por Pablo Vargas González / DESDE ABAJO
En 2009 que tuvimos la oportunidad de presentar un libro colectivo (“Hidalgo. Violencia social y de género. La memoria contra el olvido”, Indesol/Acaderh) ante diferentes tipo de audiencias, sobresalieron cuestionamientos sobre las propuestas que hacemos desde la perspectiva de derechos humanos para frenar la violencia generalizada en Hidalgo y el país.
Uno de los temas polémicos es que proponemos que en Hidalgo se legisle en materia de feminicidios. Entre profesores y estudiantes de Derecho, en algunas instituciones de educación superior donde nos presentamos se sorprendieron y cuestionaron al respecto, no sin escandalizarse porque si proponíamos que se legislara sobre feminicidios, dijeron que también se hiciera con la figura de “homocidios”, es decir la muerte violenta de hombres. Se alertaron los estudiantes porque nosotros queríamos proponer una nueva figura en el “catalogo de derechos”.
Desde luego que no todos los sectores de la sociedad están suficientemente sensibilizados de los asesinatos de odio contra las mujeres. El feminicidio, no solo es la muerte de mujeres; estamos hablando de una figura existente en la realidad mexicana que aun no alcanza a regularse como un tipo penal, es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres simplemente por ser mujer, y es producto de la violación generalizada de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado.
Pese a los avances en materia de protección de los derechos de las mujeres, la ola de feminicidios va creciendo sin parar en México y en diferentes estados. Recordemos que el problema empezó a visibilizarse en Ciudad Juárez, Chihuahua donde se dejó crecer impunemente debido a que “no había una norma” que tipificará el asesinato de mujeres de modo violento. Ni las autoridades locales ni federales atinaron a ponerle un alto efectivo. Tan solo en 2010 se produjeron 306 feminicidios en esa ciudad, según la asociación “Justicia para nuestras hijas”.
Hoy el feminicidio en Ciudad Juárez es una vergüenza nacional e internacional y que no solo amenaza con crecer sino que ya se encuentra en diferentes entornos de nuestro país. Hay organizaciones que han hecho cálculos sobre el problema. La organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia asegura que en los últimos 18 años, 7 mil 765 mujeres han sido asesinadas. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó de enero del 2009 a junio de 2010, mil 728 feminicidios tan solo en 18 estados. Y solo son aproximaciones.
Por otra parte, hay entidades donde se ha generado una explosión del problema que amerita poner una atención especial por parte de las autoridades y poderes públicos. Todo este fenómeno de la violencia en contra mujeres ha ido en aumento en toda la república poniendo en primer lugar, según datos de 2010 al Estado de México con 273 homicidios calificados; Chihuahua con 218 asesinatos; 164 en el estado de Guerrero; Baja California con 153 y el Distrito Federal con 105 feminicidios, tomando en cuenta que no ha habido ninguna acción para erradicar la violencia contra las mujeres.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) exhortó a las autoridades mexicanas a instrumentar “una política de Estado para terminar con la violencia contra las mujeres y, particularmente, tipificar el feminicidio en todo el territorio como delito agravado e intolerable”.
En la Cámara de Diputados federal hay una iniciativa para definir el feminicidio como la privación de la vida de una mujer por razones de género e impedir que en las investigaciones del Ministerio Público se incorporen elementos de discriminación para descalificar la credibilidad de la víctima, como su forma de vestir, ocupación laboral, conducta sexual o relación y parentesco con el agresor.
En los estados de México y Veracruz tienen sendas iniciativas de ley para legislar contra los feminicidios. En Hidalgo el Congreso Local se apresta a hacer lo pertinente, sobre todo porque tan solo en menos de tres meses ya se contabilizan ocho feminicidios. En 2010 en Hidalgo hubo más de 25 feminicidios. La problemática es tan demandante y urgente que no puede esperar. Se deben de superar los prejuicios y legislar con una mente abierta hacia el futuro, con leyes y programas que frenen de manera tajante esta pandemia, que afecta a toda la sociedad.
