A 72 años de la expropiación petrolera, PEMEX vuelve a ser saqueado por la aprobación de reformas que le permiten licitar a empresas extranjeras la exploración y explotación del recurso. El caso más cercano es el de Chicontepec, Veracruz. Ubicado en la periferia al corazón de las Huastecas, el proyecto es manejado por las estadounidenses Halliburton y Schulenberg, en una reserva que supone ser más grande que Cantarell, Campeche. La ambición del negocio es tan grande que ocho comunidades indígenas de los municipios de Huautla, Xochiatipan y Huejutla están amenazadas a razón de la instalación pozos y maquinaria topográfica. La resistencia de sus habitantes ha conllevado la permanente presencia de tropas del Ejército, junto al resurgimiento de grupos paramilitares. El acoso permanece desde el 2007 a la fecha. Paradójicamente, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha confirmado el fracaso operativo del proyecto por no cumplir metas de producción. Pero, parece no importar ni la soberanía, ni la vida, ni la historia. El petróleo mexicano es otra víctima de 10 años de panismo criminal.
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