. Denuncias de beneficiarios de programas sociales, quejas del Sindicato de trabajadores y múltiples acusaciones ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, son algunos de los casos que caracterizan la administración de la delegación en Hidalgo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo – Contralínea
Pachuca, Hgo., México.- Al interior de la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Hidalgo, tiene curso una serie de irregularidades administrativas que, como nunca antes, ha puesto en duda la ética que se sugiere, deben distinguir a la dependencia.
Todo comenzó en noviembre del 2007 cuando a la delegación llegó, autoexiliada de Italia, una trabajadora restaurantera de nombre Genoveva Latapí Ortega, quien, por recomendación de un ex alto funcionario central de la Sedesol, ocupó la Coordinación de Programas y Áreas de Apoyo de la delegación.
Desde entonces, un promedio de 15 promotores sociales han sido despedidos sin justificación; se le ha descontinuado el sueldo a más de dos; en su lugar, se ha colocado a personal no calificado; se han deteriorado las relaciones con las organizaciones de jornaleros agrícolas , y en suma, la delegación enfrenta demandas laborales, que le ha valido el franco descontento de la 12va sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Social (SNTSEDESOL).
En el oficio número 152/2007 firmado por Magdalena Montiel Hernández, secretaria general de la SNTSEDESOL en Hidalgo, dirigido al que entonces era delegado de esta secretaría, Carlos Villegas Flores, el 22 de noviembre del 2007, la líder sindical sale a la defensa de su agremiada Bertha Armenta Islas quien fuera removida por Latapí Ortega sin justificación de su puesto como secretaria adscrita al Programa de Jornaleros Agrícolas.
Montiel Hernández expresa la “molestia de esta sección sindical” porque “sabemos perfectamente” que la remoción de Armenta Islas se dio sin que Latapí Ortega supiera cómo se desarrollaba el trabajo de afectada y a “días de haber llegado a esta delegación, ya estaba solicitando el cambio de la trabajadora”.
La versión de Armenta Islas coincide con el reclamo de su dirigente sindical. Su remoción no sólo fue injustificada, sino ridícula, pues se dio luego de que ésta solicitara a Latapí Ortega no fumara cerca de ella por afectarle a su salud. Tras su enojo, la coordinadora interpuso ante el entonces subdelegado de Desarrollo Social y Humano, José Antonio Cuevas Durán, la remoción de la trabajadora.
Por eso, el SNTSEDESOL hidalguense solicitó a Villegas Flores “hable con la Sra. Latapí, ya que ella es la que integra este equipo de trabajo y le exigimos respeto a todos los trabajadores”.
Pero el respeto nunca llegó. Y no sólo hacia trabajadores sindicalizados, sino a trabajadores comunes, con quien Latapí Ortega se ha distinguido por su “despotismo”, según relata Raúl Pineda Vite, quien fuera despedido por la funcionaria de su trabajo como coordinador de Difusión, Capacitación y Control de la Red de voluntarios de la delegación estatal de la Sedesol.
“Ineptitud, despotismo”
Inconforme por lo allí sucedido, Pineda Vite expone la situación en una carta abierta dirigida al presidente Felipe Calderón, apenas el 12 de mayo del 2008, copia de la cual obra en poder de esta redacción.
En ella, el ex trabajador lamenta cómo a dos años de llegar a la Presidencia “ha resultado verdaderamente decepcionante ver la casi nula presencia de personas comprometidas con el sentido de la ética en las Representaciones de la Administración Pública Federal”.
De esta forma –señala-, el recientemente llegado nuevo delegado en Hidalgo de la Sedesol, José Ángel Rodríguez Calvillo, “ha mantenido una postura tibia” ante las “injusticias” de Genoveva Latapí Ortega, de quien refiere “se ostenta como licenciada (y) tiene apenas la preparatoria terminada, firmando documentos oficiales, usurpando profesiones.”
Y añade sobre la funcionaria: “Mantiene un trato de despotismo hacia las personas y a partir d su ingreso ha realizado el despido injustificado de 15 personas quienes trabajan como promotores sociales del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (…) quienes ya han interpuesto una demanda ante las autoridades competentes y cuyas demandas se encuentran resguardadas en el área jurídica de la Sedesol Hidalgo y a fechas recientes el despido injustificado de 3 personas más…”
Pineda Vite acusa que “los actos de injusticia” de Latapí Ortega “son enteramente aceptados” por el subdelegado de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Aguirre Maldonado “quien solapa cada uno de los actos de ineptitud”, debido a la relación sentimental que mantienen.
Además de señalarla como una “priísta con nexos con el Gobierno del Estado”, Pineda Vite le imputa a Latapí Ortega “falta de conocimiento para manejar los programas sociales, nepotismo, despido injustificado, desvió de recursos, entre otros”
Y es que según la “Descripción de funciones de Coordinador de Programas y Áreas de Apoyo”, emitida por la Sedesol, Latapí Ortega tuvo que cubrir el perfil académico que le requiere contar con “Todas las carreras a nivel pasante o terminado, o formación afín en alguna (s) dependencia (s) de la Administración Pública”. No obstante, según consta en una copia del currículum de la funcionaria, en manos de esta redacción, ésta apenas cuenta con estudios de preparatoria
Además, quien ocupe tal coordinación –refiere la descripción-, deber “tener cuando menos un año de experiencia como coordinador de capacitación, jefe de relaciones públicas, coordinador de desarrollo de proyectos sociales o trabajo con grupos sociales, en puestos de la administración pública, empresa privada u organizaciones de la sociedad civil. Ester perfil tampoco se cubre, pues el currículum de Latapí Ortega sólo advierte dos trabajos anteriores
“Ofensas”
La situación que priva al interior de la delegación estatal de la Sedesol, no sólo ha pegado al desarrollo interno de la dependencia, sino al exterior, con quienes se supone son sus beneficiarios.
Según consta en una misiva enviada al delegado José Ángel Rodríguez Calvillo el 2 de abril de este año por parte del delegado municipal de la comunidad Tzinancatitla, Jaltocán, Nolasco Reyes Lara, se alega la falta de información, desatención y engaños por parte de la oficina de atención a jornaleros agrícolas de Huejutla hacia la organización de trabajadores de ese lugar.
Nolasco Reyes Lara le hace saber a Rodríguez Calvillo que en los integrantes de su organización jornalera “no sentimos molestos, enojados y ofendidos”, por la situación que deriva de la responsabilidad de Latapí Ortega, a través del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas a su cargo.
Reyes Lara explica como el encargado de esta oficina en Huejutla “Romero o Homero (…) porque ni el nombre sabemos, con eso de que no va a la comunidad” , “no nos ha dicho donde se compraron estos materiales (para la construcción de casas comerciales, según lo establece el proyecto comunitario de la organización) y cuanto costaron y ninguna de las facturas. Además, no nos tomaron en cuenta para ver qué casa comerciales se iban a invitar para que se dieran sus precios. Porque antes sí nos daban todas las copias y toda la información de nuestros proyectos y ahora no.
“El día que fuimos (El encargado de la oficina) no nos atendió bien, ya que nos dijo que no sabe nada de estos documentos, que ni el día en que su señora cumple años, y en relación a los precios se molestó y dijo que lo investigara. Por eso nos sentimos molestos, enojados y ofendidos. Se supone que él está allí para atendernos no para que nos ofenda”, acusa el delegado comunitario.
Los hechos violan artículo 10 de los “derechos y obligaciones de los sujetos del desarrollo social”, el cual, señala que lso beneficiarios de los programas de desarrollo social tienen el derecho a “recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad” y “acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura”.
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