La Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) levanta una protesta contra los operativos miliares realizados en diversos puntos del estado de Hidalgo y hace un llamado de atención sobre las amenazas a los derechos humanos que implica que elementos militares patrullen las calles y suplanten a las fuerzas de las corporaciones policiacas locales.
Por Desde Abajo
Pachuca.- Ante el inusual despliegue de células del Ejercito Mexicano y de la 18° Zona Militar asentada en el estado de Hidalgo, realizado los días 6, 7 y 8 de junio del presente en las principales ciudades de la entidad, la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) quiere llamar la atención sobre los riesgos que implica que elementos militares patrullen las calles y suplanten a las fuerzas de las corporaciones policiacas locales.
En un comunicado de prensa, la asociación recuenta que Hay antecedentes recientes en ciudades y estados (Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Veracruz, entre otras) en que el poner elementos militares en funciones de seguridad pública, ha ocasionado lamentables sucesos relacionados con los derechos humanos, puesto que los elementos militares no están facultados ni capacitados para hacer funciones de vigilancia, ni persecución de delitos.
El operativo se realizó en las ciudades de Pachuca, Tulancingo y Apan, desplegando a más de 250 elementos que conformaron patrullas para recorrer distintos barrios y colonias de estas ciudades. Se sabe que estos convoyes dispusieron de 50 vehículos Hummer y 2 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana. Los elementos castrenses iban equipados con chalecos antibala y armas de alto calibre.
Sorprende y preocupa que en la ciudad de Tulancingo las patrullas del Ejercito Mexicano hayan “desarmado” y “despistolizado” a los elementos de la policía municipal, hecho en sí mismo peligroso, no sólo porque no le fue informado a las autoridades municipales, sino porque puso en riesgo la seguridad de los habitantes de la segunda ciudad más grande de la entidad.
Las acciones realizadas en este operativo militar fueron la “revisión de vehículos” y la introducción en las casas, sin contar con orden de cateo y sin orden de aprehensión alguna. Ante las llamadas de preocupación, temor e incomodidad que recibimos, la ACADERH plantea que las acciones del Ejercito Mexicano no se encuadran en lo que dispone la Carta Magna, relativo a las funciones militares, ni tampoco a lo que dispone el artículo 16 constitucional y demás alusivos al debido proceso y las garantías individuales.
También los “retenes” dentro de la ciudad de Pachuca (Bulevar Bonfil y el establecido en la carretera Pachuca-Tulancingo) no son constitucionales puesto que interfieren la libertad de libre tránsito de los ciudadanos (Artículo 11 constitucional). La CNDH ha declarado que los “retenes” no tienen sustento legal (11 de octubre de 2007), pero se siguen estableciendo.
Al respecto, organizaciones de derechos humanos de la Huasteca y Sierra Hidalguenses, vienen impugnando la constante presencia de “retenes” e “incursiones” militares en municipios y comunidades indígenas de esa región. El pretexto ha sido la búsqueda de “gente armada” en caminos vecinales, veredas y sembradíos, lo cual constituye una perturbación a la vida cotidiana de los pobladores de la región y un aumento en la presión sobre los grupos y organizaciones de defensa de la tierra, mismos que podrían ser blanco indirecto de los militares.
Llama la atención que las autoridades civiles hayan declarado que el operativo sea “normal” o simples “revisiones de rutina”. No son normales, puesto que son hechos inusuales, ni son rutinarios, porque no se han realizado con anterioridad.
En mayo de 2008 altos funcionarios de seguridad pública estatal, habían señalado que sólo sí se “recrudece la inseguridad en Hidalgo se pediría la intervención del ejercito federal”. Ante el patrullaje del ejército, se debe explicar e informar a los ciudadanos el grado de riesgo en que se encuentra el estado de Hidalgo y sus habitantes.
Los hidalguenses tenemos derecho a conocer las condiciones de seguridad para así tomar las precauciones y previsiones pertinentes.
Manifestamos nuestro desacuerdo en catalogar como “normal” el que el Ejército patrulle las calles de nuestras ciudades.
Por lo anterior la ACADERH solicita a las autoridades civiles de Hidalgo, ejecutivas, legislativas y judiciales):
1° Mantener estrecha relación con las autoridades federales para que los dispositivos de seguridad sean mutuamente coordinados, y no suplanten a las corporaciones policiacas locales
2° Vigilar que los despliegues militares cumplan con actos establecidos por la ley e impedir que causen temor y zozobra entre los ciudadanos o vulneren las garantías individuales establecidas por la constitución y
3° Informen y expliquen a la población civil de Hidalgo el alcance y duración de estos operativos así como también el grado de seguridad pública en la entidad.
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