Por la mañana del viernes pasado, el dueño de la cadena de cines Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, escribió en su cuenta de twitter : “Ayer #PresuntoCulpable se convirtió en la película documental más vista en la historia de México, con 557,397 asistentes. Gracias x su apoyo”. Este lunes, la jueza que determinó la suspensión de la exhibición de la obra, Blanca Lobo Domínguez, emplazó a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación a “hacer todo lo necesario para suspender la exhibición del documental”. Y en tanto, Cinépolis permanece en su postura de seguirla exhibiendo mientras no haya determinación explícita por parte del Gobierno mexicano, cosechando los frutos financieros del conflicto mercadológico sin que nadie con autoridad ponga los puntos sobre las íes fundamentales: ¿En manos de quién está la justicia en México?
La polémica por la exposición de “Presunto Culpable” ha escalado al documental mismo. Lo que debía suscitar un debate nacional sobre el estado del sistema judicial mexicano , los casos de personas presas injustamente y la corrupción de jueces, abogados y ministerios públicos, ha trascendido al tema de libertad de información y derechos tanto de autores como de presuntas víctimas de daño moral, asunto tan socorrido en el México de periodistas vulnerables cuyos casos vuelven en lógica común que las obras mediáticas o culturales denunciantes de presuntas violaciones a la ley, irremediablemente terminen en los juzgados no por su contenido, sino por su publicidad.
Es el caso de Alfredo Rivera Flores y Eduardo Huchim, periodistas que documentaron y publicaron actos de corrupción e ilegalidad, el primer en el libro “La Sosa Nostra. Porrismo y Gobierno coludidos en Hidalgo” y el segundo por la cobertura periodística del daño patrimonial de 5.5 millones de pesos por la compra y remodelación del edificio sede del Tribunal Federal, son otros dos ejemplos de conflictos de debieron provocar en las autoridades una reacción investigativa sobre lo que los autores han hecho público y, sin embargo, han sido justamente los evidenciados los que se convierten en acusadores, criminalizando las obras al tiempo que tienden una cortina de humo sobre sus presuntos delitos alegando “daño moral”. De funcionar la lógica de justicia, podría añadírseles a éstos otro delito por el cinismo con el que tuercen el concepto de legalidad. Es ésta la Ironía de la justicia kafkiana en el país de la telecracia.
Twitter: @albertobuitre
