por Gabriel Pérez Osorio / Desde Abajo
Los pulmones se llenaron de humo, mientras gritaba y lloraba por el efervescente ardor en brazos y piernas, el humo negro se coló hasta lo más profundo de su cuerpo. En unos minutos, le faltó el aire, como cuando se está debajo del agua y no se puede respirar. La desesperación sustituyó al llanto, los gritos de dolor se ahogaron por falta de aire.
Ojalá que la terrorífica muerte de 49 (sí señor, casi cinco decenas. Cuatro equipos de futbol con su banca. Diez equipos de básquetbol. Cuarenta y nueve risas, llantitos, berrinches. Cuarenta y nueve almas de esperanza. Cuarenta y nueve. Más del doble de los que murieron en el Love Parade de Alemania. Cuarenta y nueve.) pequeñitos en la guardería ABC hubiera sido algo cercano a lo anterior. Debió ser mucho peor.
Más de un año después de ésta inimaginable y terrorífica tragedia, el Estado mexicano ¿qué ha hecho por estos pequeñitos? No por sus padres y deudos. Por ellos, por los chiquitos que murieron calcinados, quemados, ahogados en humo negro. ¿Qué ha hecho?
Así es: nada. Apostarle al tiempo, al olvido, a la resignación. Apostarle a uno o muchos nuevos escándalos, al futbol, al béisbol, a lo que sea para que la sociedad mexicana se olvide por completo de esos niños.
Más de un año después, el Estado mexicano ha sido incapaz, ya no digamos de encarcelar a los responsables directos e indirectos o de ajustar cuentas entre los titulares de las dependencias encargadas de evitar que eso sucediera. No. Ni siquiera ha sido capaz de garantizar que la tragedia de la guardería ABC no vuelva a ocurrir. El Estado mexicano nos tiene garantizado, en cambio, que nuestros hijos pueden morir, en cualquier momento, calcinados en el interior de una bodega a la que le llaman: guardería.
El Estado mexicano ha fracasado.
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Dieciocho minutos después, Fulanito de tal (perfectamente identificado para el caso) logró cambiar la contraseña que necesitaba. Sí, tuvo que pasar dieciocho minutos al teléfono para lograrlo.
Perenganita, por su parte, abrió una cuenta y solicitó que se le diera una tarjeta con un imposible: su nombre grabado. “Le llegará por correo”, le dijeron. Un mes y medio después, y muchos corajes (y filas de dos horas en el banco, como no), Perenganita ya tiene su tarjeta. Claro, sin su nombre. Es una “provisional” que le dieron en la sucursal.
Mientras, digamos, Enka, intentaba comprar sus enseres en el súper. Tiene su tarjeta de debito de un banco estadounidense que, por supuesto, no está firmada por detrás. ¿Por qué no está firmada? Porque en Estados Unidos, Canadá, buena parte de Europa y el resto del mundo, las transacciones bancarias con tarjeta son autorizadas por el usuario a través de un NIP que teclea directamente en la terminal que le proporciona el comercio en cuestión al momento de pagar.
Eso, por supuesto, ha disminuido los robos, los secuestros, los asaltos y, hágame usted el favor, las reclamaciones y reembolsos de los bancos. En México, por supuesto, no existe una autoridad (o una Ley, para el caso) que le exija a las instituciones financieras que den un servicio rápido, eficaz y barato a los usuarios. Tampoco nadie le exige a los comercios que cambie sus terminales por unas que se usan en el llamado “primer mundo” desde hace, namás, por lo menos 12 años.
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Mientras camina piensa en el menú de mañana: ¿hígado encebollado o caldo de pollo?
De pronto, a lo lejos se escucha el estruendo de un arma de fuego, de muchas armas de fuego. “Son AK47 o R15”. La costumbre ya hizo expertos en metralletas a los ciudadanos. No queda de otra, a buscar refugio, las balas van a seguir saltando.
Un comando de hombres armados ha abierto fuego en una Quinta. Mataron a 17. Luego de realizar su fechoría, los criminales regresan a su hogar: el penal. ¿El penal? Sí, leyó usted bien: el penal.
Los sicarios salían recurrentemente del Centro de Readaptación Social, en Durango, y con armas que les prestaban, ¡cómo no!, los custodios del propio Cereso, se dedicaban a cumplir las órdenes: matar, matar y matar.
Como consecuencia de la masacre y las investigaciones de las autoridades, se destituye a la directora del penal. Los reos se amotinan y protestan: exigen la restitución de la directora. Matan a puñaladas a una custodia
Es un guión que no se les pudo ocurrir ni a Guy Ritchie, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez juntos en una noche de LSD. Pero ocurrió en la realidad de Gómez Palacio, en Durango, estado de la República mexicana.
La respuesta del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, de acuerdo con un cable de la agencia del Estado mexicano, Notimex, recogida por el portal de Internet de Milenio, es contundente: “Lo que advertimos en este caso de Gómez Palacio es que no se ha hecho un trabajo como se está comprometido para que se lleven a cabo estas evaluaciones”.
¡No, no, no, no, imbécil! El Estado mexicano es incapaz siquiera de tener a sus presos ¡dentro de la cárcel!
El Estado mexicano ha fracasado.
Y mientras este Estado mexicano se desmorona, las discusiones de la “inteligenzza” mexicana se replican: “El jefe Diego, el destape de Andrés Manuel López Obrador, el destape de (hágame usted el vergonzoso favor) de Carlos Navarrete, la discusión de la Ley quién sabe qué en Arizona”.
Se discute el vacío porque la realidad es demasiado despiadada.
Lo dicho: el Estado mexicano ha fracasado.
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