. En un comunicado, Cencos, como organización de la sociedad civil, no acepta el discurso gubernamental de los daños colaterales y de las descalificaciones a periodistas y medios de comunicación antes de que se investiguen las agresiones.
México D.F., 22 de septiembre de 2010 (DESDEABAJO).- Las agresiones a la libertad de expresión en México este año han alcanzado una dimensión que no imaginamos; y seguramente, por lo que se ve en el horizonte, seguirá preocupándonos y ocupándonos a diversos sectores en la sociedad civil, al gremio periodístico y a los dueños de los medios de comunicación antes de que el gobierno mexicano responda, declaró en un comunicado el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
En él, Cencos manifiesta que si bien estos años desde organizaciones civiles y de periodistas tanto nacionales como internacionales, hemos desarrollado un trabajo permanente para visibilizar y enfrentar el problema, no hemos sido escuchados. Hemos ido reconociendo las características de la violencia en cada una de las zonas del país, los tipos de agresiones o el perfil de los agredidos, también hemos acompañado casos en los que hemos visto que no hay resultado alguno en las investigaciones. El elemento común es la impunidad y con ello la repetición. Esto nos ha generado una mayor afectación a la sociedad mexicana, que empezamos a estar desinformados como consecuencia de la falta de una cobertura informativa adecuada.
Entre las nuevas características del problema que tenemos enfrente destaca, en un primer momento, la falta de acceso a la información para el registro de las agresiones; hace algunos años nos preocupaban las cifras y la metodología para recoger información, ahora preocupa cómo poder alcanzar a registrar datos sobre los casos. Es claro que si bien existe disparidad en los números que analizamos las organizaciones civiles, las autoridades no han podido dar un informe público sobre la problemática, exceptuando el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, que no necesariamente cuenta con una metodología para ello. El registro y la documentación es una piedra fundamental para entender qué está pasando y cómo atender el problema y dar protección a las víctimas.
En segundo lugar, la forma violenta en que se dan las agresiones nos exige a quienes trabajamos el tema a cambiar estrategias y formas de acercarnos al problema ya que no necesariamente visibilizar los hechos ayuda a proteger a las víctimas. En ese sentido, esto todavía no está claro para instancias como la CNDH, la Procuraduría General de la República PGR o la Secretaría de Seguridad Pública Federal como lo demuestra el caso de los camarógrafos secuestrados en Torreón, Coahuila, el pasado mes de julio.
En tercer lugar, destacan la zonas de silencio que existen en el país, en las que ciertos temas (narcotráfico, corrupción, violaciones a los derechos humanos) ya no son abordables en el debate público. Las respuestas de las autoridades han sido esencialmente llamados en los que piden a los medios y periodistas cubrir de otra manera el problema y basarse en fuentes gubernamentales para ello.
La organización apunta que ha observado cómo los diversos medios empiezan por un lado a abordar el problema de manera más contundente pero, al mismo tiempo, a tomar posición los unos frente a los otros. Destacan las posiciones dispares reflejadas en las líneas editoriales de medios agredidos como El Diario en Ciudad Juárez, Chihuahua y Noroeste, de Sinaloa, o Milenio y Televisa en el ámbito nacional. Cada medio lo vive de manera diferente y asume una posición en función de sus propias necesidades e intereses.
«Este nuevo contexto nos abre nuevas preguntas y retos: ¿Por qué todo el trabajo que hemos hechos en la materia no ha parado las agresiones? ¿Cuántos informes, denuncias de las agresiones o visitas de organismos internacionales necesitamos para demostrar que el problema esta tocando fondo? ¿A quiénes y a cuántos tienen que matar, desaparecer o agredir para que exista una respuesta de los gobernantes?»
En Cencos, como organización de la sociedad civil, no se acepta el discurso gubernamental de los daños colaterales y de las descalificaciones a periodistas y medios de comunicación antes de que se investiguen las agresiones. «Ambas sentencias de funcionarios e instituciones de gobierno sin duda sólo demuestran la falta de entendimiento ante la dimensión del problema y la permanente y estructural violación a la libertad de expresión que se da en nuestro país.»
Desde Cencos, aún en este contexto, se hace un llamado urgente, a cumplir al Estado mexicano en el marco del informe preliminar de las Relatorías de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH el pasado 24 de agosto, la construcción de un mecanismo de protección para periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, en el cual participe las instancias de gobierno, organizaciones civiles, periodistas y defensores de derechos humanos, con el único objetivo de prevenir y proteger. «Los que hemos monitoreado, registrado y documentado el problema sabemos que a cada muerte o desaparición, le antecedió una amenaza… aún se pueden salvar vidas.»
Centro Nacional de Comunicación Social
