por Otilia G. Sánchez Castillo
La verdad estoy sorprendida, sin embargo creo que la sorpresa mayor fue la que se llevó Enrique Peña Nieto, exgobernador del estado de México y actual candidato a la Presidencia de la República por la Coalición Compromiso por México, en su visita a la Universidad Iberoamericana el pasado viernes.
Desde que llegó a esa universidad fue recibido con abucheos, gritos de rechazo y de protesta por parte del estudiantado. Él mismo reconoció al inicio de su intervención que “podrán estar algunos de acuerdo o no, y quienes no lo estén, espero, aunque sea un poco poderlos convencer”. El clímax llegó al final, cuando ya se había dado por terminado el evento y él decidió contestar el cuestionamiento reiterado sobre Atenco, reconociendo que, palabras textuales: “tomé la decisión de emplear la fuerza pública para restablecer el orden y la paz… reitero fue una acción determinada, que asumo personalmente, para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública, como además, debo decirlo, fue validado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Esta declaración desató el rechazo y la indignación tanto de las y los estudiantes que se encontraban dentro del auditorio en donde se realizó la asistencia de Peña Nieto al Foro el Buen Ciudadano Ibero, como de quienes veían su transmisión en vivo afuera del auditorio, quienes de asesino no lo bajaron, recordándoles que “Atenco no se olvida”. Ante la magnitud de las manifestaciones verbales en su contra Peña Nieto se vio prácticamente obligado a huir de las instalaciones universitarias.
De verdad qué bueno que la población tenga memoria histórica, sobre todo las y los estudiantes como el pasado viernes lo demostraron, ya que sólo así podremos evitar repetir los errores del pasado. Para quienes no tienen esta memoria les recuerdo que, siendo Enrique Peña Nieto gobernador del Estado de México y Vicente Fox Quesada Presidente de nuestro país, “en mayo de 2006, policías estatales y federales instrumentaron un operativo policíaco plagado de violaciones a los derechos humanos cometidas indiscriminadamente en contra de integrantes de un movimiento social, simpatizantes de dicho movimiento y pobladores de la localidad, que en muchos de los casos no tenían ninguna vinculación con el movimiento social Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, fueron violados en sus derechos de propiedad privada al haberse presentado cateos ilegales y daño de sus propiedades. Doscientas once personas fueron detenidas arbitrariamente (sin orden de aprehensión), todas fueron torturadas y/o maltratadas. Dos personas perdieron la vida, entre ellos un menor de edad. De las personas detenidas 47 fueron mujeres, quienes además de ser víctimas de la mayoría de las violaciones de derechos humanos mencionadas anteriormente, fueron torturadas a través de la violación sexual y otras formas de violencia sexual como tocamientos, insultos y amenazas de violación”, como está documentado en el informe presentado de forma conjunta ante el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, por parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), organización no gubernamental con estatus consultivo especial y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” A.C. (Centro Prodh), organización no gubernamental con estatus consultivo Roster.
Las víctimas de estas violaciones a sus derechos humanos “presentaron múltiples quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual realizó una investigación y emitió una recomendación dirigida al Secretario de Seguridad Pública Federal, al Gobernador del Estado de México y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación también investigó estos hechos y en febrero de 2009 determinó que hubo graves violaciones a los derechos humanos, de las cuales eran responsables mandos medios y bajos policíacos”, por lo que de ninguna manera validó el uso de la fuerza pública, como aseveró Peña Nieto en la Ibero. Aún más, el 30 de junio de 2010, el máximo tribunal amparó a 12 quejosos relacionados con los hechos, quienes estaban acusados por el delito de secuestro equiparado, y ordenó su inmediata liberación, como fue el caso de Ignacio Medina Valle dirigente del Frente en Defensa de la Tierra quien había sido sentenciado en el 2007 a 67 años y seis meses de cárcel. “La Suprema Corte llegó a la conclusión de que en los procesos penales llevados a cabo en contra de los quejosos se otorgó valor probatorio a pruebas ilícitas y que se les acusó de delitos que no habían cometido.”
Por estas violaciones a los derechos humanos el Estado mexicano ha recibido diversas recomendaciones de parte de organismos internacionales como son el Comité contra la Tortura y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas.
Indudablemente que tanto el caso de Atenco como los feminicidios que durante el sexenio de Peña Nieto se incrementaron en el estado que gobernó y cuyas cifras ha tratado de maquillar, son dos asuntos fundamentales que la ciudadanía debe tomar en consideración para definir su voto en las próximas elecciones presidenciales.
