Personal del Hospital General de Tulancingo de Bravo, perteneciente a la Secretaría de Salud de ese Estado, proporcionó inadecuada atención médica a una mujer con 24 semanas de embarazo, ya que al inducirle un parto prematuro dieron por muerto al producto, una niña que aún estaba viva, detalló el organismo sobre los hechos ocurridos el 31 de julio de 2010.
Ciudad de México (REFORMA).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno de Hidalgo para que indemnice y repare los daños a la madre de la bebé que fue rescatada de un ataúd con vida el año pasado y que posteriormente falleció. Asimismo, pidió se le otorgue tratamiento médico así como psicológico, necesario para restablecer su salud física y emocional.
Personal del Hospital General de Tulancingo de Bravo, perteneciente a la Secretaría de Salud de ese Estado, proporcionó inadecuada atención médica a una mujer con 24 semanas de embarazo, ya que al inducirle un parto prematuro dieron por muerto al producto, una niña que aún estaba viva, detalló el organismo sobre los hechos ocurridos el 31 de julio de 2010.
«Médicos del servicio de Ginecología dictaminaron interrumpir el embarazo debido a la ruptura de membranas de la madre; más tarde se le practicó un ultrasonido que reportó que el producto estaba vivo y con buen ritmo cardiaco. Finalmente realizaron el parto y sin haber valorado a la niña, certificaron su muerte», señaló.
La madre, refirió, se percató que la bebé trataba de respirar por la boca y lo manifestó al personal médico, el cual le indicó que había nacido muerta y sin haber comprobado el fallecimiento fue enviada al servicio de Patología, donde permaneció alrededor de 11 horas en condiciones de temperatura muy baja.
«El hospital entregó el cuerpo a los familiares, quienes al destapar la caja para conocerla escucharon el llanto de la menor, por lo que le retiraron los algodones que tenía en la boca y la trasladaron al Hospital General de Pachuca, donde llegó con un cuadro de hipotermia severa», añadió la CNDH.
La bebé finalmente falleció por asfixia perinatal consecutiva e inmadurez orgánica cardiopulmonar y prematurez.
Según la CNDH, esta circunstancia pudo evitarse si se hubiera valorado adecuadamente y brindado la atención especializada que requería al momento de su nacimiento por parte de un pediatra que emitiera un diagnóstico correcto sobre su estado de salud.
«Luego de investigar el caso, la Comisión Nacional contó con elementos para acreditar violaciones al derecho a la protección a la salud de la mujer y al derecho a la vida en agravio de la menor, atribuibles a personal médico del Hospital General de Tulancingo de Bravo, Hidalgo», indicó.
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