La ciudad de Tulancingo de Bravo, no ha dado una noticia sobre la agresión sexual contra una niña de escasamente diez años. No es la primera ocasión, esta ciudad tiene altos índices de violencia sexual y de género en los últimos años. Siendo sede del Obispado católico muy poco importa al defensa y los derechos de las niñas y mujeres.
Recientemente han salido noticias sobre que la violencia intrafamiliar ha crecido considerablemente en los últimos meses, pues en la última semana el albergue del Centro Especializado de Atención a la Violencia Familiar (CEAVIF) ha registrado un incremento de mujeres de entre 24 y 32 años.
Autoridades del municipio indicaron que los principales detonantes de la violencia son las adicciones de sus parejas, los celos, la situación económica por la que atraviesa el país, además de un retroceso cultural de hombres y mujeres.
En 2009 las organizaciones de derechos humanos denunciaron que Tulancingo, era considerada como foco rojo para la violencia que se ha generado. En ese año se dieron a conocer casos de violaciones a niñas en condiciones de total «crueldad». Uno de ellos sucedió el 28 de mayo, donde una niña de ocho años fue violada por un joven de 17 años, quien le sacó los ojos para evitar que lo reconociera.
En esta ocasión se repite un caso de horror. Como se describió en el Diario Ruta (escrita por Nathalí González), una niña en Tulancingo ha sido víctima de varias violaciones, ocurrida el 9 de septiembre de 2011, la menor salió de su casa, como lo refiere su progenitora a continuación: “Mi hija estaba en una huerta, yo venía con ella, pero se quedó a cortar elotes con su hermano, yo me adelanté y ellos se quedaron, a la casa llegaron solitos, mi hija venía sangrando y me dijo que un señor la había cortado, no paraba de llorar, y una vecina llamó a la Cruz Roja”.
Como ha pasado en otras ocasiones el violador es “conocido” y goza de total impunidad, gracias a que no hay un respeto pleno a los derechos de las mujeres. Y a la incapacidad de las autoridades de persecución y administración de la justicia. “Con apenas 10 años de edad, fue sometida por un ultrajador que no sólo la violó, sino también cortó, con un cuchillo en su parte íntima. Actualmente el individuo goza de libertad”.
Autoridades municipales y estatales no han dirigido ninguna acción efectiva para la persecución de este delito. La madre de la niña narró que trasladaron a la niña un viernes en la noche al Hospital de Pachuca, estuvo hospitalizada sábado, domingo, lunes, y para el martes ya estaba en su casa. Pero nadie tomó cartas en el asunto, a pesar de que es un delito que se persigue de oficio.
La familia de la niña violada es de escasos recursos, la madre de 29 años de edad, “habla y escucha a sus hijos quienes descalzos entran y salen de una vivienda que rentan, de piso de tierra y techo de lámina, no disponen de luz. Llegaron a vivir ahí desde hace un año. Tienen seis hijos, dos de los cuales van a la escuela. Para llegar a esta casa hay que recorrer un camino alejado donde no hay transporte”.
El caso de esta menor es una muestra de cómo opera la violación a los derechos de los niños, que desde antes de que ocurriera este lamentable hecho, había un total abandono o negligencia por parte de los padres en satisfacer las necesidades básicas de sus hijos en cuanto actuar debidamente para salvaguardar la salud, seguridad, educación y bienestar de sus hijos. Una niña que en lugar de ir a cortar elotes debió estar en la escuela.
Han pasado más de veinte días y la madre describe de una manera lejana e impotente la situación actual de su hija: “Ya están bien, ya come y juega, y si nos han apoyado, El DIF de Tulancingo nos dio despensas, y un poquito de dinero”. Tampoco el nuevo Instituto Hidalguense de la Mujer, hace algo, estará ocupado en la siguiente campaña electoral.
Mientras los políticos y funcionarios religiosos se encuentran defendiendo “la vida desde la concepción” un principio por demás retardatario, cuando están ocurriendo en todo el país violaciones graves y severas en contra de niñas y mujeres. Es hora de trabajar en beneficio de los derechos universales, y atender de inmediato los casos como el de Tulancingo.