. Hace un año, una niña indígena de catorce años salió de trabajar de la casa en donde laboraba como empleada doméstica. Era la noche del 28 de abril de 2009, en Cuautepec, Hidalgo
por Tania Meza Escorza / Desde Abajo
Pachuca, Hgo., México (Agencia Desde Abajo).– Hace un año, una niña indígena de catorce años salió de trabajar de la casa en donde laboraba como empleada doméstica. Era la noche del 28 de abril de 2009, en Cuautepec, Hidalgo. Se dirigió hacia su casa y al pasar por el mercado municipal, se encontró con su primo, quien bebía junto con otros tres jóvenes adentro de una zapatería.
Él la invitó a pasar, ella rehusó, pero él la introdujo de un jalón en el negocio que para esas horas ya no daba servicio al público. La puerta de la cortina del comerció se cerró y esa noche sólo volvió a abrirse dos veces más. La primera de ellas para que, vigilada por sus violadores, la niña saliera tambaleándose a orinar, y fuera regresada por la fuerza al interior del negocio. La segunda ocasión, para que dos de los cuatro hombres la llevaran en vilo a lo que ella creía que nuevamente era necesidad de orinar, pero que resultó ser la sensación de quien tiene la vagina y el ano brutalmente desgarrados.
La puerta de la cortina no volvió a abrirse hasta las seis de la mañana del día siguiente, cuando los violadores por fin decidieron que era suficiente y dejaron ir a la niña, luego de amenazarla para que no denunciara el hecho, bajo promesas de dañarla a ella y a su familia, así como de mostrar el video que le habían tomado durante la violación tumultuaria.
Hija de indígenas serranos que hace varios años migraron hacia Cuautepec, y que a lo largo de su vida han recibido toda clase de violencia, la niña hizo lo que hasta entonces estaba acostumbrada a hacer: cerrar la boca y obedecer, tal como mandata su condición de mujer, pobre e indígena.
Como la pequeña en ocasiones se quedaba a dormir en el lugar donde trabaja, a su familia no le extrañó que esa noche no hubiera llegado. Lo que sí les sorprendió fue la profunda depresión en que la menor cayó durante los siguientes días. Luego de varios intentos, sus padres por fin lograron conocer la verdad y respaldaron a su hija en todo momento, incluso cuando todo les era adverso.
Esta pequeña vive con sus progenitores y ocho de sus catorce hermanos en un chiquero. No es figura retórica (ojalá lo fuera), literalmente esta familia vive en un cuarto que antes era un chiquero. Cuando el propietario sacó a los puercos, la niña y sus familiares llegaron a vivir ahí.
En septiembre de 2009 nació su hermano más pequeño, un bebé que no alcanzó a que su madre llegara al hospital. Arribó a este mundo en un taxi que los vecinos se cooperaron para pagar. Del taxi al chiquero, este bebé ignora que se integró a una paupérrima familia en el momento en que su hermana de catorce años enfrentaba un durísimo proceso en busca de justicia, pero también desconoce que ha llegado a una familia muy digna, tanto, que viviendo en las condiciones de pobreza en que subsiste, rechazó cien mil pesos que los violadores ofrecieron a cambio de retirar la demanda.
– “Eres una puta”, “eres una mentirosa”, “¿por qué metes a los medios de comunicación en esto?”, “nada más quieres perjudicar a los muchachos”, “si no dejas de mentir, te voy a meter a la cárcel”, le dijo la psicóloga de la Procuraduría a esta niña. Cuando esta situación se hizo pública, el procurador al fin comprendió que la perspectiva de género debía aplicarse inmediatamente en su dependencia.
Aunque todavía no comprenden exactamente de qué se trata, en la Procuraduría han dado los primeros pasos en favor de las mujeres. Los casos de esta niña y el de otras menores que sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres, se agilizaron notoriamente y, con la participación del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM) se creó la Unidad de Género en el organismo encargado de la procuración de justicia.
El poder judicial tiene ahora en sus manos el desenlace de este caso, al menos en el aspecto legal. El área jurídica y de atención psicológica del IHM ha hecho un trabajo impecable y la Procuraduría ya consignó a los violadores. Ahora es el tribunal quien tiene en sus manos la oportunidad de hacer que esta niña indígena, a sus ya quince años, conozca algo más que la violencia.
A la Procuraduría le falta mucho en materia de género, pero ya empezó, lo cual no puede decirse de otras instancias gubernamentales.
El poder ejecutivo le ha fallado a una niña que, a los quince años, debe trabajar en vez de estudiar, más aún cuando ni siquiera está registrada y es analfabeta. El poder legislativo le debe a esta pequeña el todavía no haber aterrizado correctamente la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Hidalgo, la cual establece que la violencia institucional “son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”. Cualquier parecido con la actuación de las autoridades hidalguenses en el caso de esta niña, es mera casualidad.
