. En el 40 aniversario luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, presentamos el siguiente mensaje que iba a ser deliberado el 20 de noviembre de 1970, por el propio ex Presidente, pero falleció el 19 de octubre anterior. Su hijo Cuauhtémoc lo presentó en el Monumento a la Revolución el 19 de octubre de 1971, en el primer aniversario de la muerte de su padre.
A los revolucionarios de México
Noviembre 20, 1970.
Sesenta años nos separan desde que se inició la Revolución y ha transcurrido casi media siglo del pacífico esfuerzo constructivo.
La evolución política y el progreso material, los avances sociales y educativos como fruto de la Revolución iniciada por Madero, interrumpida por Huerta y continuada por Zapata y Carranza, están presentes en la vigencia de las instituciones democráticas, en un mejor nivel de vida y cultura y un cambio positivo en la mentalidad del pueblo, capaz hoy de alcanzar metas de mayores proyecciones.
La no-reelección, fruto de la experiencia histórica, ha contribuido a liberar a la ciudadanía de la inercia que produce el continuismo y, en general, cada gobierno ha podido ejercer una acción administrativa de perfiles propios que, aunque no exenta de errores y contradicciones, ha tenido efectos más favorables para el país que la permanencia indefinida de personas en los órganos del poder público y que la reiteración de métodos de gobierno, que suelen hacer que aquel pierda el pulso de la evolución de la sociedad y cobra inevitables síntomas de rigidez.
Es necesario, a mi juicio, completar la no-reelección en los cargos de elección popular con la efectividad del sufragio, pues la ausencia relativa de este postulado mina los saludables efectos del otro; además, debilita en su base el proceso democrático, propicia continuismos de grupo, engendra privilegios, desmoraliza a la ciudadanía y anquilosa la vida de los partidos.
En efecto, una perenne soledad en los triunfos electorales basados en la unilateralidad obligada del sufragio o en los obstáculos que encuentran los contrarios para ejercerlo y hacerlo respetar, deja de ser saludable, más aún si aquellas victorias son resultantes de una política de partido que incorpora a sectores con intereses antagónicos bajo una falsa amplitud conceptual de los objetivos de la Revolución Mexicana, pues esa política no aglutina ni fortalece la acción de las masas partidarias, sino margina a éstas de la militancia y de su participación entusiasta en las lides electorales.
La relativa invalidez del sufragio, también ha hecho que se asigne a los demás partidos de disímiles posturas un papel complementario y dependiente que se traduce en adhesiones electorales al partido en el poder o en sedicentes luchas de matices ideológicos entre todas las agrupaciones políticos reconocidas y que, en extraña unanimidad, proclaman sostener los principios de la Revolución Mexicana.
Esta situación abate el espíritu cívico de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes que, en vez de una lucha de principios e intereses encontrados, encuentran en paradójica unión partidaria a explotadores y explotados, a revolucionarios y reaccionarios; y entre los partidos sólo hallan una contienda propiamente convencional.
Quizá en el empeño de fortalecer la unidad nacional se ha permitido la presencia de elementos extraños a la Revolución en las propias filas del partido. Considero que ello ha estorbado para consolidar los logros y acelerar la marcha de la Revolución.
Valdría meditar y determinar si la flexibilidad que se ha tenido, hasta culminar con la aceptación de esos elementos, habrá ayudado a consolidar los logros y acelerar la marcha de la Revolución…
En algunos periodos del régimen de la Revolución se han impartido facilidades para la organización de nuevas agrupaciones políticos y se ha permitido la existencia legal, abierta, aun a las ideologías más extremas, en la confianza de que el régimen de la Revolución gozaba del apoyo de las mayorías y de que cumpliendo las reivindicaciones sociales de la propia Revolución se fortalecería aún más el régimen. Asimismo, se cuidó durante esos períodos que la vida política del partido del mismo régimen transcurriera en la práctica de la democracia interna.
Existen nuevos grupos y ciudadanos dispersos deseosos de canalizar sus inquietudes en las luchas cívicas, los que tienen pleno derecho a acogerse a los mandatos constitucionales para organizarse, lo que enriquecería la vida política y la discusión ideológica entre los mexicanos y contribuiría a fortalecer al régimen, cuya solidez en la conciencia pública estriba en el cumplimiento estricto que se haga de la Carta Magna y en las medidas que a su amparo se dicten en favor de las capas mayoritarias del país; en la defensa de la soberanía ante cualquier acechanza extranjera; de la capacidad del gobierno para aprovechar los recursos naturales en beneficio de la nación y conducir la economía por los senderos de la independencia económica.
La autonomía política del país descansa en su plena independencia económica.
Para llegar a obtener ésta cabalmente, habría que examinar objetivamente la situación en que se encuentran las finanzas y, en general, la economía del país, y disponer de las armas para reiniciar su defensa con insobornable criterio nacionalista, resistiendo las presiones externas y, asimismo, las internas que se han venido ejerciendo por aquellos sectores que tienen la mente fija en las ganancias particulares, generalmente ya ligados o permeables a la influencia de intereses extranjeros, especialmente norteamericanos. Desafortunadamente, la obsecuencia hacia éstos no tan sólo proviene de elementos de la iniciativa privada sino también del sector público, que olvidan los intereses permanentes de la nación al escoger el camino del enriquecimiento ilícito y al poner su inteligencia y su poder a disposición del capital extranjero.
La política tendiente a obtener cuantiosos créditos y préstamos del exterior, en la confianza excesiva de nuestra capacidad de pago por el desarrollo que promueven, tendría también que considerar la pesada carga que esa política hace incidir sobre la economía del pueblo; el hecho de que condiciona y acentúa la malsana unilateralidad del comercio exterior y mina las bases del desarrollo independiente; que impone al país una obligada paciencia ante mal disimuladas represalias económicas y ruinosas situaciones que determinan intereses ajenos en zonas agrícolas; y, en ciertas ocasiones, la política referida hace que se cierna un ominoso silencio ante actos violatorios de la soberanía e indebidas presiones politicas y económicas que el imperialismo ejerce sobre México.
Considero que de sostener el monto y el ritmo del endeudamiento externo que hace más de dos décadas se practican, se otorgaría innecesariamente un arma que perpetúa la dependencia, y, en cuanto a sus efectos, la historia de México es muy elocuente…
A pesar de las advertencias nacionalistas de una opinión pública alerta, sigue presente la indiscriminada penetración de capitales norteamericanos en la industria, el comercio, las actividades relacionadas con el turismo y otros renglonés de la economía y los servicios, penetración que se realiza con el respaldo de una banca también subordinada a instituciones internacionales que, a su vez, representan a los principales inversionistas norteamericanos que aqui operan, completando de esta manera el círculo vicioso que descapitaliza al país…
Hay que hacer la salvedad de que los préstamos y créditos europeos y asiáticos no revisten peligrosidad porque están lejos de establecer hegemonía y, ayudando al desarrollo del país, no lesionan su soberanía como ha sucedido en varias instancias con la desmedida afluencia de capital norteamericano.
Más grave aún que la penetración de capital norteamericano, si cabe, es la inevitable consecuencia de que para consolidar su posición extiende su influencia, como la mala hierba, hasta los centros e instituciones de cultura superior, pugnando por orientar en su servicio la enseñanza y la investigación; y, asimismo, se introduce en las empresas que manejan los medios de información y comunicación, infiltrando ideas y normas de conducta tendientes a desnaturalizar la mentalidad, la idiosincrasía, los gustos y las costumbres nacionales y a convertir a los mexicanos en fáciles presas de la filosofía y las ambiciones del imperialismo norteamericano.
México, sin duda, tiene grandes reservas morales, para defender sus recursos humanos y naturales, y es tiempo ya de emplearlas para cuidar en verdad que el país se desenvuelva con su propio esfuerzo.
Fieles intérpretes de esas reservas son la letra y el espíritu del articulo 27 constitucional promulgado en 1917, y el sano y auténtico nacionalismo con que los mexicanos respaldan su dinámico contenido, que faculta a la nación a regular el aprovechamiento de la riqueza, velar por su conservación, procurar su distribución justa y renovar y transformar pacíficamente las estructuras en desuso.
En efecto, en su esencia y definición como fuerza integrante de la nacionalidad, la Revolución y sus leyes primigenias promovieron un profundo e imprescindible cambio implantando la redistribución de la propiedad territorial, haciendo a los mexicanos más dueños de su propio suelo y, con el dominio directo de la nación sobre sus recursos, ésta afirmó su autonomía proyectándola hacia el futuro al ir sumando a su patrimonio y manejo las industrias básicas necesarias para el desarrollo independiente del país.
Por lo tanto, bastaría cumplir empeñosamente los preceptos de la Constitución para proteger el patrimonio del país y establecer una política de franca cooperación externa diversificada y en el respeto y provecho recíprocos, mas vigilando que los financiarnientos y las inversiones foráneas encuentren cauce y taxativas adecuados para que su proporción y su campo de acción sean determinados legalmente, para que asi actúen en forma efectivamente complementaria en la economía mexicana, y que las aportaciones técnicas, cientificas y culturales obren en provecho del país.
La concentración de la riqueza no es, por cierto, una meta de la Revolución Mexicana, y, sin embargo, es necesario reconocer que es un fenómeno en proceso ascendente.
Esto obedece, en lo que se refiere al campo, a un nuevo acaparamiento de la tierra, del agua y el crédito en manos de modernos terratenientes y llamados pequeños propietarios. En efecto, estimulados por las reformas contrarrevolucionarias introducidas en la Constitución y las leyes agrarias en el año de 1946, que ampliaron las dimensiones de la llamada pequeña propiedad agrícola y que otorgaron inafectabilidades improcedentes junto con el recurso de amparo que aprovechan los que más tierra tienen, los propietarios favorecidos se han dedicado a comprar o alquilar fraudulentamente terrenos ejidales, auténticas pequeñas propiedades y minifundios, extendiendo el sistema capitalista de explotación rural, con mano de obra ejidataria o de trabajadores aleatorios, y creando con ello un nuevo proletariado del campo que vive en el desamparo, sin la protección de las leyes del trabajo, pues ni siquiera está organizado en sindicatos como los que existían cuando se empezó a aplicar la Reforma Agraria.
Esta vertiginosa reversíón hacia un neolatifundismo opera contra la organización y la consolidación del sistema ejidal, y, naturalmente, de los objetivos básicos, socioeconómicos, de la Reforma Agraria, pues ante el incentivo del lucro, los grandes y medianos agricultores, paradójicamente llamados pequeños propietarios, en un país de rápido incremento demográfico y crecientes necesidades agrarias, vuelven a concentrar la propiedad o el uso de la mejor tierra, y, disponiendo de los elementos técnicos y pecuniarios suficientes para trabajarlas óptimamente, se instituyen en rectores de la producción, de los precios y del mercado, con los consiguientes perjuicios para los ejidatarios y los auténticos pequeños propietarios…
El desequilibrio en el ingreso se debe lo mismo al abandono del espíritu agrarista en algunas leyes, como aprácticas ajenas a las disposiciones positivas que perviven; asimismo, a la falta de orientación, organización, enseñanza agrícola elemental, vigilancia, ayuda técnica y financiera que el régimen tiene el compromiso de proporcionar a quienes mayor derecho tienen a la protección social y económica del gobierno, puesto que los campesinos y los obreros agrícolas, además de ser los más necesitados, son los que en toda circunstancia trabajan y hacen producir la tierra, alimentan a la población y abastecen de materias primas a la industria doméstica y al comercio exterior mexicano…
En realidad las formas más eficientes de producción y organización del trabajo pueden ser aplicadas en los ejidos colectivos y estas unidades serían más productivas que los demás sistemas de tenencia si el Estado, además de atenderlas permanentemente como arriba se indica, comprendiera a fondo la importancia socioeconómica y agrícola del ejido colectivo y no lo abandonara a su suerte, sino facilitara su organización en toda instancia propicia o requerida por los campesinos, y exigiera estricta responsabilidad a los encargados de dirigir la técnica de los cultivos y a quienes manejan el crédito público, haciendo que el privado operara bajo disposiciones específicas del gobierno y con su estrecha vigitancia para evitar, en uno y otro caso, indebidas especulaciones y transgresiones a la ley…
En cuanto a la reducción de la llamada pequeña propiedad, si en efecto las tierras repartibles con la actual legislación se están agotando, posiblemente será porque las superficies que el articulo 27 vigente permite no pueden considerarse afectables, por lo que sería preciso, como lo han apuntado estudiosos del problema agrario, hacer reformas al mencionado artículo constitucional para reducir sustancialmente la extensión de la pequeña propiedad hoy amparada por las leyes, para poder dotar las tierras sobrantes a los núcleos de población que carecen de ellas, tomando asimismo en consideración a las nuevas generaciones del agro que no podrán ser absorbidas por las industries rurales y urbanas, por apresurado que sea su desarrollo en las próximas décadas.
Para seguir repartiendo tierras afectables que se amparan bajo simulaciones de pequeñas propiedades bastaría con la prueba de presunciones, cuyo antecedente legal se encuentra en las leyes de desamortización de 1856 y sus reformas. Siendo también pertinente la modificación de las leyes que posibilitan la existencia de latifundios familiares y otras formas de anómala concentración territorial.
Estas medidas y las que se tomen para abrir nuevas tierras al cultivo en amplias áreas disponibles y en las inmediaciones de los cauces de los ríos, no invalidan la necesidad de reducir la extensión de la pequeña propiedad a proporciones concordantes con el equilibrio armónico que debe establecerse en verdaderos pequeños propietarios, ejidatarios y minifundistas, los que hallarán en el ejido colectivo estímulo y protección para adoptar normas cooperativas, en vez de la competencia aniquilante de las medianas y grandes propiedades, cuyos dueños obran en forma objetivamente antagónica al ejido y a los auténticos agricultores en pequeño.
Para acometer estas reformas el régimen tiene en su haber un largo periodo de estabilidad, precisamente al influjo de la Reforma Agraria, por la distribución que se ha hecho de la tierra a numerosos campesinos, encendiendo una esperanza cierta en los que aún carecen de ella…
La administración pública de 1934-40, basándose en la ley y en el plan sexenal de gobierno, atendió el problema agrario en el criterio de que las unidades de explotación colectiva son clave para el desarrollo agrícola y el avance social de la población campesina, y en esta convicción se repartieron grandes latifundios, a fin de entregar con tierras en producción los demás elementos para la explotación agrícola-industrial de los ejidos y, también, para dejar establecida la ilegalidad de la existencia de los latifundios…
El retroceso y el relativo desorden prevalecientes en algunas de esas zonas (donde se dotaron ejidos colectivos) se deben a la falta de interés para impulsar el ejido colectivo. La consecuencia ha sido el innegable regreso, franco o subrepticio, de los terratenientes que, por la cuantía de los intereses que representan, se han podido posesionar otra vez de las tierras y las máquinas o influyen a través del crédito usurario en la producción y la comercialización de las cosechas, apropiándose de los rendimientos obtenidos con el esfuerzo de los campesinos…
La indiferencia y el burocratismo en que se han vista envueltas las cuestiones campesinas se definen con el olvido en que por largos años han caído las escuelas prácticas de agricultura destinadas a enseñar a los ejidatarios cómo cultivar y hacer más productiva la tierra, cuáles técnicas sencillas pueden utitizar, cómo mejorar sus instrumentos de trabajo y otras cuestiones elementales.
Otro hecho verdaderamente insólito es la inexistencia del servicio social para los alumnus de la Escuela de Agricultura de Chapingo, cuando la necesidad de consejo y ayuda que tienen los campesinos es tan apremiante…
Es difícil comprender también que la Escuela de Agricultura tienda a crear, casi exclusivamente, investigadores y técnicos de alto nivel, que por ese mismo hecho, quedan excluidos del medio rural.
La incomprensión o quizás el temor a la inconformidad que existe en varias regiones rurales producen la incongruencia de que en los cursos de ingeniería agronómica se excluya de manera absoluta la enseñanza y la información sobre los antecedentes del agrarismo en México y las leyes que la Revolución creó al respecto.
¿Es posible que la Reforma Agraria siga siendo ajena a los agrónomos, a la capacitación de los campesinos, a la utilización de los técnicos de la agricultura en el campo?
El problema rural es el más serio que registra el país y para resolverlo es preciso reconocer sus verdaderas dimensiones y romper audazmente los valladares que se oponen a la aplicación de la Reforma Agraria. Todavía habrá que cubrir la etapa de las dotaciones donde sea necesario, la de organización, financiamiento y desarrollo en innumerables instancias y la de su integralidad en las unidades ya preparadas, sabiendo de antemano que revalidar su contenido social, reestructurar y abrir nuevos horizontes al problema de la tierra, es un proceso largo pero que es urgente abordar de inmediato, pues de otra manera será cada día más agudo y, en ciertas regiones, puede tornarse explosivo.
Toda verdadera manifestación de democracia, ya sea en el orden político, social o cultural, se nutre en la democracia económica que produce un cambio profundo de las estructuras.
La acentuación de las diferencias sociales señala la lejanía de ese objetivo y es otro síntoma de que la riqueza se concentra con la correlativa depauperación de los trabajadores, y conturba la conciencia popular ante los evidentes efectos del grave y ascendente desequilibrio entre los factores de la producción, el que obstruye seriamente la ruta de la democracia económica.
Para citar solamente al sector que más fielmente refleja la exagerada concentración de la riqueza, cabe considerar que mientras la banca privada y sus grandes socios sigan ensanchando sus actividades e influyendo decisivamente sobre las más diversas ramas de la economía, sin cortapisa alguna ni cauce legal que permita al gobierno intervenir en la forma de canalizar los recursos bancarios en la producción y los servicios de mayor importancia y beneficio popular, el desarrollo económico del país estará a expensas de los grupos financieros y su poderosa periferia, los que han demostrado más de una vez carecer de todo sentido nacional y cuyos móviles son meramente lucrativos.
En el auge de las finanzas privadas, producto del desarrollo pero también de la especulación, se observan claras tendencias monopolistas y aunque la cuantía de sus recursos podría deslumbrar a quienes piensan que los banqueros y sus socios se dispondrán a invertir considerables sumas para impulsar un desarrollo rural y urbano equilibrado, hasta la fecha, las exhortaciones amistosas en tal sentido sólo han encontrado de parte de los sectores financieros y, en general, de la iniciativa privada, la búsqueda de nuevos campos de inversión de altos rendimientos o mayores precios para sus manufacturas y artículos comerciales, sin atender las razones de interés nacional y social que el gobierno aduce para que promuevan actividades productivas útiles a la colectividad o hagan un esfuerzo disminuyendo sus precios en beneficio del consumidor y acepten obtener rendimientos moderados, razonables…
Volviendo a las finanzas privadas, a los productores y comerciantes, la experiencia muestra que aprovechan el sistema de la libre empresa y sacan ventaja de una economía mixta alienada por prestanombres, lo que les permite acumular un poder económico de tal envergadura que, inexorablemente, llegan a ejercer considerable influencia sobre el poder público.
El gobierno posee instrumentos eficaces y legítimos para canalizar útilmente la riqueza acumulada y promover el progreso económico con justicia; para ello bastaría decretar una reforma fiscal profunda que hiciera recaer una proporción considerable del costo del desarrollo sobre los sectores adinerados, y nacionalizar la banca para encauzar los recursos que haya menester a la producción industrial, agropecuaria y forestal planificada, en el respeto a las leyes que protegen las riquezas naturales y las garantías y los derechos sociales, considerando las necesidades internas del país y de su población, asi como las de la exportación.
Por hoy, la fuerza que han adquirido los sectores patronales motiva que impunemente violen el espíritu de justicia de las leyes del trabajo y, en innumerables instancias, su propia letra, ya sea estableciendo un sistema de contratación temporal que exime a los patrones de numerosas responsabilidades; eludiendo incorporar a sus trabajadores al Seguro Social o en completo despreocupación por establecer los servicios médicos y escolares que la ley reclama para éstos y sus familiares; por las condiciones mínimas de higiene en los centros de trabajo y su resistencia a cumplir con los modestos alcances de la ley sobre el reparto de utilidades.
Estas y otras formas en que los patrones ignoran sus deberes se hacen más evidentes para los trabajadores, al sostener aquéllos la tesis de que sólo con el aumento de la productividad del trabajo se justificaría el aumento de los salarios y mejores prestaciones, tesis completamente falsa, ya que la productividad crece continuamente y los patrones jamás elevan espontánea y proporcionalmente a sus ganancias los salarios de los trabajadores.
En verdad, las diferentes capas de trabajadores urbanos, a pesar de que disfrutan de mejores ingresos y condiciones de vida que los campesinos, pasan por un proceso de depauperación por el alza continua y hasta hoy incontrolada de los precios de numerosos artículos de consumo y en especial los de primera necesidad, lo que provoca además un malestar general. Los efectos de endebles aumentos salariales se ven nulificados o aún agravada la situación de los trabajadores de ingresos fijos por un hecho que podría prevenirse por el camino de la ley y de su estricto cumplimiento, con el control de precios de artículos necesarios, pues dejar sin freno los actos socialmente delictuosos que producen la carestía de la vida, puede sumir a la inmensa mayoría de la población en una penuria que, además de totalmente injusta, puede convertirse en elemento de inestabilidad.
Los obreros han carecido de defensa gremial combativo y consecuente respecto a sus derechos de usufructuar una mayor parte de la riqueza que producen.
La inoperancia de los sindicatos como organizaciones de resistencia, debido en parte al abatimiento del ejercicio de la democracia interna, y, también, a la inacción de sus dirigentes, hace que ese sector de la sociedad se encuentre abandonado a la rutinaria revisión de sus contratos de trabajo, en un estado de conformismo compulsivo perjudicial a sus propios intereses. En peores condiciones aún se encuentran los trabajadores carentes de organización, pues en esos casos las leyes son regularmente violadas y aquéllos permanecen al arbitrio de los patrones en la determinación de sus salarios y sus condiciones de trabajo, sin las garantías y prestaciones que la ley determine.
Se podría argüir que no es responsabilidad del gobierno sino de los trabajadores, conquistar la democracia interna en los sindicatos y, en el caso de los no agrupados, que existen garantías para organizarse de acuerdo con la ley. Esto sería verdad en la medida que las condiciones de abatimiento social de los trabajadores dejaran de responder a indebidos privilegios de que disfrutan sus dirigentes para mantener en la inmovibilidad a las masas organizadas y al hecho de haber dejado en el desamparo a las que no están organizadas. Hay que considerar que la explotación patronal se ha recrudecido porque las organizaciones obreras han perdido su independencia y con ello, los demás trabajadores, todo estímulo.
Estas situaciones son por completo anormales en el régimen de la Revolución Mexicana, cuyo significado perdurable y más valedero reside en la reivindicación social y económica de las clases proletarias.
En Mexico valdría resolver las contradicciones entre el capital y el trabajo con un cambio estructural más profundo, que haga posible cumplir con la Constitución de laRepública, la que determine el dominio de la nación sobre los recursos naturales, que condiciona la propiedad privada a las modalidades que dicta el interés público y faculta al Estado a regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación particular, para cuidar su conservación y hacer una distribución justa de la riqueza, en vez de seguir acariciando la falsa perspectiva del inevitable transcurso del ciclo capitalista de desarrollo, pues la urgencia de realizer hondas transformaciones para alcanzar la justicia y la propia presencia del imperialismo que descapitaliza al país, no lo permiten.
La reforma educativa tiene que corresponder a las necesidades del desarrollo independiente y a las exigencias de una sociedad que sabe ya valorar el trabajo justamente compensado, la adquisición universal de la enseñanza y la salud en la solidaridad social como principales premisas para una fructífera convivencia.
Ante las previsibles circunstancias históricas que actualmente imperan, se instituyó hace treinta y cinco años la educación socialista en México bajo esos lineamientos. El camino entonces trazado hubiera hecho menos difícil el tránsito a un orden social que hoy se abre paso en media de violentas contradicciones.
¿Por qué no relacionar la preparación de la juventud con el desenvolvimiento económico y social del país, junta con la apertura de oportunidades de trabajo productivo y útil, lo mismo para los jóvenes técnicos y profesionales que para los que no tengan capacitación especializada, pues todos tienen la misma responsabilidad y los mismos derechos ante la nación, para hacer grande y justa a la patria mexicana?…
Para corresponder a un imperativo humano y social y a una necesidad absoluta para avanzar, es perentorio universalizar en la práctica la enseñanza primaria, aun cuando fuese menester allegarse los elementos necesarios de fuentes privadas de todos los niveles sociales, con aportaciones sustanciales de quienes más tienen, a fin de que la educación pública elemental llegue a todos los rincones del país, sin descuidar las zonas en que niños y padres indígenas claman por tener escuela y con ella esperanza de redención.
Los pueblos indígenas que habitan en distintos lugares de la República, a pesar de la diversidad del medio en que viven y de las características que los distinguen, tienen todos en común su estado de atraso y abandono y la explotación de que son objeto.
Después de treinta años puede repetirse, sin variaciones, lo que se dijo de los indígenas y su condición, pues a pesar de algunos esfuerzos esporádicos hechos en su favor, la situación que guardan sigue siendo muy deprimente.
En el año de 1940, al inaugurarse el Primer Congreso Indigenista Interamericano, entre otros aspectos de la situación de la población indígena se manifestó:
Mexico tiene entre sus primeras exigencias, la atención del problema indígena, y, al efecto, el plan a desarrollar comprende la intensificación de las tareas emprendidas para la restitución o dotación de sus tierras, bosques y aguas; crédito y maquinaria para los cultivos, obras de irrigación; lucha contra las enfermedades endémicas y las condiciones de insalubridad; combate a los vicios, principalmente al de la embriaguez; impulse a los deportes; fomento de las industrias nativas, acción educativa extendida a los adultos en una cruzada de alfabetización, de conocimientos básicos para mejorar los rudimentarios sistemas de producción…
No es exacto que el indígena sea refractario a su mejoramiento, ni indiferente al progreso. Si frecuentemente no exteriorize su alegría ni su pena, ocultando como una esfinge el secreto de sus emociones, es que está acostumbrado al olvido en que se le ha tenido; cultiva campos que no compensan su esfuerzo; mueve telares que no lo visten; construye obras que no mejoran sus condiciones de vida; derroca dictaduras para que nuevos explotadores se sucedan y, como para él sólo es realidad la miseria y la opresión, asume una actitud de aparente indiferencia y de justificada desconfianza.
La fórmula de «incorporar al indio a la civilización», tiene todavía restos de los viejos sistemas que trataban de ocultar la desigualdad de hecho. […] Lo que se debe sostener es la incorporación de la cultura universal al indio, es decir, el desarrollo pleno de todas las potencias y facultades naturales de la raza, el mejoramiento de sus condiciones de vida agregando a sus recursos de subsistencia y de trabajo todos los implementos de la técnica, de la ciencia y del arte universales, pero siempre sobre la base de la personalidad racial y el respeto de su conciencia y de su entidad. El programa de emancipación del indio es en esencia el de la emancipación del proletario de cualquier país, pero sin olvidar las condiciones especiales de su clima, de sus antecedentes y de sus necesidades reales y palpitantes. Para mejorar la situación de las clases indígenas, se pueden trazar los lineamientos de una campaña que debe ser realizada por una serie de generaciones y un conjunto de gobiernos que estén inspirados por una finalidad común.
Referírse a los indígenas es, también, remitir la imaginación a los bosques, a ese inmenso bien con que la naturaleza dotó a México, tan irracionalmente explotado ante la indiferencia casi general y cuyos verdaderos dueños, junta con los trabajadores forestales, son tan mal retribuidos.
En materia forestal considero que, constituyendo ese recurso un bien nacional y cuya conservación es de interés público, debiera coresponder al Estado la extracción y la comercialización de la madera a través de un organismo nacional, descentralizado, para cuidar que los bosques se exploten racionalmente, proteger los derechos de sus dueños y otorgar las garantías de ley a los trabajadores; asimismo, para repoblar los bosques en mayor magnitud que su aprovechamiento, cuando menos duplicando el número de árboles restituidos, como se ha hecho durante muchos años y se sigue hacienda en Canadá y otros países. Así, se defienden los suelos de la erosión, se preserva el régimen de las lluvias, se multiplica el aprovechamiento de las obras hidroeléctricas y se conserva una de las riquezas renovables más grandes que tiene el país, con las múltiples ventajas que para la población y las nuevas generaciones significa el contar con amplias áreas boscosas.
Pocas circunstancias tan propicias para hacer una crítica constructiva de la trayectoria que ha seguido la Revolución Mexicana y un severo juicio sobre la situación existente, pues las transgresiones a sus nobles objetivos están llegando al límite en la conciencia popular en los momentos precisos en que nuevas generaciones desean conducir al país hacia una nueva etapa revolucionaria, pacífica pero dinámica, para impartir justicia y abolir privilegios.
Medio siglo de experiencia ha hecho obvio que la ley suprema de la República, la Constitución, pueda esgrimirse con distinto espíritu, no tanto por su interpretación subjetiva como por los intereses que se hacen representar en el poder con mayor fuerza. Y es inútil ignorar que de tiempo atrás los intereses conservadores han adquirido señalada influencia debido a la aceptación tácita de la tesis, falsa por incompleta, de que para repartir la riqueza hay que producirla primero con la afluencia de recursos financieros, sin considerar que quienes extraen y transforman la riqueza han dado origen e incrementado con su trabajo tales recursos.
Con la tesis antedicha se han seguido otorgando máximas facilidades a los inversionistas nacionales y extranjeros, sin oponer al criterio empresarial de la mayor ganancia la necesidad de que los trabajadores compartan en justa proporción los beneficios y obtengan las prestaciones que la ley señala.
Con la política de unidad nacional sin distingos sociales, de liberalismo económico, de colaboración de clases y la irrestricta penetración de capital foráneo se puede prolongar la idea, más aparente que real, de que se vive una etapa de desarrollo con justicia y paz sociales. Mas la propia mecánica con que operan las fuerzas económicas está demostrando que, sin correctivos, esa política produce la concentración de la riqueza, mediatizando el sentido y la vigencia de las leyes revolucionarias.
En México, a diferencia de los demás países de América Latina, las repercusiones de una revolución popular que reestructuró las bases de la economía y modificó las relaciones de clase, aún subsisten, y las mejorías logradas mantienen una estabilidad que, sin embargo, de no encontrar el régimen pronto solución a los ingentes problemas de las masas rurales y urbanas, tarde o temprano el país se verá arrastrado por la vorágine de una lucha entre las clases necesitadas y la que disfruta del poder económico, como viene sucediendo en el continente entero.
Paralelas, las luchas de emancipación nacional y de la juventud, unidas en el tiempo, tienen ya también proporciones universales.
En América, la primera abarca desde el Canadá hasta la Patagonia. Ningún pueblo, ni aun el propio norteamericano, son ajenos al fenómeno del imperialismo, que depaupera a los países bajo su influencia y que aplica una política de agresividad múltiple cuando asi conviene a sus egoístas intereses.
La independencia económica es un objetivo que ha rebasado prejuicios y limitaciones de estadistas y sectores medios latinoamericanos que hoy se disponen, en mayor cercanía a las masas, a organizar una resistencia nacionalista ante el comprobado espejismo de lograr un verdadero desarrollo en la dependencia, cuando en realidad sólo deja la descomposición nacional y miseria entre las grandes mayorías nativas.
Es bien cierto que la juventud estudiosa y trabajadora requiere capacitación para integrarse a la sociedad en que viva, pero habrá que tener presente que su problema es también de conciencia y que, si llega a manifestarlo en actos de desesperación, es por su violenta inconformidad con un mundo en que conviven, impunemente, la opulencia y los privilegios de unos cuantos con la ignorancia y el desamparo de muchos. Es natural que en la juventud se acentúe, en razón de su generosa disposición, una preocupación humana por la suerte de sus semejantes.
Por sus antecedentes históricos y la proyección de sus ideales, México se debe a la civilización universal que se gesta en media de grandes convulsiones, abriendo a la humanidad horizontes que se expresan en la fraterna decisión de los pueblos de detener las guerras de conquista y exterminio, de terminar con la angustia del hambre, la ignorancia y las enfermedades; de conjurar el uso deshumanizado de los logros científicos y tecnológicos, y de cambiar la sociedad que han legitimado la desigualdad y la injusticia.
Fuente:
http://www.biblioteca.tv/
