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viernes, julio 26, 2024

Libertad de información en México, obstaculizada por organismos oficiales

. El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, caracterizadas por una cultura de secretismo, el ocultamiento de información y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma

Por Desde Abajo

Pachuca.- Ante una Ley de Transparencia deficiente, las organizaciones de la sociedad civil en Hidalgo que componen la Unidosch, se han propuesto impulsar la cultura de la transparencia en medios de comunicación, en ciudadanos y desde luego entre funcionarios públicos de la entidad.

Este fue el saldo principal del Foro “México Abierto” que el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh) llevaron a cabo en la Fundación Arturo Herrera Cabañas este miércoles.

Ahí, el presidente de la Acaderh, Pablo Vargas González, afirmó que los hidalguenses y los mexicanos demandan gobiernos que aseguren el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

“La transparencia y rendición de cuentas son indispensables para la consolidación de la democracia., puesto que sólo con una administración pública eficaz y honesta se podrá recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones”, dijo.

Y es que esta semana del 30 de septiembre al 5 de octubre, la Unidosch está organizando algunos eventos sobre todo en vinculación con los medios de comunicación (Prensa, radio, televisión e Internet) hidalguenses, para sensibilizar sobre el ejercicio del derecho a la información establecido en la Ley de Transparencia.

De esta manera, la Acaderh coordinó el foro “México Abierto”, el cual es un proyecto del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo y The National Security Archive, y es posible, gracias al apoyo de la William and Flora Hewlett Foundation.

Los objetivos de este proyecto son: Promover el derecho a saber entre la sociedad, los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones no gubernamentales y demás actores interesados en la transparencia y el acceso a la información. Fomentar que la ciudadanía ejerza un efectivo contrapeso ante el gobierno mediante el uso de leyes de acceso a la información. Propiciar una discusión ciudadana sobre la importancia de un gobierno abierto y el derecho a saber.

“El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras democracias, caracterizadas por una cultura de secretismo, el ocultamiento de información y por organismos públicos cuyas políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a la misma”, enfatizó Vargas González.

Señaló que si bien se reconoce que hay un avance en que el acceso a la información sea concebido como un derecho humano, se insiste en la necesidad de que este reconocimiento sea acompañado por un régimen jurídico que contenga ciertos elementos y garantías para que se haga efectivo. Todavía muchos ciudadanos desconocen los mecanismos para hacer efectivo este derecho.

Entre los elementos y garantías que deben considerarse en ese régimen de acceso a la información, se puso atención al principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, excepto cuando está sujeta a un sistema de restricciones.

Además, la creación de organismos autónomos que propicien el ejercicio de este derecho, y de carácter ciudadano, que permita un real contrapeso a los poderes públicos y sociales. Las personas no tienen que acreditar un interés directo para obtener información, ya que el Estado debe darles la información que soliciten, a menos que a ese pedido se le aplique una restricción legítima.

“Después de cinco años de vigencia de la Ley de Transparencia, en México son más las dudas que despierta que las certezas que genera, la ausencia de información, que con carácter permanente debe estar a disposición de la ciudadanía”, concluyó el presidente de la Acaderh.

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