El PRI en Hidalgo pagó fuertes cantidades de dinero a periodistas para acallar cualquier voz posible de publicar en contra de su candidato al Gobierno, Francisco Olvera; con mayor razón lo hizo para eliminar toda presencia de su opositora, Xóchitl Gálvez, en periódicos y medios electrónicos. Coaccionó al Sistema público de Radio y Televisión, para los mismos fines, con un plus: violando el reglamento federal en la materia dispuesto por la Secretaría de Gobernación, sobre la pluralidad y responsabilidad con la que se habrá de hacer uso periodístico de un bien de la nación. Aún más, fue en contra de sus propias normas que le dieron creación. A las y los conductores de noticias les canceló la posibilidad de entrevistar a la oposición según su propio criterio editorial, llegando a desplazarla en 19 a 1 en cobertura, según el monitoreo de Alianza Cívica AC. Mientras se transmitía un espot propagandístico de Xóchitl Gálvez, los noticiarios supuestamente públicos se encargaban de “informar” sobre la campaña del aspirante priísta a la gubernatura y sus acompañantes al Congreso local mediante notas, entrevistas y comentarios en absoluto detrimento de la equidad en cuanto a exposición electoral en medios.
Operó para persuadir a columnistas a desistir de sus críticas al régimen, mediante la compra directa de voluntades. Amenazó a reporteros y reporteras con quitarles el trabajo y negoció con sus patrones la renovación de los llamados “Convenios en apoyo a la información”, que no son otro cosa que la corrupción de la libertad de prensa, en beneficio de los intereses electorales del gobernador: el pago de publicidad y dictado de lo que se habrá de decir y no, durante una campaña o todo un año de Gobierno, que durante la campaña estaba en juego, según el comportamiento de las empresas mediáticas y su disposición a colaborar con el proyecto tricolor.
Así, Xóchitl Gálvez sólo tuvo acceso a los medios estatales mediante el pago de inserciones o, de plano, recurriendo a un notario público que diera fe de la violación a sus derechos políticos. Sólo algunos medios nacionales le dieron apertura, mientras otros entraron en el paquete de negociación del PRI, el mismo de Beatriz Paredes quien clamara por el derecho de disentimiento cuando MVS canceló el noticiario de Carmen Aristegui.
No obstante lo anterior, el TEPJF no encontró elementos para castigar la inequidad en medios. El sistema funciona.
Twitter: @albertobuitre
