por Pablo Vargas González / Desde Abajo
En Hidalgo, hay muchas cosas por hacer; una cuestión pendiente es la historia local de la entidad y de sus regiones. Y de esta la historia política. Los hidalguenses carecemos de una identidad histórica común, alejada del partidarismo y del alineamiento fácil que implica la pérdida de objetividad acerca de los acontecimientos y actores sociales.
En la historia de la Revolución Mexicana y de su etapa posterior, el Constitucionalismo, se han abordado distintos temas, entre ellos el de la concentración de poder como un factor determinante en la reconstrucción de la vida política, sin embargo poco se ha analizado el papel que tuvieron los gobernadores dentro del esquema federalista de distribución de facultades en ese proceso centralizador. Dado el amplio espectro geográfico de México, sería importante valorar los acontecimientos de los ámbitos regionales siendo uno de ellos la sucesión de las gubernaturas, una pieza clave en la lenta institucionalización del poder.
En el estado de Hidalgo, tuvieron lugar, entre 1917 y 1925, dos elecciones de gobernador en los que se generaron las bases formativas y los lineamientos del poder político, que derivados de su estructura nacional adquirieron, por sus características y actores propios, perfiles y una fisonomía peculiar en el nivel local. En ellas se muestra que el asentamiento de la élite política local si bien fue determinada por los acontecimientos nacionales, también las condiciones y el entorno de la entidad producen variaciones que permiten detectar hechos de ruptura y continuidad de las relaciones entre los estados y la federación y el rol que jugaron las elecciones y el sufragio en la legitimidad del nuevo régimen.
No se puede perder de vista el peso del centralismo. La centralización del poder nacional sobre los poderes locales, que estableció mecanismos de relación únicos y verticales con las regiones y las entidades federativas, y despojó de significado al federalismo y a la autonomía naciente al subordinar a las entidades federativas y a los municipios dentro de la esfera de intereses del centro político nacional.
La primacía del presidencialismo hoy como ayer sigue siendo un factor desequilibrador; reafirmó la presencia del “hombre fuerte” en un ámbito constitucional, ante la dispersión de liderazgos y fragmentación de fuerzas políticas, concentrando en el ejecutivo atribuciones y competencias de otros poderes, y al mismo tiempo estableciendo alianzas con grupos de poder local, con los que se pactaron coaliciones de intereses mutuos. De ese modo surgieron cacicazgos y caciques locales y regionales.
Si bien la lucha faccional entre élites y grupos políticos se convirtió en uno de los medios privilegiados para acceder al poder y dirimir los conflictos, el establecimiento del sufragio universal masculino, bajo el influjo de la Constitución de 1917, trajeron nuevas condiciones de participación política, la paulatina intervención del electorado, el nacimiento de las maquinarias políticas precedente de los partidos, el gradual y controlado ejercicio de la ciudadanía, del “voto indirecto” al voto efectivo y secreto, fueron los ingredientes que muestran el tránsito de lo tradicional a lo moderno en el nuevo régimen.
Los partidos políticos, en este período, fueron coaliciones de intereses agrupados en torno a líderes y caudillos nacionales que se vertebraban con grupos de poder local, caudillos posrevolucionarios, caciques y políticos emergentes.
Así como en el nivel nacional, en el nivel local la institucionalización de la vida política quedó sujeta a los vaivenes y a las disputas internas del grupo triunfante del movimiento social revolucionario de 1910-1917. De ese modo los grandes cambios políticos, solo permitieron un lento y paulatino tránsito de formas tradicionales a la instrumentación del sufragio universal masculino, proceso en el que las elecciones, el voto y la participación política tuvieron otros significados; en un período todavía convulso y de gran movilización social, que fueron controlados por mecanismos de sujeción durante el siglo XX.
Una de las demandas ciudadanas actuales es reconstruir la historia política de Hidalgo, con la objetividad y la rigurosidad que implica generar proyectos de cambio social, con los antecedentes y la claridad del pasado para construir un futuro mejor. Escamotear la historia política es seguir privando a los hidalguenses de un proyecto integral de futuro.
