por Otilia G. Sánchez Castillo / Desde Abajo
Como comentaba en semanas anteriores, aún hay mucho que comentar con relación a las recientes elecciones en Hidalgo. Un aspecto importante que resaltar es el alto porcentaje de abstencionismo, el cual supera el 50{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} en las elecciones a las diputaciones y a la gubernatura, desde hace varias décadas.
El comportamiento electoral no es homogéneo. En las recientes elecciones para las diputaciones locales, por ejemplo, los distritos electorales que superaron el 50{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd} de votación fueron: Tenango de Doria (50.18{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}), San Agustín Metzquititlán (58.27{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}), Huejutla (58.63{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}), Jacala (60.52{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}), y Molango (64.1{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}). Y los más bajos fueron: Tepeji del Río (38.09{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}), y Tizayuca (38.52{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}). Estos datos sin duda ameritan una investigación más profunda que permita conocer cuáles son los factores que influyen para que exista una mayor proporción de votantes, y cuáles son los factores que obstaculizan que la gente acuda a votar.
De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, IEEH, la elección realizada en el 2002, para las diputaciones locales ha sido la que ha obtenido el menor porcentaje de votación, 35.57{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}, en el periodo de 1993 a la fecha. En el caso de las elecciones para la gubernatura, la de 1993 ha sido la de menor porcentaje de votación, 39.58{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}, en ese mismo periodo. En las elecciones recién realizadas el porcentaje de votación para las diputaciones locales fue de 47.75{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}, y para la gubernatura de 47.89{9e1ff1bee482479b0e6a5b7d2dbfa2de64375fcf440968ef30dd3faadb220ffd}.
El presupuesto asignado al IEEH para la actividad electoral de este año fue de $217,975,232.23. Para los partidos políticos se les asignó $31,358,052.18 para la elección de las diputaciones locales y otros $31,358,052.18 para la elección a la gubernatura. En total, para las elecciones en Hidalgo se asignó un presupuesto de $280,691,336.59, aparte de lo asignado a los partidos políticos registrados a quienes, para sus actividades generales anuales, se les asignó un total de $31,358,052.18 para este 2010. Este dinero proviene de los recursos públicos, es decir, de nuestros impuestos, y todo para que el vencedor de esta contienda electoral continúe siendo el abstencionismo.
Si consideramos que hubo 877,917 votos para las diputaciones y 880,568 votos para la gubernatura, en ambas elecciones hubo un total de 1,758,485 votos, por lo que, considerando el presupuesto para las elecciones, cada voto nos costó $159.00, lo cual desde mi particular punto de vista es mucho dinero.
Ahora bien, si todas las 1,846,575 personas que estamos inscritas en el padrón electoral votáramos, el total de votos de ambas elecciones, diputaciones y gubernatura, serían 3,693,150 votos, por lo que el costo por voto se reduciría a $76.00.
Todo esto es con el fin de visibilizar que el ejercicio de nuestro derecho ciudadano de votar y ser votado, tiene un costo económico importante, independientemente del costo político ya que, en el caso de éste último, el dejar en manos de unas cuantas personas la toma de decisiones, finalmente repercute en nuestra vida diaria, personal, familiar y social.
Entiendo la desconfianza en las instituciones y en los partidos políticos, sin embargo, es nuestro deber participar activamente para impulsar un cambio que permita hacer cumplir los principios rectores de legalidad certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deben prevalecer en la función del estado de organizar las elecciones.
