El H. Ayuntamiento de Zimapán, encabezado por José María Lozano Moreno, clausuró temporalmente las instalaciones del confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos, propiedad de la empresa española, Sistema de Desarrollo Sustentable, S.A. de C.V., esto después de comprobar que venía realizando algunas actividades sin contar con la licencia o autorizaciones correspondientes otorgados por la autoridad municipal.
Zimapán, Hidalgo (DESDE ABAJO).- . El H. Ayuntamiento de Zimapán, encabezado por José María Lozano Moreno, clausuró temporalmente las instalaciones del confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos, propiedad de la empresa española, Sistema de Desarrollo Sustentable, S.A. de C.V., esto después de comprobar que venía realizando algunas actividades sin contar con la licencia o autorizaciones correspondientes otorgados por la autoridad municipal.
Los sellos de clausura temporal fueron colocados en las puertas de acceso a la empresa y en cada una de sus áreas de la planta, ubicada en el ejido de San Antonio, en esta demarcación, por la síndico procurador, Nora Olivera Ramos y la regidora, Carmen Lozano Moreno, después de la inspección ocular que duró más de cinco horas.
En la diligencia oficial iniciada alrededor del medio día del pasado viernes 3 de julio, participaron también, los asesores externos del H. Ayuntamiento en este caso, Luis Miguel Correa Bugarin y Erika Correa Villa; el notario público Número Uno de Zimapán, Jaime Galindo Moreno, quién dio fe de los hechos; el Técnico muestreador en materia ecológica y protección Ambiental, Jorge Joel Navarrete Gutiérrez, y los directores de Seguridad pública, Protección Civil, Ecología y de Reglamentos del ayuntamiento Guillermo Tinoco Rosas, Ivan Guerrero Franco, Rocio González Alva y Olivia López Villagrán, respectivamente.
En la visita de verificación domiciliaria ordinaria, ordenada por el alcalde, José María Lozano Moreno, sobre el inmueble y la planta, fundamentada en el Artículo 16 párrafo decimosexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pudo constatar que la empresa viene operando sin contar con las licencias correspondientes expedidas por el H. Ayuntamiento violando, con esto, varias disposiciones legales de los ámbitos federales, estatales y municipales.
En el Acta de Visita de Verificación con número de expediente PMZ/VVDO/03/06/2011, de 18 hojas, en las que sustenta la acción del gobierno municipal se asentó que la autorización que expidió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no obligará en forma alguna a las autoridades locales a expedir las autorizaciones que correspondan al ámbito municipal.
De las pruebas halladas se encontró a cinco personas laborando, algunas de ellas con ropa de trabajo y dos vigilantes; en el laboratorio muestras químicas como evidencia; en las oficinas, computadores encendidas y artículos personales del personal en los escritorios; la planta de tratamiento de agua funcionando y residuos en los depósitos de agua como prueba del intenso trabajo que se lleva a cabo en esta área y en cuanto a la celda, aunque no se encontraron rastros de que se hallan depositados materiales tóxicos y peligros, sí rastros de las actividades que se han realizado en ese lugar.
Respecto a la acción de la autoridad, el asesor jurídico Luis Miguel Correa Bugarín adelantó que la empresa cuanta con cinco días para responder a la acción de la autoridad municipal y en caso de no hacerlo en ese plazo, el alcalde José María Lozano Moreno tendrá facultad de proceder a la clausura definitiva, con lo que se dará por concluido este conflicto de casi cinco años y que ha alterado la paz social de Zimapán.
Recuento
Como se recordará, en el mes de marzo del año pasado, el H. Ayuntamiento de Zimapán, presidido por José María Lozano Moreno, le canceló los permisos de operación a la empresa antes citada y filial del corporativo español Abengoa, otorgados ilegalmente por el priísta Eusebio Aguilar Franco en su calidad de presidente municipal, con los que la empresa no podía operar.
Vencido el plazo para que la empresa respondiera a la acción de la autoridad municipal, la sentencia causo estado, es decir, se considero caso cerrado, sin embargo la empresa solicitó un arbitraje al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones entre México y España, argumentando supuestos daños por un monto de 96 millones de dólares, ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo adscrito al Banco Mundial, en donde se encuentra actualmente este arbitraje, que defiende el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía.
