por Pablo Vargas González / DESDE ABAJO
Como en el caso de la educación, de la falta de maestros en el sector salud ya se llegó al colmo de la paciencia. En las tres grandes instituciones (IMSS, SS e ISSSTE) que dan el servicio de salud pública han sido cuestionados fuertemente por los ciudadanos por el desabasto de medicinas, lo que esconde un proceso real de privatización que se carga a los bolsillos de los mexicanos.
Durante enero y febrero de este año hizo crisis en Pachuca y otras ciudades de Hidalgo uno de los problemas que ya se había notado desde años atrás.
Todo empezó desde el 26 de octubre de 2010 en que la Cámara de Diputados aprobó la llamada “Ley Simi” en medio de cuestionamientos sobre la legalidad del proceso del dictamen que permitirá al IMSS entregar vales de medicinas a los usuarios cuando exista desabasto, lo que va encarecer el servicio de salud para la población.
Lo que implica esta Ley Simi, que en realidad fue una reforma a la Ley de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es que beneficiará a los grandes laboratorios farmacéuticos y se dará un paso atrás en la salud pública pues fue la entrada para legalizar la privatización de los servicios de salud. Dicha ley fue aprobada por el PRI, el PAN, y desde luego el representante de los intereses de la cadena de farmacias Simi, el PVEM.
Esta ley que solo era para las clínicas del IMSS, se ha transferido a las otras dos grandes instituciones de salud como son los cientos de hospitales de la Secretaría de Salud y del ISSSTE, consiste en que cuando no haya medicinas se den “vales pagados por la institución” para comprar en farmacias privadas. De hecho los pacientes en los tres grandes tipos de hospitales, tiene años que pagan sus medicinas.
Aunque los partidos que aprobaron la reforma plantearon que la entrega de vales sea de acuerdo con la suficiencia presupuestaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que se iban a poner “candados” para no beneficair a los laboratorios y farmacias, lo cierto es que hay un saqueo y se observa que esto ha redundado en pingues negocios y ganancias para los administradores de los hospitales y desde luego beneficiado al sector privado.
En el ISSSTE de Pachuca, durante las tres primeras semanas de febrero, se presentó de modo agudo el desabasto de medicinas, derecho habientes que provienen del sector gubernamental y educativo no pudieron organizar la protesta. El ISSSTE tuvo que generar “convenios” con laboratorios y farmacias para solventar las necesidades apremiantes del servicio de salud. Pero con la consecuencia de vaciar las arcas, generando un hueco al presupuesto público.
Dichos “convenios” tampoco funcionaron porque las farmacias no estaban preparadas para enfrentar una demanda de cientos de recetas. La dirección del ISSSTE informó que diariamente se surtían mil recetas en forma de “vales”, lo que llegó a colapsar la oferta de pequeñas farmacias privadas. Lo que sale a colación es el tremendo gasto innecesario para pagar con dinero público a farmacias y laboratorios privados que están hicieron “su agosto” en pleno febrero.
De esto es significativo que cuando se aprobó la Ley Simi, que favorece la privatización de la salud pública, los ciudadanos no nos hayamos percatado de que perjudicaría no solo las arcas públicas y el presupuesto de la nación, sino principalmente nuestros bolsillos con lo que se encarecerá los servicios principalmente a los trabajadores y sus familias. También salió a la luz la posible colusión de funcionarios de salud con el problema de desabasto.
Con lo que ha pasado en Pachuca es importante fijarnos a dónde va la salud y educación pública. Son asuntos tan importantes que no podemos dejárselos a los políticos.
