por Pablo Vargas González
Días antes de que saliera a la luz la corrupción en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Presidente Calderón y el director de esta institución declararon que el IMSS, estaba a punto de la quiebra. Esto ha sido un sueño dorado que vienen acariciando los gobiernos neoliberales desde 1982 al 2010 (De la Madrid, Salinas de Gortari, Zedillo Fox y Calderón). Solo la denuncia, la indignación y la movilización popular han detenido una privatización total de los servicios de salud y de seguridad social en México.
Desde 1982, cada gobierno federal ha dado golpes de muerte a lo que representa la institución más emblemática surgida de la revolución mexicana, de dar calidad y universalidad al derecho a la salud y de la seguridad social (jubilaciones y pensiones).
La corrupción que se dio a conocer por altos funcionarios del IMSS que pedían una “comisión” para poder dar “facilidades” a las empresas para obtener licitaciones millonarias, con el presupuesto público, solo es la “punta del iceberg” de todo un proceso para desmantelar, debilitar y liquidar al IMSS, para poder privatizar los servicios de salud y que los trabajadores y obreros paguen, en alto costo estos servicios. Ejemplos de Chile y Colombia son acariciados por los empresarios y políticos neoliberales para quienes “el gobierno no funciona”. Y si, desde dentro de las instituciones funcionarios rapaces vienen socavando empresas de gran importancia para los mexicanos.
Quien no recuerda como se desmanteló aquí en Hidalgo empresas históricas, en los años ochenta, como la Compañía Real del Monte y Pachuca, las empresas automotrices y siderúrgicas de Ciudad Sahagún, como DINA, Carros de Ferrocarril (CNCF). Y Actualmente tienen una misma mano, los golpes contra la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y Mexicana de Aviación donde se han transgredido leyes y normas básicas. El objetivo primero es declararlas en quiebra, una vez que han sido saqueadas, para iniciar su liquidación legal y poder nuevamente “venderlas” a capitalistas privados.
Son ciertos los manejos de corrupción gubernamental, pero todo se hace en colusión con el sector privado. Esa simbiosis nefasta que marca la forma de gobierno orientado a beneficiar a los ricos. En realidad nunca les ha interesado la transparencia ni mucho menos la rendición de cuentas. Recientemente hay dos embestidas en contra de los derechos a la salud de los mexicanos.
Por una parte, en julio de 2010 se hizo público que el IMSS, con Daniel Karam al frente, promovió un pleito judicial contra el ordenamiento legal que fija el límite superior de las pensiones por vejez, muerte, cesantía en edad avanzada e invalidez de los trabajadores que cotizan bajo el régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, y lo ganó: la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió mutilar (de 25 a 10 salarios mínimos) tal límite, con lo que alrededor de un millón 200 mil mexicanos próximos a su jubilación fueron asaltados por la SCJN y por la institución del Estado mexicano encargada, por ley, de proteger los derechos de –entre otros– los jubilados y pensionados del país (La Jornada, 11 de noviembre).
Por otra la aun iniciativa “Ley Simi”, apoyada en la Cámara de diputados, por el PRI, el PVEM y PAN para aprobar las reformas al artículo 91 de la Ley del Seguro Social, que permitirán al IMSS entregar vales para compra de medicina en farmacias particulares a los derechohabientes. Se aprobarse en el Senado favorecerá a intereses privados sobre todo del tío del líder del PVEM, todo un gran negociazo en contra de los intereses de los mexicanos.
Todo esto se ha hecho desde dentro de las instituciones públicas, en lugar de generar eficiencia, eficacia e innovación hacia adelante, los políticos neoliberales han destrozado y saqueado las instituciones. También lo han hecho en PEMEX pero la fortaleza y aun riqueza, junto con la oposición de las masas populares han impedido el saqueo y depredación total.
El IMSS surgió como una institución generada como resultado de la Revolución mexicana para cristalizar los derechos para la clase trabajadora y hacer efectivo el derecho a la salud y la seguridad social. Es responsabilidad de todos, a 100 años de revolución, defender las instituciones sociales, inclusive en contra de políticos ignorantes y rapaces. Solo la oposición social podrá detener el saqueo de estas instituciones construidas para favorecer a los mexicanos.