La lógica de compra-venta que promueven las televisoras con los servidores públicos de todos los partidos políticos, pone en muy alto riesgo la viabilidad de una contienda equitativa y apegada a derecho de los comicios federales a realizarse en 2012, por ello urge impedir promoción personal con cargo al erario, señaló la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), según informó el Grupo Fórmula.
México, DF (Grupo Fórmula).- En agosto del año pasado, Televisa y Televisión Azteca difundieron tres mil 528 spots pagados con recursos públicos, en los que el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, «informaba» a los mexiquenses, de viva voz, sobre su quinto Informe de actividades como servidor público, sin importar que esos promocionales se transmitieron fuera de los límites territoriales de la entidad donde gobierna.
Luego de la reforma electoral de 2007-2008, el párrafo octavo del artículo 134 constitucional impide cualquier tipo de propaganda con cargo al erario, en donde aparezca la voz, el nombre o la imagen de los servidores públicos.
Ante ello, no existe ninguna excepción a esta prohibición en la Constitución; sin embargo, el Congreso decidió incluir en el artículo 228 numeral 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), una posibilidad condicionada para que los servidores públicos puedan difundir en radio y televisión mensajes alusivos a sus informes anuales de gestión los días previos y posteriores a la presentación formal de dichos informes, siempre que esos mensajes no se difundan fuera de la entidad gobernada.
Ante ello, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) a través de un comunicado consideró que los partidos políticos que aprobaron la reforma electoral mencionada, han sido omisos en sus respectivas bancadas al no elaborar una legislación secundaria específica para acotar el abuso de la publicidad oficial y también al no realizar ajustes al Cofipe.
El comunicado firmado por Lic. Aleida Calleja, presidenta de la AMEDI dijo que en aras de establecer con precisión sanciones económicas innegociables y auténticamente disuasivas para casos en los que se presenten conductas violatorias del artículo 134 de la Constitución por parte de televisoras y servidores públicos.
«No sólo han sido irresponsables en esta materia, también se han beneficiado de esas omisiones burlándose de la reforma democrática que ellos mismos aprobaron en 2007», dijo.
Recordó que es público y notorio que Televisa y Televisión Azteca han vendido espacios en sus pantallas para difundir spots propagandísticos de «informes anuales», en los que aparece la imagen, la voz y el nombre de gobernadores fuera de la entidad que gobiernan.
El miércoles 25 de mayo, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) eximió de una multa por 16 millones de pesos a las televisoras que difundieron en cadena nacional, spots del gobernador del Estado de México que solamente estaban autorizados para transmitirse en esa entidad, violando deliberadamente la ley.
En un empate en las votaciones y en el esfuerzo por cumplir con una indicación del Tribunal Electoral, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, modificó su voto de manera repentina para no aplicar la multa.
Es evidente que la pretensión de un gobernador al pagar tiempos nacionales en radio y televisión es promoverse de cara a las próximas elecciones y, de paso, hipotecar recursos públicos millonarios a favor de las televisoras, en espera de recibir a cambio no sólo transmisiones ilegales de su imagen en entidades que no gobierna, sino también un trato informativo favorable por ser un cliente frecuente de las principales empresas de comunicación.
«Es preocupante e inaceptable que gobernadores de todos los signos partidarios hayan difundido y pagado miles de spots para publicitar sus informes anuales de gestión y que éstos hayan sido transmitidos a nivel nacional de forma impune», reiteró.
Así, desde 2008, hemos visto en las repetidoras de los canales concesionados a Televisa y TV Azteca, spots alusivos a los informes anuales de la ex gobernadora Amalia García, de los ex gobernadores Ulises Ruiz, Fidel Herrera, Mario Marín y Miguel Osorio Chong, además de spots nacionales de los gobernadores Emilio González Márquez y Enrique Peña Nieto.
Asimismo, poco antes del arranque formal de las campañas electorales que se celebraron en 2009, con el pretexto de difundir su «informe anual» de actividades, legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pagaron tiempos millonarios en radio y televisión «de su peculio», para inundar con spots a todo el país, los cuales incluso superaban el número de promocionales a los que tenía derecho ese partido en las campañas electorales de ese año.
Esos promocionales, con los que legisladores del partido aludido daban cuenta de un supuesto «informe anual» de labores en su calidad de servidores públicos, constituyeron una evidente campaña publicitaria que, por cierto, utilizaba contenidos casi idénticos a los que más tarde utilizó el propio PVEM en sus respectivos spots de campaña electoral, esos sí, con cargo a los tiempos oficiales distribuidos de forma equitativa y acorde a la ley.
La lógica de compra-venta que promueven las televisoras con los servidores públicos de todos los partidos políticos, y la difusión de propaganda de instituciones públicas para promover a funcionarios, legisladores y proyectos político-partidistas, a cuenta del erario en radio y televisión -en franca contradicción con los preceptos constitucionales-, pone en muy alto riesgo la viabilidad de una contienda equitativa y apegada a derecho de los comicios federales a realizarse en 2012.
«Por estas alarmantes irregularidades, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información hace un llamado enérgico, tanto al Congreso de la Unión como a las autoridades electorales, para que asuman su responsabilidad e impidan que el proceso de la elección presidencial en puerta, se caracterice por las argucias legaloides en la interpretación y cumplimiento de la norma, así como por las conductas inmorales con cargo al erario que hacen de la Constitución y de la ley, letra muerta», llamó.
Adicionalmente, El IFE -como organismo público, autónomo y ciudadano-debe imponer sanciones contundentes a favor de la legalidad y atender a la obligación moral de difundir ampliamente ante los ciudadanos, las amonestaciones a las que se hagan acreedores las empresas de televisión, los partidos políticos y los funcionarios públicos, en lugar de solo reducir éstas a intrascendentes amonestaciones.
