiérrez, fueron rescindidos por negarse a ser coparticipes del acarreo de estudiantes, administrativos y académicos del ICSHu a un mitin que en Pachuca tendría el entonces candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo Pintado (24 febrero 2006), lo que a la postre se conoció como el “martes negro” del priísta, en los medios nacionales.
Los hechos valieron un movimiento reformista al interior de la Universidad por parte de los académicos, suscitándose, al tiempo, otros ceses y actos de intimidación contra estudiantes y catedráticos que se atrevieran a apoyar el reclamo, que contó entre sus actos, los violencia física contra los profesores por parte de los actuales militantes de la porril FEUH, esto, durante el segundo informe del rector Luis Gil Borja.
Lo antes relatado, valió la reprobación de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) a lo hecho por la UAEH contra sus profesores.
Respetable Consejo:
Los hechos arriba relatados han sido perpetrados por las autoridades de la UAEH en los últimos cuatro años. A la fecha, las coordinaciones de comunicación mantienen un cerco informativo contra periodistas locales que han relatado la serie de abusos y violaciones ocurridas en nuestra amada Universidad, llegando hasta las amenazas directas que han tenido lugar a denuncias ante la Procuraduría de Justica de Hidalgo.
Por eso mismo, nos preocupa e indigna la inclusión de sus representantes para calificar a quienes habrán de ganar el Premio Nacional de Periodismo en esta edición, cuando, justamente, ha sido el periodismo veraz, valiente y trascendental lo que la UAEH ha castigado.
Solicitamos a ustedes reconsiderar esta decisión y exigimos de parte del rector, Luis Gil Borja; al director del ICSHu, Adolfo POntigo Loyola y profesores y profesoras que habrán de participar del jurado, desistir en hacerlo, acudiendo a la congruencia ética y por respeto a quienes en todo México se han esforzado por evitar en el periodismo las prácticas violentas que, precisamente, la UAEH ha llevado a cabo.
En tiempos donde las y los periodistas han perdido la vida por su valentía al informar, haciendo de México, el segundo país más peligroso para este oficio en el mundo, este reclamo nos parece más que oportuno y necesario.
Atentamente
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C.
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