. A la víspera de los resultados y lejos de vislumbrarse una solución, el conflicto ambiental opacan los festejos gubernamentales por la nueva refinería, ya que se advierte un shock en materia de salud pública si se llegara a concretar el proyecto, pues, lo único que se ha hecho para saldar la contaminación en la zona, en el caso de Caleras Beltrán, es la siembra de 130 árboles que la administración de la empresa ordenara en un terreno de su propiedad, como “compensación” a sus emisiones contaminantes.
Por Luis Alberto Rodríguez / Desde Abajo*
Además de las elecciones al Congreso, fuertes recursos humanos y financieros del Gobierno del Estado se vuelcan hoy mismo hacia la construcción de la nueva refinería de Pemex, en la región Tula – Tepeji. Esto no es un secreto. Sin embargo, lo que el Ejecutivo sí prefiere mantener bajo un lienzo opaco, es que ésta zona del valle tolteca es uno de los 30 territorios más contaminadas de México, según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Y a pesar de los embates políticos y de cartera que están maniobrando para hacerse de los terrenos para la construcción del proyecto, el gobernador Osorio Chong opta por dejar fuera de la mesa de negociación las complicaciones a la salud y al desarrollo humano que éste representa; de tal manera, no se ha pronunciado críticamente sobre las empresas y corporaciones responsables de la problemática, que por más de 40 años ha azotado a su población. Tal es el caso del municipio de Atotonilco de Tula y su cáncer: Caleras Beltrán.
Asentada en la demarcación Tolteca, que se compone entre la región Tula-Tepeji del Rïo, Hidalgo -una zona que en la década de 1990 le valió ser considerada una de las más contaminadas del mundo-, el consorcio productor de hidróxido de calcio (cal) dirigido por el Grupo Beltrán, mantiene a más de 3 mil 500 pobladores tulenses bajo el acecho de toneladas de azufre, emanado de la indiscriminada quema de la sustancia denominada Coque, combustible que requiere para la elaboración de sus nueve productos en oferta.
Han sido 40 años de constante contaminación ambiental en esta región, donde la calidad del aire en la región es “extremadamente mala” con índices de polución de hasta 200 puntos Imeca, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Pero desde 1922, Caleras Beltrán ha llevado la batuta del problema. Por eso, cansados del histórico legado de enfermedades respiratorias, dérmicas y gastrointestinales que la población ha sufrido por la invasión química, organizaciones ambientales emprendieron la lucha para detener las graves violaciones normativas, legales y constitucionales que comente esta industria como lo es el derecho a un medio ambiente sano, a la salud y a la vida, según el artículo cuarto constitucional; el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; varios artículos de la Convención de los Derechos de los niños de la ONU; la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente; la Norma Oficial Mexicana 085-SEMARNAT-1994 y los artículos 8, 10, 15, 41 y 42 de la Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo; entre otros instrumentos legales internacionales legales en materia de derechos humanos dedicados a defender garantías económicas, sociales, culturales y ambientales ciudadanas.
Además, Caleras Beltrán está faltando a su compromiso de elaborar y echar a andar un “plan de restauración y protección ambiental”, con el objetivo de disminuir el uso de coque como combustible, donde propone instalar colectores más eficientes y reducir el uso del coque al 50{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} en un año y al 30{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} de uno a tres años, cambiando la quema de coque por el uso de gas natural como combustible para la producción de cal.
Pero al margen de la preservación de sus derechos, yace sobre los inconformes –varios de ellos indígenas-, el peso del Estado, que ha criminalizado la causa ambiental en la región, de tal modo que la Dirección General de Gobierno del estado de Hidalgo ha elaborado un análisis sobre los “nexos políticos” que a juicio de sus informantes tienen los líderes de las organizaciones de derechos humanos que han expuesto el caso, tal cual lo confirman documentos desclasificados de esa oficina y denuncias al respecto presentadas por los propios ambientalistas. Al mismo tiempo, Caleras Beltrán interpuso una denuncia penal acusándoles de “robo, agresiones y daño en propiedad ajena”, luego de que los inconformes – al no cumplir la empresa con lo pactado en las mesas de negociación-, bloquearan la entrada de sus instalaciones para evidenciar los graves daños ambientales y sus consecuencias.
Caso Caleras Beltrán ¿Qué hay detrás?
En esta región, donde se pretende instalar la nueva refinería se ha registrado un incremento del 11 por ciento en enfermedades gastrointestinales y respiratorias, según lo reveló el secretario de Salud del Gobierno de Hidalgo, Jorge Islas Fuentes. Por eso, a finales de este mes se entregarán los resultados del llamado “Estudio Epidemiológico de Tula-Tepeji” realizado en los 10 municipios que comprenden la región tolteca, para conocer los niveles de contaminación y su impacto en la salud de esta zona.
A la víspera de los resultados y lejos de vislumbrarse una solución, el conflicto ambiental opacan los festejos gubernamentales por la nueva refinería, ya que se advierte un shock en materia de salud pública si se llegara a concretar el proyecto, pues, lo único que se ha hecho para saldar la contaminación en la zona, en el caso de Caleras Beltrán, es la siembra de 130 árboles que la administración de la empresa ordenara en un terreno de su propiedad, como “compensación” a sus emisiones contaminantes.
Por lo demás, tres puntos más que cumplir de una minuta pactada entre autoridades, inconformes y la industria, en la que se incluye la reducción de quema de Coque en un 50 por ciento en un año; asunto que de julio de 2008 a la fecha, no ha ocurrido, en el lapso de cancelaciones y largas de posibles reuniones que la Subsecretaria de Gobierno estatal y las delegaciones ambientales del Gobierno Federal han hecho, lo que para los pobladores, resulta más que una burla.
Luego entonces, se preguntan ¿Qué intereses políticos hay detrás de Caleras Beltrán? ¿Por qué las autoridades están empeñadas en protegerlos a tal grado? El asunto se enmarca en décadas de impunidad en la que las industrias de la zona se han regodeado.
Por ejemplo: algunas paraestatales como Pemex y su sindicato de trabajadores, tienen relación directa con los grupos de poder regionales. En ese sentido ¿Cuál es la inconveniencia política de conocer el verdadero impacto ambiental que industrias como Caleras Beltrán producen en la zona, frente a la construcción de la nueva refinaría? ¿Qué se esconde detrás de los más de 10 mil millones de pesos programados para su construcción? ¿Cuántos escrúpulos caben en un negocio de esta naturaleza, antes de condenar a muerte a miles de personas?
Para responder estas preguntas, primero es indispensable conocer los informes detallados al respecto de la emisión de contaminantes que inundan la zona . Así mismo, su impacto en el medio y la población. Conocer, pues, si Atotonilco de Tula – y le región tolteca en general- es una zona que podría ser sujeta de atención de organismos nacionales e internacionales debido a su evidente alto grado de contaminación; si se incluye dentro de las zonas más contaminadas del mundo y, luego entonces, que las muertes que ahí han ocurrido a causa de la respiración de un ambiente “extremadamente malo”, obtengan justicia histórica, bajo la intervención de autoridades con injerencia en cada rubro normativo que Caleras Beltrán haya violentado. Todo esto, antes de festinar la cada vez más torcida compra de terrenos para la nueva refinería.
*Artículo publicado por el autor en la columna “Desde Abajo” del diario Milenio, el martes 5 de mayo
